Archivo Noticioso

Suspicacia en el liderato comunal

2006-10-31T14:33:00.000-08:00

Por Myrna Vázquez / Presidenta de la Junta Comunitaria de Las Carolinas para El Nuevo Día

Reiteran rechazo a la descentralización pese a expresiones de Acevedo Vilá

San Germán - Líderes de varias comunidades especiales reaccionaron con recelo ante las manifestaciones del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, quien indicó que el Programa de Comunidades Especiales no será municipalizado.

Ante la propuesta de descentralizar el gobierno, contenida en el Plan de Desarrollo Económico y Transformación de Gobierno para Puerto Rico, los líderes, a pesar de las expresiones del Gobernador, aún cuestionan cómo exactamente se afectarán las comunidades especiales.

Coincidieron en que las expresiones de Acevedo Vilá, quien señaló el viernes que “no hay ningún cambio en la política pública de cómo administrar el Programa de Comunidades Especiales”, no satisfacen las interrogantes planteadas públicamente por los líderes.

Según Acevedo Vilá, en el esfuerzo de agilizar la obra pública en estos sectores, la encomienda de construirla podría caer en manos de los alcaldes.

“¿Cuándo es que los proyectos marchan y logran completarse de la manera más adecuada? Cuando la comunidad está integrada y toma control de la fiscalización del proyecto. Los alcaldes no quieren que la comunidad esté integrada porque así pierden parte del control que ellos tienen”, dijo Wilfredo López, de la comunidad Sonadora en Aguas Buenas.

El pasado jueves, líderes comunitarios de las regiones de Mayagüez-Aguadilla y San Germán se reunieron en el Centro Comunal de la Comunidad Especial Trastalleres, donde resolvieron rechazar la llamada “descentralización” de este programa gubernamental.

“Estoy en total desacuerdo con que se municipalicen las Comunidades Especiales porque significaría que un proyecto de justicia social se politice”, expresó Pedro Martínez, vecino de Río Arriba, en Añasco, una de las 26 nuevas comunidades especiales designadas durante este cuatrienio.

Los líderes exigieron a Acevedo Vilá que ponga en práctica el compromiso contraído con el liderato y reafirmado el pasado jueves 19 de octubre, cuando aseguró apoyar la política pública que emana de la Ley 1 del 1 de marzo de 2001, que creó el Programa de Comunidades Especiales.

“La pasada semana el Gobernador reafirmó su apoyo a las Comunidades Especiales, la municipalización va en contradicción a lo señalado por el Primer Mandatario del País”, expresó Edwin Serrano, de La Tea, en San Germán.

De igual modo, los líderes exigieron que se cumpla el compromiso firmado el 6 de octubre de 2004 por Acevedo Vilá, entonces candidato a la gobernación, de “promover y propiciar que los líderes de las Comunidades Especiales participen en la toma de decisiones en cuanto a la planificación y ejecución de cualquier plan que los afecte directa o indirectamente”.

Los líderes expresaron su indignación ante lo que consideran que es un nuevo intento de menoscabar y lacerar los principios que fundamentan la Ley 1.

A la reunión del jueves asistieron miembros de las juntas comunitarias de Dulces Labios, Central Igualdad, Salud, Rosario, Corcovada, Río Arriba, Trastalleres, Caguabo, Colacho, La Tea, Sabana Eneas, Las Carolinas y Toro Negro.

Objetan plan de municipalizar servicios a las comunidades

2006-10-31T14:26:00.000-08:00

Por Gladys Nieves Ramírez para El Nuevo Dia

Residentes de sectores pobres del oeste piquetearon contra esta intención

Mayagüez - Rosa Miriam Santiago lleva más de diez años pidiéndole ayuda al municipio de Mayagüez para arreglar su casa, ya que dice que vive en “condiciones bien infrahumanas”.

Hasta la fecha no había tenido suerte, pero con el programa de Comunidades Especiales, su casa de madera en Dulces Labios será reconstruida, dijo.

Por eso decidió participar ayer en el piquete que realizaron líderes de unas 20 comunidades especiales de Añasco, Cabo Rojo, Mayagüez, Rincón y San Germán frente a la Fortaleza del Oeste en Mayagüez. El propósito de la manifestación fue protestar por la supuesta intención del gobierno de municipalizar el programa de Comunidades Especiales.

Los manifestantes dijeron que los alcaldes usarán los fondos del Fideicomiso de Comunidades Especiales para hacer política y adelantar sus intereses. Añadieron que desmantelarán el proceso de apoderamiento de las comunidades que se está llevando a cabo a través de las juntas comunitarias.

El pasado viernes el gobernador Aníbal Acevedo Vilá aseguró que no tiene intención de municipalizar el programa y recalcó que lo que persigue el Plan de Desarrollo Económico y Transformación del Gobierno para Puerto Rico es descentralizar las operaciones para agilizar los proyectos.

“No podemos descansar en esas manifestaciones que hizo el Gobernador porque hay unos intereses de algunos alcaldes que quieren coger esos fondos para politizar todo el proceso y todo el trabajo que hemos realizado se va a perder. Los municipios van a coger a su gente para hacer el trabajo”, señaló Orlando Serrano Valle, del barrio Salud en Mayagüez. “Si esto pasa al municipio, nos quedaríamos sin nada”, declaró la mayagüezana Angie Rodríguez, del barrio Dulces Labios.

Miguel Santana, del Retiro en San Germán, enfatizó que lo más importante del programa no son los proyectos de construcción y mejoras, sino el desarrollo de líderes en todos los barrios. “Se está levantando una revolución en las comunidades que va a hacer un nuevo Puerto Rico. Ahora mismo hay un apoderamiento de los residentes,” dijo Santana.

“Ellos mismos se están encargando de limpiar las comunidades, apoderarse de sus centros comunales, levantar micro empresas. La calidad de vida está mejorando y no queremos que eso se pierda”, planteó.

La directora de la Fortaleza del Oeste, Lourdes Ríos, atendió a los manifestantes y prometió gestionar una reunión con el secretario de la Gobernación, Jorge Silva Puras.

Comunidades de Guaynabo luchan contra el desalojo

2006-06-29T06:18:00.000-07:00

Perla Franco CLARIDAD

Con la intención de despojar a las comunidades pobres de sus terrenos, - muchos de ellos valiosos para los desarrollista por su ubicación-, la pasada semana se bajó por descargue una medida en el Senado, aprobada hace un año atrás de la Cámara de Representantes (P. de la C. 911) que cambiaría la ley 232 de marzo de 2001 o Ley de Desarrollo de las Comunidades Especiales que impide a los municipios desalojar a sus residentes sin el consentimiento del 75 por ciento de ellos y sin el aval de la Legislatura.

El pasado jueves el Senado aprobó la medida que eliminaría ambos requisitos de la ley 232. Cuando los residentes de varias comunidades especiales se enteraron se dieron cita frente al Capitolio para solicitar a los senadores que reconsideraran la aprobación. Luego de un intenso cabildeo lograron que ese cuerpo aprobara retirar la medida. La recomendación de reconsideración fue llevada ante el pleno de ese cuerpo por el senador Antonio Fas Alzamora, quien había votado a favor de ella el jueves, y secundada por el también senador Cirilo Tirado. Otros 15 senadores apoyaron el pedido. Fue así como la medida fue devuelta a la Comisión. Aun así los residentes de comunidades especiales no se confían en que no se intente impulsar en la próxima sección legislativa en agosto. Ante esa posibilidad, dijeron, se mantendrán alertas.

Lo curioso del proyecto, detrimental para las comunidades, es que se alegó que las presiones para aprobarla vinieron principalmente del alcalde de Guaynabo Héctor O’Neill, quien tiene interés en los terrenos de las comunidades de Los Filtros y Mainé. Sin embargo, el proyecto original provino del Gobernador y se dice que fue traído a consideración del Senado como parte de un acuerdo para que a cambio de su aprobación se confirmara sin obstáculos al representante Carlos Vizcarrondo a juez del Tribunal de Apelaciones.

CLARIDAD conversó con los líderes de estas dos comunidades, Jorge Oyola, de la Comunidad de Los Filtros y Aníbal Cruz, de Mainé, quienes explicaron la amenaza que se cierne sobre ellos.

Los Filtros

La comunidad de Los Filtros en Guaynabo lleva unos 90 años de establecida, explicó Aníbal Oyola. “Actualmente residen en el lugar unas 90 familias de unas 129 que éramos en total”, añadió. Esa área la componen 12 cuerdas ubicadas en el centro de las urbanizaciones más caras de ese pueblo. Cercanos se están desarrollando edificios de apartamentos cuyos costos fluctúan en los $800 mil dólares. Las intenciones de desalojar a sus residentes datan del año 2002. Para entonces, el Alcalde negaba las intenciones de desahucio que posteriormente reconoció con planes para un proyecto en el área.

Desde entonces, los residentes de Los Filtros comenzaron a organizarse, fueron declarados comunidad especial tras esfuerzos de su junta comunitaria. Además, comenzaron a orientarse sobre sus derechos ciudadanos con la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, quien actualmente los representa. También impulsaron que la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico les diseñara unos planos de desarrollo basado en las necesidades de sus residentes. En agosto de 2004 la lucha de éstos y otros residentes de comunidades especiales logró la aprobación de la ley 232 que actualmente los cobija pero que tanto el poder ejecutivo como el legislativo actuando en contubernio han tratado de desalojarlos.

Aunque en varias ocasiones la junta de residentes ha presentado los planos públicamente y ha escrito cartas al Alcalde manifestándole sus interés de reunirse con él, el Alcalde se ha negado y ha dicho que estaría dispuesto a reunirse con los arquitectos pero no con la comunidad. Pero tampoco esto ha sucedido. Los residentes han dejado claro que no se oponen a mejorar la comunidad, lo que exigen es que se les respete sus derechos como ciudadanos y como comunidad organizada. Pero “él (alcalde) prefiere poner en bandeja de plata a los desarrollistas esos terrenos que son costosísimos”, señaló Oyola.

Mainé

Mainé es otra comunidad de Guaynabo con más de 70 años de existencia que ya siente sobre sus hombros los efectos de la expropiación por parte del municipio, según detalló Aníbal Cruz. De unas 45 familias que eran originalmente, ya sólo quedan 15. El descuido hacia la infraestructura de la comunidad fue una estrategia del gobierno para desalentar a algunos que terminaron aceptando salir del lugar.

Esa expropiación ha sido posible porque la comunidad no está clasificada como una comunidad especial aunque han hecho todos los esfuerzos porque así la declaren. Los residentes del área, según Cruz, nunca han recibido explicaciones de por qué no los han considerado como una comunidad especial.

Pero las 15 familias que quedan en el lugar “estamos luchando”, aseguró Cruz. Reconocen que por el valor actual de los terrenos donde ubican sus residencias la lucha será ardua.

Este jueves 29 de junio los residentes apoyarán a uno de los residentes, José Cortes, quien tiene una orden de expropiación e impugnará la orden con el apoyo de otros residentes. La Clínica de Asistenta Legal de la UPR atenderá el caso en el Tribunal este jueves a las 9:00 en la sala 1003. CLARIDAD supo que ya hay otras órdenes de expropiación pendientes en el Tribunal.

Pero las casas ya expropiadas fueron derrumbadas por el municipio, detalló el líder comunal. Incluso, tienen en la comunidad la máquina que usan para demoler las residencias que Cruz explicó reducen con máquina en menos de una hora hasta convertirlas en escombros. “Ese es un choque emocional, ver cómo destruyen nuestra comunidad. Es un atropello contra nosotros”, declaró Cruz. Aclaró que no se oponen a que se hagan mejoras a la comunidad, pero quieren seguir viviendo en el lugar que identifican como su hogar y están dispuestos a defender.

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Se apuntan otra las comunidades especiales

2006-06-27T06:44:00.000-07:00

Manuel Ernesto Rivera PRENSA ASOCIADA lunes, 26 de junio de 2006

La presión y el cabildeo de representantes de las comunidades especiales logró que en la madrugada del lunes el proyecto que otorgó a los alcaldes la potestad de expropiar a estos sectores sin la participación de sus vecinos, regresara a la Comisión senatorial de Gobierno.

El Proyecto de la Cámara 911 regresó para análisis de la referida comisión luego que el senador popular Antonio Fas Alzamora presentara una moción para que se reconsiderara su voto inicial sobre la medida.

La moción fue aprobada al obtener 15 votos.

Ante el nuevo escenario, prevalece el requisito establecido por ley para que un ejecutivo municipal tenga el consentimiento del 75% de la comunidad para realizar la expropiación y conseguir el aval legislativo, así como del gobernante de turno.

La senadora independentista, María de Lourdes Santiago, catalogó como positivo que el proyecto regrese a comisión para un análisis más profundo en aras de contrarrestar el poder absoluto de los ejecutivos municipales para expropiar a las comunidades de escasos recursos económicos.

"Preferiría ver muerto cualquier proyecto que vaya en contra de las comunidades especiales, pero no estaría mal que se enviara nuevamente a comisión para un mayor análisis", indicó la senadora a Prensa Asociada.

La medida en cuestión, que fue aprobada en la Cámara el año pasado, volvió a la palestra el jueves luego que el Senado la aprobó por descargue, contando con los 14 votos mínimos para su aval.

Santiago denunció que el proyecto no figuraba en el calendario legislativo de ese día, y catalogó como "sorpresivo" la consideración sin previo aviso de la medida que llevaba ante la consideración de la Asamblea Legislativa desde febrero de 2005.

El alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, es uno de los principales críticos de la Ley 1 de 2004 sobre el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales, aprobada bajo la administración de la ex gobernadora Sila M. Calderón.

La medida se aprobó en medio del proceso deliberativo del Senado sobre el proceso de confirmación del representante popular Carlos Vizcarrondo como juez del Tribunal de Apelaciones.

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Cabildean contra proyecto de expropiación de terrenos

2006-06-26T10:41:00.000-07:00

Leonardo Aldridge PRIMERA HORA

Medio centenar de líderes y residentes de algunas de las 686 comunidades especiales a través del país acudieron ayer al Capitolio para cabildear en la Cámara contra un proyecto aprobado en el Senado que les permite a los alcaldes expropiar los terrenos donde ellos viven.

Entrada la noche de ayer, la Cámara se aprestaba a derrotar la medida originada en el Senado y dejar vigente la ley que exige que cualquier expropiación de terrenos en comunidades especiales cuente con una resolución conjunta de la Asamblea Legislativa y que los residentes de los sectores afectados participen en la toma de decisiones durante el proceso.

Residentes de las comunidades especiales - muchas de ellas ubicadas en terrenos carísimos en términos de bienes raíces- afirmaron en un piquete frente al Capitolio que la amenaza de las expropiaciones no es una preocupación abstracta, sino muy inmediata y real, y que los intereses de desarrollar costosas viviendas podrían acelerar ese proceso.

"Es una amenaza muy real y no es un temor infundado. De hecho, ya hay comunidades que están en proceso de ser expropiadas, pero ahora contamos con esta medida que es una protección a las comunidades pobres y que podría desaparecer", dijo Tito Figueroa, líder comunitario de Toro Negro en Ciales.

Una mayoría senatorial avaló la semana pasada el Proyecto del Senado 911, que eliminó restricciones para que los alcaldes puedan expropiar a los residentes de comunidades especiales.

Con pancartas como "Senadores se venden a un hojalatero", los manifestantes de las comunidades especiales identificaron al alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, como el principal gestor de la medida aprobada en el Senado. También reiteraron que se negoció el nombramiento del representante popular Carlos Vizcarrondo como juez apelativo a cambio de la aprobación de la medida.

"Él quiere expropiar todas las comunidades especiales allí en Guaynabo para construir grandes casas", indicó Jorge Oyola, de la Alianza de Líderes Comunitarios de Puerto Rico.

Oyola, de la comunidad Los Filtros de Guaynabo, sostuvo que O'Neill ha dicho lo que otros alcaldes no se han atrevido a manifestar, pero que quisieran ver materializado. "Se están afilando los colmillos", dijo.

O'Neill ha reconocido en entrevistas periodísticas que su visión de desarrollo para Guaynabo -uno de los municipios con el ingreso per cápita más alto de todo Puerto Rico- es propiciar comercios y viviendas para sectores adinerados.

Pero los residentes de Guaynabo no eran los únicos preocupados por la medida y en la manifestación de ayer hubo representación de comunidades de Añasco, Dorado, San Germán, Isabela, Cabo Rojo, Ciales y otros pueblos.

"La expropiación es destrucción", fue una recurrente consigna en la actividad de ayer frente a las escalinatas del Capitolio, desde donde el más de medio centenar de activistas entró a la Casa de las Leyes para presenciar los trabajos legislativos.

Los líderes comunitarios resaltaron el peligro en que los alcaldes puedan decidir arbitrariamente la suerte de miles de residentes que llevan años viviendo en un mismo lugar, en una comunidad con fuertes lazos, para priorizar el desarrollo urbano para unos pocos y que genera dinero a corto plazo para los municipios.

Durante toda la sesión senatorial se especuló que alguno de los senadores que votaron a favor de la medida podrían pedir que se reconsideraran sus votos, pero entrada la noche esa movida no había sucedido y parecía académica, una vez la Cámara dejó saber que no prosperaría en ese cuerpo legislativo.

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Rechazo a ser expropiados

2006-06-26T10:40:00.000-07:00

Ricardo Cortés Chico / end.rcortes@elnuevodia.com

Las comunidades ven a grandes intereses detrás de la medida.

Mayagüez – Los senadores que votaron a favor del proyecto de ley que eliminaría la participación ciudadana en el proceso de expropiación de las comunidades especiales sufrirán las consecuencias en las próximas elecciones, a menos que se retracten hoy, antes de concluir la sesión.

Así lo advirtió ayer un nutrido grupo de líderes comunitarios, mientras organizaban la movilización de cientos de residentes hasta el Capitolio para exigir la reconsideración de la medida.

El proyecto se aprobó el año pasado en la Cámara de Representantes y en el Senado el pasado jueves. La medida enmienda la Ley 232, aprobada exclusivamente para las comunidades especiales.

Con la enmienda se podrán realizar expropiaciones forzosas sin el aval de la Legislatura y del 75% de los residentes. Los legisladores tienen hasta hoy para cambiar su voto.

“Lo que necesitamos es que retracte su voto uno de los que favoreció la medida. Es una herramienta que tenemos para proteger nuestras comunidades”, dijo Leira Damiani, una portavoz del grupo.

Felipe Muñiz González, de la comunidad El Rosario en Mayagüez, dijo que los esfuerzos de los líderes comunitarios se han concentrado en exigir un cambio en la votación de los senadores Eudaldo Báez Galib, Antonio Fas Alzamora, Juan Eugenio Hernández Mayoral y José Luis Dalmau, quienes irónicamente favorecieron la Ley 232 en el 2004.

No obstante, en la tarde de ayer, ninguno de los senadores había contestado sus llamadas. “Es como si se estuvieran escondidos”, sentenció.

Para Miguel Santana, residente de El Retiro en San Germán, las enmiendas responden a la presión de varios desarrolladores interesados en los terrenos donde ubican las comunidades.

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Reviven de la nada un proyecto "muerto"

2006-06-24T06:56:00.000-07:00

Irene Garzón Fernández PRIMERA HORA

Tras bambalinas.

Un entrejuego político está detrás de la aprobación por el Senado de un proyecto de administración relacionado con la expropiación en comunidades especiales, el cual bajó "sorpresivamente por descargue" en la sesión del jueves.

A pesar de que el proyecto se consideraba "muerto" en el Senado, de repente fue descargado, sin informe, en medio de rumores que lo ataban a la confirmación del nombramiento de Carlos Vizcarrondo como juez apelativo, como mecanismo para presionar a los senadores populares que se oponían a la medida, y de supuestas presiones del poderoso alcalde penepé de Guaynabo, Héctor O'Neill, para que se refrendara.

Todavía anonadada por la aprobación del Proyecto de la Cámara 911, la senadora pipiola María de Lourdes Santiago dijo ayer a este diario que "lo bajaron por sorpresa, por descargue" y "para lograr los votos comenzaron a correr el rumor de que de esa medida dependía el cargo de Vizcarrondo" en el Apelativo.

Santiago rechazó cualquier negociación de escaños al Apelativo para "sacar gente pobre de sus casas".

Además, acusó al alcalde O'Neill de estar "empujando el proyecto porque está detrás de las comunidades especiales de Los Filtros y Maine", de Guaynabo. También le imputó al alcalde popular de Carolina, José E. Aponte de la Torre, estar tratando de expropiar la comunidad Villa Caridad. "Los alcaldes tienen mucho interés (en la medida)", acotó.

El proyecto fue enviado por el gobernador Aníbal Acevedo Vilá a la Legislatura el 3 de febrero de 2005 y Santiago denunció al día siguiente que se trataba de una "alianza" entre alcaldes populares y penepés contra los pobres debido a que facilitaría la expropiación en comunidades especiales.

La medida enmienda la Ley 1 de marzo de 2001, conocida como Ley para el Desarrollo Integral de Comunidades Especiales, el proyecto estrella de la administración de Sila M. Calderón, a los fines de derogar la obligación de que la Legislatura autorice estas expropiaciones.

Santiago recalcó que "no sólo quitaron el requisito de la Resolución Conjunta (aprobada por la Legislatura y el Gobernador para autorizar cualquier expropiación) sino que (el jueves) en el Senado le hicieron una enmienda en el hemiciclo para eliminar la consulta comunitaria" para dar el visto bueno a una expropiación.

"Ahora es el arbitrio exclusivo del alcalde", precisó Santiago, al indicar que el proyecto tiene que devolverse a la Cámara para que concurra con la enmienda introducida en el Senado. Anunció que ya comenzó a trabajar con las Comunidades Especiales, "para que cabildeen y ejerzan presión" en la Cámara. para que no concurra con la enmienda. De hecho, informó que ayer tuvo una reunión con residentes de Los Filtros.

Según la AP, la senadora rosselista Norma Burgos hizo ayer una sugerencia similar a los residentes de las comunidades especiales para que exijan la paralización de la medida, a la vez de que en la sesión senatorial de mañana se pida la reconsideración del proyecto.

La Ley de las Comunidades Especiales exige el consentimiento de las comunidades y el aval de la Legislatura antes de proceder con una expropiación.

La medida, que había sido radicada en ambos cuerpos legislativos, se creía muerta en el Senado, a pesar de que la Cámara la aprobó el 22 de junio de 2005, con 41 votos a favor; dos en contra del popular Jorge Colberg y del pipiolo Víctor García San Inocencio, así como el voto abstenido del penepé Jorge Navarro Suárez.

Faltaron a su compromiso

Santiago dijo a PRIMERA HORA que cuando la medida se vio en vistas públicas, "en el Senado había un compromiso" del presidente de la Comisión de Reglas y Calendario, Jorge de Castro Font, "de que el proyecto no se iba a aprobar".

Dijo que cuando los populares radicaron el proyecto de administración en el Senado, algunos miembros de la delegación -como Sila Mari González, Cirilo Tirado y Antonio Fas Alzamora- pidieron que se retiraran sus nombres de la medida.

El proyecto no figuraba en el calendario de medidas de la sesión del jueves. Se descargó "por sorpresa" y al momento de considerarse Santiago dijo que ella no estaba en el hemiciclo sino en una vista pública de la Comisión de Educación que discutía una medida de ella. "No había casi nadie cuando la medida se aprobó a viva voz", explicó al indicar que "había unos senadores populares que estaban dispuestos a votarle en contra".

Relató que la senadora González y ella llegaron a un acuerdo con el presidente senatorial Kenneth McClintock para que se les diera el "consentimiento unánime para permitirnos hacer unas expresiones, pero después de llegar a ese acuerdo, no se honró".

Según Santiago, McClintock les dijo que "De Castro no quería que habláramos del tema".

El proyecto se aprobó raspando en votación final, con el mínimo de 14 votos. Diez senadores votaron en contra, incluidos Tirado, González y Santiago. Se abstuvieron el rossellista Luis Daniel Muñiz y los populares Bruno Ramos y Sixto Hernández, designado juez del Apelativo.

Santiago llamó la atención a que Fas le votó a favor después de que pidió que se retirara su nombre, lo mismo que el vicepresidente senatorial Orlando Parga, que ha estado votando en contra de todas las medidas provenientes de la Cámara.

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Solidaridad comunal: clave de la batalla

2006-06-24T06:51:00.000-07:00

Por Gloria Ruiz Kuilan para El Nuevo Día
Comunidad Los Filtros resiste la amenaza de la expropiación.

Guaynabo - El sentido de solidaridad es una de las cualidades que más destaca en la comunidad Los Filtros.

Constituida por más de 90 familias pobres o de recursos moderados, esta comunidad de 12 cuerdas -escenario de las tradicionales peleas de gallos, cabalgatas, los juegos con gallitos y en la que no falta el antiguo colmado y el tendido de ropa al aire libre- contrasta con las imponentes y costosas residencias que le rodean.

Esos terrenos son para el gobierno municipal y muchos desarrolladores un área preciada que falta por conquistar.

Para la década de 1920, estos predios pertenecían a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que buscaba obreros para construir una planta de filtración. Ofrecía a los obreros vivienda en la finca, y de ahí surgió el barrio.

Bajo la administración del fenecido alcalde Alejandro “Junior” Cruz, los residentes obtuvieron los títulos de propiedad de sus viviendas.

A Ernesto Llopis, de 85 años y uno de los primeros pobladores, le cambia el semblante cuando piensa en la amenaza que desde hace años se les cierne encima y que ahora resurge. “Llevamos tiempo arreglando esto nosotros mismos. Y estamos cómodos, para meternos en un sitio donde apenas se puede mirar para un lado”, dijo.

Hace cuatro años el alcalde Héctor O'Neill anunció su intención de expropiarlos. Arguye, estudios en mano, que los suelos son propensos a deslizamientos. Ayer no respondió. Los residentes, que han consultado a otros expertos, rechazan la versión. Y emprendieron una intensa batalla para defender las tierras de las que son dueños.

En 2004, junto a líderes de otros sectores, llevaron al gobierno el borrador de la medida que se convirtió en la Ley 232, que protegió de expropiaciones indiscriminadas a las 686 comunidades especiales. La ley le exigió a los municipios para expropiar, el aval legislativo en una resolución y celebrar una consulta ciudadana en la que el 75% de los residentes aprobara la acción.

En 2005, el Gobierno propuso bajar el porcentaje de aprobación ciudadana requerido y eliminar la autorización legislativa. Para los residentes, tal disposición atentaba contra el espíritu de la ley que propicia su participación en la toma de decisiones sobre sus comunidades, según Jorge Oyola, líder de Los Filtros.

Aquella vez, tras un intenso cabildeo, lograron que la ley quedara intacta.

Y así fue hasta el jueves.

Amenaza sobre áreas de pobreza

2006-06-24T06:48:00.000-07:00

Por Ricardo Cortés Chico para El Nuevo Día
El liderato comunitario busca evitar enmiendas a la Ley 232.

Mayagüez - Más de un millón de personas que viven en comunidades especiales quedarán expuestas a procesos de expropiación indiscriminados si el gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, firma una enmienda a la Ley 232 que requiere para tales procesos el aval legislativo y del 75% de los residentes.

El liderato comunitario, sin embargo, está dispuesto a evitarlo.

Jorge Oyola Torres, uno de los portavoces de la Alianza de Líderes Comunitarios, advirtió que el Proyecto de la Cámara 911, aprobado de forma imprevista por el Senado el jueves, tiene el potencial de hacer desaparecer a comunidades como Villa Claridad en Carolina, la barriada Morales en Caguas y Los Filtros en Guaynabo.

Es que los terrenos donde ubican esas comunidades son codiciados por desarrolladores que proponen construir allí proyectos para las “clases privilegiadas” y que, de acuerdo con Oyola, ejercen una intensa presión sobre los políticos para conseguir esos objetivos.

“Es un paso que conduce al asesinato de las comunidades especiales y, por consiguiente, de la justicia social. Estamos siendo materia de venta”, dijo Oyola.

Explicó que en Guaynabo “los terrenos están muy costosos y hay muchos desarrolladores que utilizan al Alcalde (Héctor O'Neill) para promover que se saquen a estas comunidades para hacer otros desarrollos con más alto costo”, denunció. Cuestionó que el proyecto, ya aprobado por la Cámara, se enmendara y bajara por descargue en el Senado mientras estaba ausente la mayoría de los legisladores que se oponían a la medida.

Esta estrategia, según la senadora Norma Burgos, posibilitó que a última hora se eliminara por completo un artículo propuesto por La Fortaleza, que exigía a los municipios buscar el aval de 50% más uno de los residentes de la comunidad afectada por la expropiación forzosa. De esa forma se sacó del panorama la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el futuro del vecindario.

Oyola calificó la movida legislativa como una “traición”, que tendrá un costo político para quienes la aprobaron. Y señaló que el 40% de los votantes del país vive en comunidades especiales.

“Nosotros nos vamos a dar a la tarea de distinguir entre los legisladores buenos y los malos… Yo espero que Acevedo Vilá cumpla con su palabra y proteja a las comunidades”, apuntó.

El plan inmediato del liderato comunitario es impedir que el Gobernador firme la enmienda.

Durante la sesión senatorial del jueves, la pieza legislativa bajó sin previo aviso a instancias del presidente de la Comisión de Reglas y Calendario, Jorge de Castro Font, quien en el 2004 votó a favor de la aprobación de la Ley 232.

Y aunque ahora sólo espera por la firma del Ejecutivo, Burgos resaltó que aún queda una oportunidad para combatirla en la Legislatura, si uno de los senadores que la favoreció pide cambiar su voto durante la sesión del domingo.

Esto, dijo, es posible si se considera que la medida, cuando fue a vistas públicas en la Cámara, recibió la oposición de la mayoría de los deponentes. Esa oposición no se reflejó en el informe sobre el proyecto que recomendó su aprobación.

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Atribuida a los residentes demora en construcción

2006-06-19T07:05:00.000-07:00

Por Ricardo Cortés Chico para El Nuevo Dia
Foto: Jorge A. Ramírez Portela
Publicado el 16 de Junio de 2006

San Germán - La coordinadora general de la Oficina de Comunidades Especiales (OCE), Julia Torres, aseguró ayer que si los residentes de la comunidad Las Carolinas hubiesen establecido como su única prioridad la rehabilitación total del puente que sirve de acceso a sus viviendas el proyecto no hubiese sufrido atrasos.

Reaccionó así a las denuncias de los residentes de la comunidad por los constantes cambios y las tardanzas en el diseño e inicio de la construcción del proyecto, que datan de 2003.

Según Torres, los vecinos, a través de su junta comunitaria, además de la rehabilitación del puente, pidió la reconstrucción de aceras, y la instalación de barreras de seguridad y alumbrado, lo que disminuyó la cantidad de fondos para cada obra e impidió que la Directoría de Desarrollo Comunitario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) concentrara sus esfuerzos en un solo proyecto.

“No es que se dejó el puente a un lado, sino que se trabajó en otras prioridades y el puente se dejó en un segundo orden. No es que se dejó de atender porque en ese tiempo se siguió trabajando con los estudios y los planos”, dijo la funcionaria.

Según el ex presidente de la Junta Comunitaria, Rafael Sepúlveda, desde que se creó la organización de residentes, la reconstrucción del puente ha sido la prioridad principal de los vecinos.

Por otro lado, Torres indicó que para el 2003 el proyecto de la reconstrucción del puente contaba con un presupuesto de $450,000 y, contrario a lo señalado por la directora de Desarrollo Comunitario del DTOP, María Burgos, aclaró que la subasta no fue adjudicada porque no hubo proponentes.

Burgos dijo el miércoles que el Programa de Comunidades Especiales presupuestó $850,000 para todos los proyectos en la comunidad. De esos fondos, según la funcionaria, $250,000 eran para la construcción del puente. Añadió que en diseños y estudios ya han invertido alrededor de $21,500. También dijo que los proponentes que la primera subasta del proyecto no se adjudicó porque los proponentes sometieron cotizaciones muy por debajo de los costos proyectados.

La Coordinadora General de la OCE descartó que las tardanzas en el proyecto respondan a una falta de comunicación entre la Directoría de Desarrollo Comunitario y su oficina. Dijo que semanalmente tiene reuniones con personal de esa dependencia para evaluar el desarrollo de los proyectos y los contratiempos que enfrentan.

Indicó, no obstante, que para despejar cualquier problema en la comunicación convocará una reunión para responder las preguntas de los residentes y para explicar el acuerdo al que llegarán con el gobierno municipal de San Germán para agilizar los trabajos de construcción.

Comunidades exigen acción y datos

2006-04-20T18:38:00.000-07:00

Lunes, 10 de abril de 2006

End.cynthia.lopez@elnuevodia.com

Por Cynthia López Cabán
Para El Nuevo Día

Los líderes de las comunidades especiales exigieron al Gobierno que rinda cuentas sobre el estado de los proyectos de vivienda y de infraestructura del proyecto y que al presente parecen estar “en el limbo”.

Además, afirmaron que el Ejecutivo y el Legislativo continúan con su empeño de desmantelar este proyecto que persigue combatir la pobreza en el país.

José Figueroa y Jorge Oyola (segundo Plano); Foto de archivo, Periodico Claridad

“Queremos saber qué está pasando con los proyectos de vivienda. Están paralizados, aunque muchos ya fueron subastados”, apuntó José Figueroa, portavoz de la Alianza de Líderes de las Comunidades Especiales, tras enumerar las gestiones que ha hecho para conseguir esta información.

Tampoco saben cómo se administra el Fideicomiso de $1,000 millones para las Comunidades Especiales.

“No existe información sobre ese dinero”, indicó Carmen Villanueva, portavoz de la Coalición de Líderes de San Juan.

En entrevista con El Nuevo Día, Villanueva y Figueroa plantearon además que el gobernador Aníbal Acevedo Vilá asume posturas que parecen apoyar el proyecto, pero que sus acciones laceran la integridad de esta iniciativa, que encabezó la lista de prioridades de la administración de la pasada gobernadora Sila M. Calderón.

Y todavía la Legislatura los tiene en la mirilla.

¿Los ejemplos? Faltan dedos de la mano para contar.

El Mandatario se estrenó en su gestión gubernamental enviando a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para limitar la participación de las comunidades en los procesos de expropiación de sus vecindarios. Esta medida, que favorecía a los alcaldes, encontró la férrea oposición de las comunidades.

Aunque el proyecto fue “descarrilado”, Villanueva y Figueroa temen que la propuesta reaparezca y, como ha pasado con otras medidas, que sea aprobada sigilosamente.

Además en los primeros meses del cuatrienio surgieron por lo menos ocho medidas para “fiscalizar” el proyecto, municipalizarlo y repartir el Fideicomiso de las Comunidades Especiales entre los alcaldes.

Este proyecto, que impulsa la autogestión, así como la organización y la participación ciudadana en los procesos del país, cuenta con una larga lista de detractores.

Legisladores como Jennifer González, quien preside una comisión cameral que investiga el uso de los $1,000 millones del fideicomiso, dijo públicamente que el proyecto es responsable “en parte” por el déficit gubernamental.

Villanueva y Figueroa, además, sostienen que la iniciativa languidece por la falta de asignación de fondos y la falta de “compromiso” del Gobernador, quien hace poco firmó una orden ejecutiva para pasarle a los alcaldes la administración de los centros recreativos y culturales construidos bajo esta iniciativa.

Actualmente algunos líderes elaboran un reglamento para la administración de estas instalaciones junto a la Oficina de Comunidades Especiales. Según Figueroa, el documento pondrá “trabas” para evitar que los alcaldes se queden con cientos de centros comunales y canchas que surgieron como iniciativa de las comunidades.

Denunciaron, además, que Acevedo Vilá no convoca las reuniones del Consejo Asesor de las Comunidades Especiales, que según la Ley deben realizarse mensualmente, y que no ha nombrado a los cuatro representes de las comunidades que deben formar parte de este cuerpo.

También realizó el anuncio de las 26 nuevas comunidades que se añadirán al proyecto sin la presencia o participación de los líderes organizados. Tampoco asignó fondos para estas comunidades. Según ha trascendido, para estas comunidades se utilizará el dinero que generen los intereses del Fideicomiso.

“¿Con qué dinero se van a trabajar estas comunidades? Si no sabemos ni siquiera el desglose de los intereses devengados por el Fideicomiso”, preguntó Villanueva, quien teme que se desvíen fondos de los proyectos que ya están en marcha.

El Gobernador también tomó la decisión de nombrar al doctor José Vargas Vidot de Iniciativa Comunitaria, para encauzar el proyecto sin consultar a los líderes. “Desde el mismo principio ha habido un patrón de no participación ciudadana”, señaló Figueroa. Vargas Vidot dirige una organización de base comunitaria, pero no guarda vínculo alguno con el proyecto.

El proyecto de comunidades especiales tiene como eje la participación ciudadana, que exige que todos los asuntos que afecten el proyecto se discutan y se aprueben mediante consenso.

De igual forma, Villanueva y Figueroa cuestionaron las reuniones que el Mandatario tiene con líderes comunitarios que no conocen. Recalcaron que no existe comunicación entre el Ejecutivo y los líderes comunitarios. “Una de las mejores maneras de abandonar el proyecto es hacer que no funcione”, concluyó Figueroa.

Tags: Autogestion, Comunidades Especiales

Líderes comunitarios, Sin marcha atrás la organización y educación comunitaria

2006-01-05T14:43:00.000-08:00

Cándida Cotto
CLARIDAD
ccotto@claridadpuertorico.com

“Esto es una semilla que se sembró y no importa el gobierno que venga, esa semilla va a seguir creciendo, esa semilla va a germinar, esa semilla está germinando, eso es un proceso que ya comenzó y que tarde o temprano va a rendir frutos”.

Los miembros de la Alianza de Líderes Comunitarios (ALC) están seguros de que el movimiento de organización de sus comunidades es uno irreversible, no importa que otros sectores de la sociedad lo vean con recelos. Junto a esa determinación, la ALC, que nació al amparo del proyecto de la Oficina de Comunidades Especiales (OCE), está firme en procurar que la OCE no se convierta en una agencia más del gobierno y que cumpla con los propósitos para los cuales fue creada.

Los portavoces de la ALC, José Figueroa Pesquera, de la comunidad Toro Negro en Ciales, Jorge Oyola, de Los Filtros en Guaynabo y Wilfredo López Montañez, de Sonadora en Aguas Buenas, conversaron con CLARIDAD sobre ambos aspectos.

Los líderes comentaron que antes de la OCE existía algún grado de organización en sus respectivas comunidades, pero reconocieron que no era una organización formal como la que viabilizó la mencionada oficina. Esto es así ya que muchas de las comunidades tienen años de establecidas. Figueroa Pesquera dijo que Toro Negro tiene ya 100 años de establecida. De la comunidad de Sonadora, en Aguas Buenas, López Montañez señaló que desde 1994 tenían un grupo de trabajo pero “no fue hasta que nos integramos al proyecto de la OCE que le dimos el contenido que el proceso de organización nuestro no había tenido, una visión clara de lo que era la autogestión y apoderamiento comunitario que fueron conceptos que se dieron a través del trabajo de capacitación de la Oficina”.

El portavoz de Los Filtros de Guaynabo reafirmó que “yo creo que casi todas las comunidades, en una u otra forma, estaban organizadas pero vino a coger más fuerza cuando los líderes comenzamos a coger una capacitación para tener unas herramientas adicionales y poder crear conciencia más allá de la comunidad. Llevar la organización a su incorporación al Departamento de Estado ha sido un complemento que le ha dado fuerza a esto”.

La organización en Los Filtros reviste suma importancia porque tuvo que enfrentar el año pasado la amenaza de expropiación por parte del Municipio Autónomo de Guaynabo. “Tenemos la peculiaridad de estar rodeada de las urbanizaciones más costosas que tiene el Área metro, pero seguimos siendo una comunidad rural que mantiene intacto su clima de campo”.

Agregaron que muchas otras comunidades estaban en etapas incipientes de organización, otras realizaban trabajos deportivos, pero dentro del marco que establece la ley 1 es cuando de verdad coge un contenido de grandes proporciones el surgimiento de las comunidades y la organización comunitaria.

López Montañez describió el proceso: “Consideramos que ha sido un avance bien significativo que ha fortalecido ese polo de la sociedad puertorriqueña en el sentido de que es la primera vez que se reconoce la existencia, el trabajo, el compromiso y la dedicación de cientos de líderes insertados en los problemas sociales de nuestras comunidades”.

¿Cuáles son las situaciones que han podido resolver o atender con ellas de una manera más efectiva luego de esa organización?

“Entendemos que uno de los logros mayores ha sido capacitar a esas comunidades, a los líderes, para que a través de la capacitación comunitaria puedan resolver los distintos problemas que tiene su comunidad”, apuntó Figueroa Pesquera. El establecimiento del Fideicomiso fue reconocido como un factor importante que viabilizó el que varias comunidades realizaran los proyectos que ya ellas habían identificado entre sus necesidades.

“Pero más importante que eso es el desarrollo de la organización de las comunidades porque los problemas surgen día a día. Puede ser que haya un problema hoy, pero puede surgir otro de aquí a dos meses y si la comunidad está organizada y capacitada para autogestionar la solución de sus problemas, eso es algo que no se pierde. Eso es una ganancia que está ahí, que a veces no se ve, porque la obra física se ve, pero ese trabajo de conciencia de que la comunidad entienda que tiene la capacidad de ir más allá de lo que el gobierno le traiga y de sentarse a esperar, sino que decide que necesita algo y va a buscarlo, lo decide, lo trabaja y lo logra. En ese sentido, para nosotros ése ha sido el mayor logro”, manifestó.

En esa misma línea Jorge Oyola reiteró: “el trabajo que estamos haciendo en las comunidades es sin ganar un centavo pero lo estamos cogiendo bien en serio, con un norte para cambiar aquella forma de vida de que todo era disparado por el Gobierno o por el municipio. Parte muy importante es el sentido de pertenencia que tienen ahora las comunidades de que ya no son problemas aislados, sino que son problemas de todos y entre todos estamos haciendo la fuerza para que todas estas actitudes y cambios lleguen”.

López Montañez lo describió como: “Ha habido un despertar de la comunidad de asumir un rol más activo en la identificación de los problemas y poderlos enfrentar. El hecho de que haya habido un programa de capacitación de líderes y a la misma vez un fideicomiso asignado para esas comunidades de proyectos específicos le da un contenido a ese proceso de fortalecimiento de la organización comunitaria, un contenido jamás visto en Puerto Rico. Lo más cercano es el Programa de Educación a la Comunidad en la década de los 50”.

Los líderes de la ALC insistieron en que el programa vino para quedarse independiente de los vaivenes políticos. “Nosotros los líderes comunitarios nos vamos a encargar en el trabajo que estamos haciendo e incluso incursionar en la política para poder conseguir que esas comunidades se den cuenta de que no servimos nada más para dar un voto cada cuatro años”, declaró el portavoz de Los Filtros.

De forma delicada pero clara, los portavoces de la Alianza reconocieron que el cambio de Gobierno trajo un estancamiento en el trabajo de la OCE y que su existencia está bajo amenaza.

Oyola apuntó que en efecto se han dado cambios en la OCE ya que el programa que inició la ex gobernadora Sila María Calderón comenzó con un compromiso en todas sus áreas. En cambio –denunció- en el primer año del actual gobierno “tal vez tenía una visión distinta. Nosotros creemos y entendemos que el compromiso lo hay, pero no se veía el empuje que hace falta para que las cosas continúen en donde se tomaron. O sea, ya hay un trabajo hecho que entendemos que lo que hay es que continuarlo, que hay que hacer algunos ajustes, estamos de acuerdo pero también entendemos que es injusto que un trabajo que se ha hecho, darle unos cambios muy drásticos sería un retroceso al trabajo”.

Los entrevistados denunciaron que hay tres proyectos engavetados en la Legislatura que amenazan la existencia de la OCE. El primero de estos proyectos provino de la misma Fortaleza. Este fue a comienzos de enero de 2005, un proyecto dirigido a cambiar la Ley 232 que les exige a los gobiernos municipales llevar a cabo un proceso de consulta en donde el 75% de una comunidad identificada como “especial” apruebe un proceso de desalojo.

El segundo proyecto buscaba eliminar la agencia y convertirla en una de apoyo a los alcaldes y el tercero repartir el fondo de mil millones entre los municipios. Los proyectos –denunciaron- son impulsados tanto por la Asociación como por la Federación de Alcaldes. La primera entidad acoge a los del PPD y la segunda a los del PNP. Las motivaciones para pretender los semejantes cambios son obvias el miedo a la organización de base, el querer implantar sus políticas partidistas y tomar el dinero del Fideicomiso. Sobre los proyectos y el curso del año que acaba de concluir, Figueroa Pesquera evaluó: “Los proyectos están engavetados, no descartamos que un día por la noche vengan, los saquen y los aprueben, pero sobre los hombros de los líderes comunitarios de este país está no permitir que estas cosas se hagan”.

Agregó: “Los ajustes traen atraso, ha habido un año donde la oficina ha tratado de encaminarse pero obviamente no ha habido el mismo compromiso, el mismo esfuerzo del gobierno central para impulsar el desarrollo de la organización comunitaria. Nosotros tenemos la esperanza de que en estos próximos años se encamine todo este esfuerzo para que todas las comunidades se organicen y conozcan la capacidad que tienen para resolver sus problemas y establecer sus prioridades”.

Advirtió que como portavoces de la Alianza, en sus visitas a las comunidades han destacado el mensaje de que no pueden sentarse a esperar a que el gobierno enfoque este programa hacia donde entienden lo debe enfocar. “Nosotros tenemos el compromiso, responsabilidad y obligación de participar dentro de esas estructuras para que se encamine ese programa dirigido a los intereses de las comunidades. O sea, a que no es sentarnos a ver si en estos próximos años el Gobierno lo va a encaminar o no. Estamos haciendo el trabajo para que el liderato de las comunidades lo encaminemos como entendemos se debe encaminar”.

Entre sus gestiones –dijeron- “por lo menos hasta ahora” hay un compromiso por parte de la OCE de que se nombre un comité asesor compuesto por líderes comunitarios. En cuanto al Gobernador se supone que hubo un compromiso antes de las elecciones para que aumente la participación de los líderes comunitarios en la Junta Asesora de la OCE.

“Nosotros estamos haciendo presión para que esa Junta se siga reuniendo como debe, como lo manda la ley y que además el Gobernador cumpla su compromiso de ampliar la cantidad de integrantes en esa junta de líderes comunitarios”. En la Junta hay representación de jefes de agencias, el Primer Ejecutivo, que es quien preside y sólo dos representantes comunitarios.

“Independientemente de las motivaciones que pueda tener el gobierno para el programa, nosotros entendemos que el desarrollo comunitario, la autogestión y el apoderamiento, son una propuesta al país para resolver los problemas sociales y nosotros tenemos que lograr que este programa, que impulsa el desarrollo comunitario, se mantenga, se fortalezca y se amplíe. Las motivaciones que pueda tener el gobierno es su asunto. Nosotros lo que queremos lograr es que se fortalezca porque después de todo, logre lo que se logre, va a ser independiente a las motivaciones partidistas que se puedan tener. Así es que en ese sentido, lo que quiero decir es que la importancia de mantener ese proyecto, fortalecerlo, es independiente a la motivación que pueda tener el gobierno, el Gobernador, sus asesores o quien sea”, manifestó enfático Figueroa Pesquera, con el aval de sus compañeros.

Las amenazas de desalojos

El trío describió que el desahucio o desalojo, es “la manifestación más clara de la injusticia que se comete hoy”, contra las comunidades pobres del país, estén identificadas o no como “comunidades especiales”, o lo que algunos llaman comunidades tradicionales. Ahora mismo –dijeron- hay comunidades que no están identificadas como “comunidades especiales”, las cuales están sujetas a expropiación, por lo que añadieron que el beneficio de la Ley 232 debería ser extendido a todas las comunidades incluyendo los residenciales públicos.

Oyola recordó parte del proceso que vivió su comunidad de Los Filtros. “Somos una comunidad que tiene sobre 90 años en 12 cuerdas de terrenos, ubicada en un sector bien privilegiado. Ahí es que uno empieza a ver que estas comunidades están más propensas a la expropiación”. A los esfuerzos de esa comunidad se debió la ley 232. De hecho, la única reunión que tuvieron el año pasado con el Gobernador fue para persuadirlo de los cambios que se pretendió hacer de esta ley.

“Fue un trabajo de año y medio peleando en la Legislatura. Aunque fue aprobada, fue aprobada el último día, a última hora en la Cámara y Senado y fue firmada el último día por la Gobernadora y tan temprano como empezando el cuatrienio, la Federación y la Asociación de Alcaldes se unieron para tratar de cambiarla”, relató.

Otro de los problemas mayores que enfrentan las comunidades son los proyectos de infraestructura, específicamente los de vivienda. Pese a que la División de la Administración y Desarrollo de Mejoras a Vivienda del Departamento de la Vivienda tiene la encomienda de llevar a cabo lo más pronto posible los proyectos de infraestructura de las comunidades, hay unos problemas “inmensos” que han hecho que se atrasen.

“Por otro lado nosotros entendemos que parte del problema que enfrentan las comunidades con los proyectos de infraestructura se debe a la falta de capacitación. Falta mucha capacitación y educación en las comunidades para que aprendan a manejar las dificultades de atrasos en los proyectos y que aprendan a insertarse en los procesos de los proyectos”, reiteró el residente de Toro Negro, en Ciales.

El grupo identificó a los alcaldes como los mayores opositores al resurgimiento de la organización de las comunidades. “Los alcaldes, en especial los de los de los municipios autónomos, no ven con buenos ojos la organización de las comunidades. A eso se suma que las agencias de gobierno no tenían la sabiduría, la química que se necesita para bregar con este asunto”, indicó el vecino de Los Filtros.

Esa actitud de ignorancia está presente en el esquema económico del actual gobierno. Denunciaron que en la única reunión que han tenido con asesores del Gobernador, el grupo les planteó que la visión del gobierno del llamado “triángulo del éxito”, cuando hablan de economía, deja fuera a las comunidades. “Hay gente que tiene miedo a esto, que le tiene mala espina. No pueden seguir viéndolo así porque nosotros tenemos un compromiso también con este país”, expresó López Montañez.

Ante los recelos de los alcaldes, las inclinaciones del Ejecutivo por eliminar el programa, y sacar la política pública de organización de las comunidades que estableció la ley que viabilizó la OCE, los líderes comunitarios de la Alianza reiteraron su determinación de continuar el camino ya iniciado: “Vamos a estar vigilantes para que las comunidades y la OCE lleven a cabo su trabajo. Esto se tiene que continuar, si nosotros permitimos que este proyecto desaparezca nos podemos olvidar de que en los próximos 30 años un gobierno tome la iniciativa de hacer esto”, reafirmó el grupo.

Hay pobreza en Puerto Rico porque hay mucha desigualdad

2006-01-01T17:23:00.000-08:00

Cándida Cotto
CLARIDAD
ccotto@claridadpuertorico.com

(Primero de dos artículos)

Comunidad Los Filtros, Guaynabo

“Necesitamos conocer más de la municipalización, es ese proceso de darle más poder a los municipios, pero está chocando con la estrategia del trabajo comunitario y con la estrategia del desarrollo de comunidades especiales, ¿Por qué? Porque los municipios se quieren apoderar de los recursos y no quieren que las comunidades participen…”.

El Estudio sobre el Impacto del Proyecto de Comunidades Especiales (EIPCE), que dejó al descubierto la desigualdad y la pobreza que existen en nuestro país, también recogió la lucidez con que los moradores de las llamadas Comunidades Especiales reconocen el largo camino que todavía tienen por delante y las dificultades que enfrentan para que sus opiniones se tomen en cuenta.

El citado estudio que fue llevado a cabo por un equipo de investigadores de la UNESCO, dirigido por los doctores Bernardo Kliksberg (de nacionalidad argentina), Marcia Rivera, (conocida socióloga puertorriqueña), José Sulbrandt, Irene Novacovsky y Leonardo Caden, fue encomendado por la ex gobernadora Sila María Calderón. Los resultados de la larga investigación (que se realizó entre el 18 de noviembre de 2004 al 30 de junio de 2005) fueron presentados el jueves 8 y viernes 9 de diciembre ante líderes comunitarios, alcaldes, legisladores y medios de comunicación.

El proyecto de la Oficina de Comunidades Especiales (OCE), que fue la primera iniciativa de la ex gobernadora Sila María Calderón, en sus inicios fue visto con mucha suspicacia por sus críticos. Su establecimiento conllevó la creación de un Fideicomiso Perpetuo de mil millones de dólares para obras de infraestructura y viviendas en las 686 comunidades identificadas como especiales.

Profunda desigualdad

Las revelacio\nes del estudio del equipo de la UNESCO sobre el impacto del trabajo de la OCE y la situación de pobreza en el país son dos realidades que todos los sectores de la sociedad puertorriqueña deben reconocer. El análisis sobre la desigualdad que prevalece en múltiples aspectos en el país, desde la distribución de ingresos hasta el acceso al servicio de alcantarillado, plantea el asunto de la pobreza desde la nueva perspectiva de que hay pobreza porque hay desigualdad.

En Puerto Rico esa desigualdad, como indicó el EIPCE, es una “aguda y creciente”. De acuerdo a los expertos de la UNESCO, el coeficiente que mide la desigualdad en la distribución de ingresos (Gini) reflejó que en el 1999 el coeficiente de desigualdad de Puerto Rico era de 0.574, lo que superaba de forma amplia al de Estados Unidos, 0.476 (el más desigual entre los países desarrollados del mundo). Entre 17 países latinoamericanos, Puerto Rico ocupa el triste cuarto lugar de mayor desigualdad. El coeficiente de desigualdad de la Isla sólo es superado por el de Brasil, .607, primero en América Latina y uno de los más desiguales del mundo, Nicaragua, .603 y Paraguay (0.577).

Para apreciar esta desigualdad, el informe reflejó que mientras en Estados Unidos el 20% más rico recibe el 51.65% del ingreso nacional, en Puerto Rico el 20% más rico recibe el 59.9%. El 20% más pobre en Estados Unidos recibe el 3.4% mientras que en la Isla recibe el 1.7%.

Estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada de Brasil (IPEA) demostraron que el impacto del crecimiento económico sobre la pobreza es mínimo cuando hay altos niveles de desigualdad. Otro informe de fondo –citó el EIPCE- sobre la situación social del mundo que acaba de producir el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DAESONU) centrado en la inequidad planteó, entre otros asuntos, que “Las desigualdades en la distribución del ingreso y el acceso a recursos productivos, servicios sociales básicos, oportunidades, mercados e información, pueden causar y exacerbar la pobreza”. Es decir que ignorar la desigualdad y enfocarse de forma exclusiva en buscar el crecimiento económico para generar ingresos como estrategia de desarrollo, es inefectivo. El resultado será que la acumulación de riqueza será para unos pocos, es decir, para los que ya tienen.

Los funcionarios de la UNESCO apuntaron que Puerto Rico presenta una estructura social “altamente polarizada” y que el tema de la desigualdad debería ser discutido de forma explícita y de manera sistemática por la sociedad por las implicaciones que tiene para el país, para el diseño de políticas públicas y para la lucha contra la pobreza.

Economía formal e informal

Otra de las dimensiones de la desigualdad que identificó el estudio fue la configuración de dos economías muy disímiles, la formal y la informal. La ONU llamó la atención sobre este particular que: “La gran y creciente brecha entre la economía formal y la informal en muchas partes del mundo fortalece el caso por reducir la desigualdad. Aquellos que son parte de la economía formal generalmente se hallan entre ‘los que tienen’ en la sociedad, porque tienen mayor probabilidad de ganar salarios decentes, recibir beneficios vinculados con su trabajo, tener contratos de empleo seguros, y estar cubiertos por las leyes y regulaciones laborales. En contraste, aquellos en la economía informal están típicamente entre ‘los que no tienen’. Se hallan excluidos de diversas protecciones legales, y no pueden acceder a los beneficios básicos o disfrutar de los derechos fundamentales, otorgados a quienes están en la economía formal”.

En la isla, un estudio del Departamento del Trabajo de 2004 reflejó que la economía informal representa el 23.2% del producto interno bruto, cifra que ha ido creciendo desde el 1980 al 2002 a un ritmo de 3.3% anual, lo que a su vez supera el 2.1% del crecimiento del empleo total.

Las oportunidades de empleo son otro de los elementos en el análisis de la desigualdad. Se llamó la atención de que las desigualdades que generan los altos niveles de pobreza en el país “finalmente alcanzan, como está sucediendo en toda América Latina, al sistema educativo”. La deserción escolar en el país supera el 39% y se concentra en los grupos pobres. “Los niños tienden a desertar, entre otras razones, porque dadas las altas tasas de expectativas de consumo que persisten en la sociedad, desean trabajar cuanto antes para allegar algún ingreso”. Se reconoce que los varones pobres encuentran ese empleo en el trasiego de drogas. En el caso de las niñas pobres abandonan la escuela mayormente debido a embarazos precoces. Mientras, los sectores ricos y las clases medias la tendencia es a prolongar la escolaridad.

El informe especial sobre la desigualdad de la ONU consideró que incluso la “violencia es más común donde las desigualdades son mayores, y las tendencias sugieren que crecer en pobreza con frecuencia lleva a exclusión social, que puede contribuir a la criminalidad”.

“El cuadro social de Puerto Rico responde a estas características: pobreza y exclusión social, en una sociedad altamente polarizada”, indicó la UNESCO. Agregó que en nuestro caso esto es “sumamente agudo por cuanto desde muy temprano la Isla estuvo expuesta a una penetración muy grande de bienes de consumo”.

Según la experiencia mundial para reducir la criminalidad se deben aumentar las oportunidades de trabajo para los jóvenes, fortalecer la familia y mejorar los niveles educativos. Pero de forma paradójica todo esto está fuertemente obstaculizado por la desigualdad.

El Proyecto de Comunidades Especiales

“A través de sus acciones, el Proyecto de Comunidades Especiales ha permitido devolver sentido de orgullo y dignidad a las poblaciones empobrecidas, reconociéndoles su derecho a una mejor calidad de vida”.

Lo anterior es uno de los primeros señalamientos sobre los hallazgos y conclusiones del EIPCE que realizó el equipo de la UNESCO dirigido por el Dr. Bernardo Kliksberg. Estos sentimientos fueron constatados mediante entrevistas individuales, grupos focales y encuestas aplicadas a líderes y residentes. El documento reconoció que aunque no se logró resolver todos sus problemas, el “hecho de verse parte de las prioridades de política pública envió un mensaje fundamental de respeto a los derechos humanos y de que se busca crear un clima con igualdad de oportunidades para toda la población”.

Sobre el particular se recomendó como imprescindible que haya coherencia y consistencia de la política pública a fin de “poder cosechar plenamente los frutos de lo sembrado ya”.

Un elemento sobresaliente del trabajo de la OCE es la formación de nuevos líderes comunitarios. Prueba de ello son las dos iniciativas de agrupaciones de líderes comunitarios que se formaron en el proceso, la Coalición de Líderes de San Juan y la Alianza de Líderes Comunitarios, que los agrupa a todos. Ambos grupos citó el informe “han logrado superar escollos y dificultades… ha cambiado la naturaleza del liderato de las Comunidades Especiales; ya no prevalecen las comisiones políticas, ni los líderes religiosos, se están acabando los bandos”.

En ese aspecto se apuntó en el Informe Ejecutivo del EIPCE que el “proyecto de CE comenzó a potenciar la generación de un valioso capital social en las comunidades pobres de Puerto Rico”.

Pero como ya se ha expuesto, la situación de desigualdad y pobreza no puede resolverse en unos cuantos años. Los hallazgos reiteraron que la situación económica de las Comunidades Especiales sigue siendo muy deficitaria en múltiples aspectos. En el caso de la infraestructura, aunque significó mejoras importantes, los recursos aplicados siguen siendo muy inferiores a las necesidades. Muchos de otros problemas están fuera del alcance de los Proyectos con sus limitados fondos y están más vinculados a las políticas económicas generales, como la creación amplia de fuentes de trabajo, la universalización de la protección social y la mejora de la equidad. Todas medidas contrarias a las recomendadas para reducir la desigualdad.

En términos del funcionamiento de la OCE el grupo hizo una serie de recomendaciones específicas. Entre ellas sobresale que en las comunidades identificadas como especiales hay una gran cantidad de iniciativas económicas al margen de la ley pero que realizan actividades lícitas, como son talleres de costura, confección de comidas, talleres de mecánica de autos, manicuristas, reparación de equipos, entre otros. Ante esta dinámica se recomendó un programa de “transición” que incluya la extensión de permisos provisionales, que no se penalice a las personas por las faltas administrativas que pudieran haber cometido hasta ahora y se les acompañe en el proceso de consolidar y formalizar su negocio.

Otra recomendación es que la OCE ejerza liderato entre las agencias e instrumentalidades del ELA para guiarlas hacia un modelo de política socio-económica que permita sustituir la cultura de la dependencia por una cultura empresarial. Se sugirió que se gestione una directriz Ejecutiva para que convoque a todas las entidades públicas a que definan sus programas hacia ese objetivo. Reconoce que eso implica renegociar muchos programas con agencias federales.

Y por último plantearse una convocatoria ciudadana para organizar un “gran programa de voluntarios por la pobreza y la equidad social. No hay forma de costear la inmensa labor que supone bajar los niveles de pobreza y reducir el margen de desigualdad social tan grande que hay en Puerto Rico”.

El Fideicomiso de Comunidades Especiales

•Al 31 de mayo de 2005 el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales había obligado un total de $961 millones del total de mil millones que le fueron asignados para obras de vivienda y estructura comunitaria.

•Entre enero de 2001 a 31 de mayo de 2005 el Departamento de Transportación y Obras Públicas trabajó en 428 Comunidades Especiales con una inversión promedio de $600,000 dólares, en proyectos como acceso a calles y canchas comunales, entre otros. A esa fecha había 942 proyectos terminados, 768 en construcción y 130 en etapa de diseño.

•Para la misma fecha el Departamento de la Vivienda estimaba impactar un total de 12,703 unidades de vivienda en 239 Comunidades Especiales a través de toda la isla. De estas, 7,740 eran para rehabilitación, 4,963 de nueva construcción y otros 89 proyectos de infraestructura propuestos.

• En cuanto a Vivienda nueva, al 31 de mayo de 2005 el Departamento de la Vivienda tenía 557 viviendas terminadas y 852 en proceso, del total de 4,963 unidades que se propuso construir. Eso equivale al 28.4% del total. El otro 71.6% estaba en etapa de diseño, subasta o contratación.

Proyecto efectivo contra la pobreza

2006-01-01T17:19:00.000-08:00

El Nuevo Día, Sábado, 10 de diciembre de 2005
Por José Javier Pérez
end.jperez@eInuevodia.com

El proyecto de las Comunidades Especiales ha tenido el efecto de mejorar el ánimo de la gente, devolver la dignidad y despuntar el liderato y la autogestión comunitaria, concluyó un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Los resultados de este estudio, que evaluó el progreso del que fue el principal proyecto social de la administración de la gobernadora Sila M. Calderón, se dan a conocer cuando casi la totalidad de los $1000 millones del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales están comprometidos.

“Esto plantea la pregunta sobre si ese fondo se volverá a nutrir y cuál será la política pública del gobierno al respecto”, dijo Marcia Rivera coordinadora del estudio. Los resultados también se publican en medio de críticas a la presente administración por su alegado desvinculamiento del proyecto de las Comunidades Especiales, según dijeron a El Nuevo Día cuatro miembros de la Alianza de Líderes Comunitarios, una iniciativa que surgió de los portavoces de las comunidades incluidas en el proyecto. “Ha habido un distanciamiento de esta administración hacia las comunidades especiales y los proyectos de infraestructura que se comenzaron están estancados”, dijo Tito Figueroa, líder de la comunidad especial Toro Negro en Ciales.

El estudio de la UNESCO -que había sido encomendado por Calderón durante los últimos meses de su mandato- se realizó entre noviembre de 2004 y junio de 2005 y fue liderado por Bernardo Kliksberg, una autoridad internacional en gerencia social, asesor de presidentes latinoamericanos y autor de 40 libros sobre temas relacionados. El reporte, de 700 páginas, indica que el 84% de los líderes de las 686 comunidades identificadas como con necesidades o características especiales se siente ahora más orgulloso, más confiado y deseoso de continuar viviendo en sus comunidades. Para el estudio se entrevistó a 1,000 líderes de un total de 2,800.

Asimismo, esos líderes consultados indicaron que se sienten fortalecidos y expresan tener más confianza en las iglesias y sus vecinos, que en los dirigentes políticos de su entorno. “Se nota un restablecimiento en la institución del vecino”, dijo Kliksberg, quien destacó ayer que el proyecto de las Comunidades Especiales es uno de los más avanzados que haya visto. El estudio destaca además que, tras la implantación del proyecto, incrementó la organización formal comunitaria. Por ejemplo, 400 de las 686 comunidades organizaron sus juntas vecinales y muchas de estas incluso se incorporaron en el Departamento de Estado. Esto último les permitiría someter propuestas y solicitar otro tipo de ayudas, dijo por su parte, Julia Torres, coordinadora general de la Oficina de Comunidades Especiales. El estudio evaluó otras variables cualitativas que dan cuenta de un fortalecimiento en las comunidades y un incremento en el sentimiento de solidaridad e interacción vecinal.

“Antes se sentían abandonados por la sociedad, por el gobierno; se sentían aislados e imperaba el ‘sálvese quien pueda’. Pero ahora, E 84% dice que se siente muy bien y orgulloso”, dijo Kliksberg. Pero el informe recoge también problemas como la falta de integración del programa con alcaldes y legisladores. Asimismo, reseña la falta de iniciativas e instalaciones para envejecientes, falta de oportunidades de empleo, ausencia de áreas recreativas, falta de instalaciones para la transportación pública; ausencia de oportunidades educativas y presencia en las comunidades de usuarios de droga. También, a pesar de los avances en la autogestión comunitaria, el estudio señala que la desigualdad y la pobreza imperan. Aunque la Isla tiene altos niveles de ingreso per capita en comparación con otros países de América Latina y el Caribe, casi la mitad dE la población vive bajo niveles de pobreza. Mientras, su coeficiente de desigualdad social es de los más altos del mundo, indica el estudio.

Puerto Rico es el lugar más pobre de Estados Unidos: el 46% de la población si se consideran las ayudas federales. Pero si éstas no s incluyen, el nivel de pobreza sería de un 65%, dijo Kliksberg. Sólo cuatro de los 3,000 municipios de Estados Unidos tienen niveles de pobreza superiores a Puerto Rico. Esos cuatro municipios sor reservaciones indígenas, indicó. Reducir la pobreza y la desigualdad no sólo debe ser un objetivo para mejorar las condiciones de la vida cotidiana sino que su existencia constituye un obstáculo al crecimiento y desarrollo de los países, dijo Kliksberg.

Atrae inversión económica la lucha contra la pobreza

2006-01-01T17:07:00.000-08:00

Lunes, 12 de diciembre de 2005
Por José Javier Pérez
end.iperez@eInuevodia.com

Según los estándares del Censo de EE.UU. el 48% de la población de la - Isla vive bajo el nivel de pobreza. Si Puerto Rico quiere atraer inversión económica tiene que destinar recursos para mitigar la desigualdad y la pobreza, dijo Bernardo Kliksberg, quien dirigió un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre el Proyecto de las Comunidades Especiales.
En Finlandia, por ejemplo, el gobierno adoptó como política pública la erradicación de la desigualdad y la pobreza aumentando las oportunidades de la población a través de la educación. Allí, todos los niños tienen garantizado el pago de los costos educativos desde los grados primarios hasta la universidad, aparte de estipendios para cubrir sus necesidades alimentarias y servicios de salud, entre otros, dijo Kliksberg.
Este, dijo Kliksberg, fue uno de los ingredientes que catapultó a ese país escandinavo hacia una posición de liderazgo en la economía internacional y su éxito es medido por algunos con uno de los productos tecnológicos finlandeses más emblemáticos: los teléfonos celulares Nokia. En cambio, la pobreza crea tensión social, violencia, criminalidad y eso espanta la inversión económica, dijo el experto en políticas sociales, pobreza, evaluación de programas sociales y autor de más de 40 libros sobre el tema.
De acuerdo con los estándares de medición del Censo de Estados Unidos, el 48 por ciento de la población de Puerto Rico vive bajo el nivel de pobreza. Esa cifra considera las ayudas federales. Pero si esas ayudas se excluyen, entonces la pobreza en la Isla incluiría al por ciento de la población, según el estudio “Puerto Rico 2025”. Si bien el desarrollo de infraestructura y tecnología es deseable, se requiere equiparar ese esfuerzo invirtiendo también en capital socia desarrollado estrategias que incrementen la confianza de las comunidades, promuevan su capacidad de asociarse con otros, estimular el civismo y revivan los valores éticos, indicó.
El Proyecto de las Comunidades Especiales es una iniciativa gubernamental que nació bajo la pasada administración como un instrumento para mitigar la pobreza y la desigualdad en Puerto Rico. Como parte de esa meta, se estableció el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades, asignándole $1000 millones para obras de infraestructura y vivienda. Hasta mayo pasado $961 millones habían sido obligados en proyectos desarrollados por los departamentos de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y de la Vivienda.
A pesar de los logros que estos y otros esfuerzos han logrado en el ánimo de prácticamente todas las 686 comunidades especiales, la UNESCO señala que ello no ha logrado aliviar el problema de desigualdad y pobreza. A lo anterior se suma una bandera de alerta: portavoces de la Alianza de Líderes Comunitarios y la ex coordinadora de la Oficina de la Comunidades Especiales, Linda Colón, aseguraron que los proyectos de esta iniciativa están detenidos como consecuencia de cierta apatía por parte de la administración del gobernador Aníbal Acevedo Vilá.
“Notamos cierto distanciamiento del gobierno que no visualiza el papel de las comunidades”, dijo Wilfredo López, líder de la comunidad Sonadora en Aguas Buenas. “El proyecto ha sufrido un período de decaimiento, pues hay un nuevo gobierno, con nuevas personas que desconocen la ley que creo las Comunidades Especiales”, añadió. Sin embargo, Colón señaló que la administración Acevedo Vilá ya lleva un año en el poder gubernamental. “Hay que ver qué han hecho Me pregunto por dónde va el trabajo que se dejó y cómo se han invertido los fondos”, planteó Colón, quien, a su vez, es una de las principales autoridades en Puerto Rico en el tema de la pobreza.
La ex funcionaria señaló que la alegada paralización de obras no se debe a la escasez de dinero o recursos humanos en la Oficina de las Comunidades Especiales, sino al desánimo y la falta de iniciativa. Sostuvo además que la oficina perdió el compromiso y se desenfocó de su misión. “La oficina no se creó para darle apoyo logístico a otras agencias; el objetivo era organizar a las comunidades para la autogestión”, dijo. “Siempre hará falta dinero, pero lo que tienen lo pueden usar de forma más adecuada. Se trata de tener ganas, de estar organizado y c tener compromiso”, añadió Colón.
Mientras estos sectores señalan el alegado distanciamiento de la administración Acevedo Vilá, el informe de la UNESCO recomienda que el Proyecto de las Comunidades Especiales sea fortalecido mediante acciones que incluyen órdenes ejecutivas, nuevas políticas públicas, y asignación de recursos fiscales adicionales. Una de éstas es la creación de una orden ejecutiva que elabore una política pública integral sobre la pobreza cuyas iniciativas no sólo beneficien a las 686 comunidades especiales, sino que se extienda a los vecinos de residenciales públicos y áreas rurales. Asimismo, propone además que el Gobernador de Puerto Rico formule otra orden ejecutiva en la que declare una moratoria que permita un período de transición para que actividades económicas que operan al margen de la ley puedan obtener los permisos de rigor sin que se les penalice.

Convocan a apoderarse de estructuras

2006-01-01T17:04:00.000-08:00

Jesús Dávila
Para: El Diario de Nueva York

SAN JUAN/Corresponsal EDLP — En momentos en que en el continente latinoamericano avanzan los movimientos populares, el líder comunal Wilfredo López Montañez hizo un llamado a las llamadas "comunidades especiales" del país a apoderarse de estructuras que permitan impulsar cambios profundos ante la resistencia de sectores poderosos conservadores.

"Tenemos que apoderarnos de las estructuras que impiden que esos cambios que necesita Puerto Rico se den", dijo López Montañez en una entrevista con EL DIARIO-LA PRENSA en la que afirmó que, si bien el gobierno autonomista ha continuado ayudando a las barriadas pobres con la construcción de obras necesarias, las comunidades se enfrentan al muro que intenta levantar "el sector más retrógrado, el sector más poderoso".

El llamado de López Montañez, miembro del comité timón de la Alianza de Líderes Comunitarios, resulta difícil de pasar por alto debido al desarrollo particular que han tenido las barriadas populares en los últimos cinco años de gobierno autonomista. Además, las dificultades económicas que enfrentadas por esta nación caribeña -que ha estado perdiendo a razón de cinco o seis puestos de trabajo cada hora para acumular 48,000 plazas menos en 12 meses- dan a la vez más fuerza al reclamo comunal y más preocupación a los conservadores.

López Montañez dijo que, "para ser justos", hay que reconocer que luego de que la anterior gobernadora autonomista, Sila María Calderón, dejó implantada la ley de las "comunidades especiales" y un fondo de $1,000 millones para proyectos, en el primer año del Gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, se han logrado resolver problemas burocráticos y ya se anticipa que una intensa actividad de construcción de viviendas para el 2006. De igual forma, dijo que se esperan avances significativos en construcciones de obras públicas.

Además, indicó que se espera que continúen aumentando las comunidades pobres a las que se designa como "especiales", lo que les hace acreedoras a fondos y programas de desarrollo.

En Puerto Rico hay cerca de 1,500 barriadas de gran pobreza, de las cuales cerca de la mitad ya han sido incluidas en el programa.

Pero López Montañez insistió en que en los dos aspectos en que las comunidades están encontrando dificultades para desarrollar la autogestión económica y el poder político estriban en que hay funcionarios del propio Gobierno que ignoran la ley y en que sectores pudientes han comenzado a poner obstáculos a propósito. Según afirmó, burócratas, políticos y poderosos han comenzado a ver el proceso de autogestión comunitaria "como algo que no debe de pasar, algo que no se debe permitir".

"Nuestro país está en crisis", dijo López Montañez .

Se quedarán indefensas comunidades especiales si enmiendan ley

2005-09-16T19:15:00.000-07:00

PRIMERA HORA

viernes, 16 de septiembre de 2005

SAN JUAN. - Las 682 Comunidades Especiales de Puerto Rico, donde viven alrededor de un millón de personas, podrían perder el Único recurso que tienen para defenderse de Las expropiaciones forzosas arbitrarias 51 se enmienda La Ley 232 de 27 de agosto de 2004.

La Alianza de Lideres Comunitarios de Puerto Rico y La sección de Desarrollo Comunitario de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico exigieron hoy aL Senado que no considere La aprobación del Proyecto de La Cámara 911 y, de ser aprobado, exhortaron al gobernador Aníbal Acevedo Vilá a que lo vete.

La enmienda eliminaría eL requisito de que se celebren vistas para que la comunidad y Los municipios se pronuncien sobre proyectos de expropiación que afecten a Las Comunidades Especiales y baja deL 75 por ciento aL 50 más uno, los votos necesarios para que se apruebe un proceso de expropiación de viviendas o terrenos.

Los Líderes comunitarios indicaron que La Ley 232, que se aprobó con votos de Los tres partidos durante eL gobierno de Sila Calderón, fue el resultado de un esfuerzo titánico de autogestión comunitaria. Antes de aprobarse la ley que se pretende enmendar, las comunidades especiales eran expropiadas sin consultar.

"Dicha Ley asegura la transparencia y La participación ciudadana en los procesos de expropiación en las comunidades especiales. Con tan solo un año La Ley ha protegido a comunidades especiales en Guaynabo, Caguas y Carolina", expresó el Líder comunitario Jorge Oyola.

Explicó que antes de aprobarse la ley que se pretende enmendar, las comunidades especiales eran expropiadas sin consultar: antes solo se tasaban Las propiedades y Luego se enviaban las cartas de expropiación.

Los Legisladores han atacado La Ley por entender que perjudicaban Los intereses de Los municipios’, añadió.

Puso como ejemplo práctico de los beneficios de La Ley a Lo sucedido en la comunidad Los Filtros de Guaynabo, donde viven 129 familias, en donde un tribunal emitió una sentencia dando la razón a Las primeras cinco familias que hablan recibido cartas de expropiación.

La Ley 232 protege de acciones arbitrarias o ilegales por parte de Los municipios, pero La Asociación y La Federación de alcaldes están ejerciendo una gran presión a los legisladores, expresó Wilfredo López Montañés.

Por su parte, José Figueroa, de la Clínica de Asistencia Legal, aseguró que esta iniciativa no representa un obstáculo para los proyectos de un alcalde que sea beneficioso para La comunidad. La ley da una herramienta para protegerse de La arbitrariedad de Los intereses Lucrativos de Los desarrolladores.

También pusieron corno ejemplo de la protección que ofrece esta Ley a Las comunidades especiales eL caso de La comunidad Villa Caridad de Carolina, donde los proyectos deL alcalde no coincidían con los de La comunidad y esta decidió acudir a Los tribunales.

EL Municipio, dijeron, se echo atrás viendo que La ley les daba La razón a Las comunidades sentó con sus lideres a dialogar después de año y medio de haberlos ignorado.

"No estamos en contra de que el municipio cumpla con su rol de promotor deL desarrollo, estamos en contra de que a costa de desplazamientos forzosos Los municipios impongan su propia visión sin la participación de Las comunidades", sostuvo López Montañés.

Los Líderes comunitarios pusieron como ejemplo de alcalde que dialoga con las comunidades de Bayamón, Ramón Luís Rivera, que facilita la búsqueda de alternativas aceptables para ambas partes.

Comunidades Llevan reclamos al Capitolio

2005-03-12T18:22:00.000-08:00

Por municipalización y expropiación

sábado, 12 de marzo de 2005

Leysa Caro González PARA PRIMERA HORA

Reclaman sus derechos.

Tal y como lo prometieron, líderes de las comunidades especiales abarrotaron ayer el Capitolio para alzar su voz en contra de la legislación que pretende municipalizar ese programa y flexibilizar las expropiaciones en estos vecindarios.
Las medidas presentadas tanto por el Ejecutivo como por miembros de la mayoría parlamentaria eliminarían una exigencia, impuesta por la Ley de Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales, de que antes de expropiar el alcalde realice una consulta entre los residentes, y otra que no sea necesaria la aprobación previa de la Legislatura.
De acuerdo con la ley, sólo se pueden expropiar terrenos de comunidades especiales si se cuenta con el apoyo del 75 por ciento de la comunidad.

Toma del salón de vistas Públicas

Durante la vista de la Comisión de Desarrollo Socioeconómico, Planificación y Asuntos Municipales de la Cámara, los líderes comunitarios- muchos de los cuales tuvieron que escuchar desde afuera o irse por falta de espacio en la sala dejaron establecido que no permitirán que se elimine la consulta comunitaria.
La Alianza de Lideres Comunitarios de Puerto Rico se opone tenazmente a las enmiendas propuestas y a cualquier otra que menoscabe el derecho de los residentes a tener una vida digna, un hogar seguro y un futuro de prosperidad, dijo el dirigente comunitario Wilfredo López Montañés.
Por su parte, Jorge Oyola, presidente del Comité Cívico del barrio Los Filtros de Guaynabo, donde actualmente se realiza un proceso de expropiación forzosa, también se opuso a la enmienda.
Nos oponemos a que la ley 232 sea enmendada. Llegó el momento en que las comunidades tengan un papel más protagónico en la toma de decisiones que alteran su sana convivencia, expresó Oyola.
Les reclamamos el retiro de cualquier proyecto que atente contra el Programa de Comunidades Especiales, pidió Oyola a los miembros de la Comisión.
Carmen Villanueva, otra de las líderes presentes, les solicitó a los legisladores que no les quiten el derecho adquirido, ya que seria un acto de injusticia y nunca los alcaldes aprenderían a respetar las comunidades.

Los líderes desean además que se haga un estudio minucioso sobre cómo se transforma la calidad de vida de las comunidades que enfrentan un proceso de expropiación, que nos ayuden a cambiar esa actitud de incomprensión, insensibilidad y falta de comunicación por parte de los alcaldes y que se multe a los ejecutivos municipales que no cumplan con la ley, lo cual actualmente no está establecido.

Jorge Oyola, Presidente comunidad Los Filtros en Guaynabo y miembro del comite timón de la Alianza

Si realmente se pretende ayudar a la comunidad, no es necesario expropiar. El Municipio puede y debe entrar en un proceso de negociación con la comunidad, apuntó Oyola tras añadir que haremos todo lo posible por evitar que los municipios tengan el espacio para usurpar nuestro derecho a la autogestión.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Socioeconómico, José Chico Vega, aseguró que de aquí no va a salir ningún proyecto de ley que no lleve la participación de la ciudadanía.
Chico Vega propuso que se establezca que los terrenos expropiados regresen para vivienda de interés social y que se tomen en consideración las personas que viven en casas alquiladas al momento de la expropiación.

Lideres de comunidades especiales contra la municipalización del proyecto

2005-03-10T18:44:00.000-08:00

Inundarán el Capitolio
jueves, 10 de marzo de 2005
Maritza Díaz Alcaide PRIMERA HORA
Prometen abarrotar el Capitolio los lideres de las comunidades especiales ante legislación que busca municipalizar ese proyecto y flexibilizar las expropiaciones en las comunidades más pobres.
Uno de los portavoces de la Alianza de Líderes de las Comunidades Especiales, Wilfredo López Montañés, indicó que mañana, a la 1:00 de la tarde, las comunidades se harán escuchar en vista pública ante la Comisión de Desarrollo
Socioeconómico, Planificación y Asuntos Municipales de la Cámara, que estudia las medidas presentadas tanto por el
Ejecutivo como por miembros de la mayoría parlamentaria.
Vamos a llenar el Capitolio con miembros de las comunidades. No se puede permitir que se desmantele el programa, dijo López Montañés ante las intenciones de la Legislatura novoprogresista de entregarles el proyecto a los municipios.
Reclamo a alcaldes populares
El líder comunitario de Aguas Buenas urgió ayer de los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) que cumplan la promesa de campaña de esa colectividad política de que no se desintegraría el Programa, ni tampoco se accedería a la propuesta de Pedro Rosselló de entregárselo a los municipios.
El Partido Popular lo prometió, recalcó López Montañés, quien hizo la salvedad de que la Alianza no está opuesta a que los gobiernos municipales y sus alcaldes sean parte del desarrollo de las comunidades.
Son piezas importantes... Lo que pasa es que muchos alcaldes no quieren bajo ninguna circunstancia que los líderes de las comunidades pobres sean quienes evalúen esos procesos, dijo.
Prometieron estar presentes mañana en el Capitolio miembros tanto de la Alianza como de la Coalición de Líderes de San Juan, de la Coalición del Este y de la Asociación de Residentes de Los Filtros, en Guaynabo.

Ajustes en las Comunidades Especiales, Gobernador se reúne con Líderes vinculados al Programa

2005-02-25T19:35:00.000-08:00

viernes, 25 de febrero de 2005
Maritza Díaz Alcaide PRIMERA HORA

El gobernador Aníbal Acevedo Vilá anunció ayer la reestructuración del Programa de Comunidades Especiales.

Tras reunirse con el liderato de las comunidades más pobres, el Gobernador informó que integrará a la Oficina de Comunidades Especiales las tareas relativas a los proyectos de infraestructura, cuya agilización el pasado gobierno dejó en manos de una directoria adscrita a Fortaleza, organismo que ahora desaparecerá.

Se quedará el Consejo Asesor que presidía la ex gobernadora Sila M. Calderón, ahora bajo el mando del nuevo Mandatario. En Fortaleza actuarán como ayudantes de Comunidades Especiales el ayudante de bienestar social y el de infraestructura.

La Oficina, en síntesis, queda como la única responsable de supervisar y darles seguimiento tanto a los proyectos de infraestructura -entre éstos los de vivienda- como a los de autogestión comunitaria.

Esta reestructuración fortalece el programa porque coloca en una sola entidad la responsabilidad primaria sobre las obras y los proyectos de apoderamiento comunitario y eso lo hace más eficaz. Hoy la OCE prácticamente no tiene ninguna injerencia con las agendas que tienen asignado el dinero”, dijo el Gobernador, quien rodeado de lideres de las comunidades aceptó que debió haberlos recibido antes.

La reestructuración de comunidades especiales será evaluada por el liderato, pero ayer Wilfredo López Montañés, del barrio Sonadora de Aguas Buenas, dijo que le preocupa que la Oficina vaya a concentrarse en obra física y que puedan sufrir los programas de autogestión.
En lo económico, Acevedo Vilá dio a conocer que estará ordenando que del Fondo de Mil Millones, que separó el gobierno de Calderón para proyectos en las comunidades, se asignen $30 millones para nueva inversión en 25 comunidades adicionales a las existentes.

Antes de abandonar el Gobierno, la administración Calderón comprometió mediante contratos los fondos del Fideicomiso, pero según explicó el Primer Ejecutivo, los $30 millones a identificarse son “sobrantes” de esa obra proyectada.

En su programa de Gobierno, el Partido Popular prometió designar 100 nuevas comunidades especiales y que se habría de establecer por ley para el Programa un porcentaje fijo de presupuesto de mejoras capitales.

En la reunión de ayer no se habló nada acerca de esa legislación, ni sobre cómo se habrá de nutrir el Fondo Perpetuo en los próximos años fiscales.

Sin cambio sobre expropiaciones

El encuentro de Acevedo Vilá con los lideres de la Alianza de Lideres de Comunidades Especiales y con la Coalición de Lideres de San Juan fue descrito por todos como productivo, aunque no se logró un acuerdo sobre el tema que provocó la reunión: el proyecto de administración que facilitaría la expropiación en las comunidades especiales.

El Gobernador se mantuvo firme en su propuesta de eliminar el aval legislativo previo a las expropiaciones forzosas, advirtiendo que lo importante es el veto que los residentes puedan ejercer mediante consulta.

El liderato de las comunidades pobres hizo lo propio al pedirle al Mandatario que no se toque el estatuto vigente, que provee ambas providencias.

Mi proyecto en lo más mínimo trastoca el aspecto de la consulta a las comunidades, que es el aspecto esencial en tema de las expropiaciones, dijo el Gobernador, al plantear que contrario a lo que piensan los líderes comunitarios, sacar a la Legislatura del proceso los pone a ellos en mejores condiciones.

Según dijo, con la ley vigente una minoría puede recurrir a “políticos” en la Asamblea Legislativa y lograr que se apruebe una expropiación.

Los líderes comunitarios plantean todo lo contrario: que temen que los alcaldes puedan ejercer su influencia y manipular a los residentes para conseguir expropiar.

Las partes acordaron ayer que las vías de diálogo se mantienen abiertas y que los
planteamientos del Gobernador serán llevados ante el liderato de base de cada comunidad.
Hubo un compromiso de la nueva directora de la OCE, Julia Torres, de reunirse mensualmente con el grupo de líderes que visitó ayer Fortaleza.

Acevedo Vilá acepta falló en no dialogar con comunidades

2005-02-24T18:54:00.000-08:00

PRIMERA HORA> PANORAMA
jueves, 24 de febrero de 2005
SAN JUAN (EFE).- El gobernador Aníbal Acevedo Vilá aceptó hoy que debió haber dialogado con los lideres de las comunidades especiales antes de presentar una enmienda a la ley que protege a esos sectores pobres de la expropiación forzosa.
Durante una reunión que sostuvo hoy con representantes de la Alianza y la Coalición de Lideres Comunitarios, el mandatario aceptó que debió dialogar con ellos antes de presentar la enmienda, a la que se oponen los dirigentes de comunidades especiales.
No fue el mejor proceder de mí parte que el proyecto se hubiese presentado sin haberlo hablado con ellos primero. Esa es una responsabilidad mía y frente a ellos les dije que no debió suceder”, manifestó el Gobernador en una rueda de prensa junto a los líderes comunitarios.
“Este diálogo, donde yo les explicara a ustedes las virtudes, según desde mí punto de vista de ese proyecto, debimos haberlo tenido antes de que yo lo hubiera presentado y se lo dije a ellos como punto de partida a esta discusión”, agregó Acevedo Vilá.
Hace varias semanas, y luego de una reunión con los presidentes de la Asociación y la
Federación de Alcaldes, el Gobernador presentó una enmienda a la Ley de Comunidades
Especiales para eliminar la disposición de que las expropiaciones en alguno de esos lugares
pobres tuviese que pasar el crisol de la Asamblea Legislativa.
La ley actual dispone que cuando un Alcalde pretenda expropiar a residentes de una comunidad especial, necesitará la aprobación del 75 por ciento de los vecinos y la aprobación de la Legislatura mediante una Resolución Concurrente.
La enmienda del Gobernador pretende eliminar el requisito del aval de la Rama Legislativa.
“Si un Alcalde lo propone y 75 por ciento está de acuerdo, por qué ponerlo en manos de la Asamblea Legislativa y de lo que quiera el 25 por ciento?, justificó el mandatario.
Tenemos que estar vigilantes, entendemos que la ley debe quedarse como está, enfatizó Carmen Villanueva, presidenta de la Coalición de Lideres Comunitarios de San Juan.
Villanueva calificó como peligroso el hecho de que el Gobierno intente abrir la puerta para realizar cambios a la Ley de Comunidades Especiales.
Agradeció al Gobernador por darles espacio para hablar con él.
Invitó a los líderes de la Federación y la Asociación de Alcaldes a que dialoguen con los líderes comunitarios.

Expropiar no es sinónimo de desarrollo’, enfatizó.
Después de ese esfuerzo tan grande y tan contundente y que entendernos es uno de los logros más significativos que han tenido las comunidades en los últimos años y décadas, nosotros no podernos perder ese derecho que ya hemos adquirido y las comunidades no estarnos dispuestas a perderlo’, explicó Wilfredo López Montañés, líder comunitario de Aguas Buenas.
Jorge Oyola, dirigente de la comunidad especial Los Filtros en Guaynabo, explicó a EFE que el alcalde de ese municipio, Héctor ONeill, está esperando que se apruebe el estatuto para expropiar, pero aún no tienen base para llevar el caso a la corte”.
Según Oyola, la Ley tal corno está ahora protege a la comunidad.
Indicó que el legislador Jorge Navarro presentó un proyecto de ley para que se eliminaran todos los requisitos para expropiar en las comunidades especiales.
Los líderes comunitarios hablaron con él y Navarro retiró la medida, pero al día siguiente la volvió a presentar, dijo Oyola.

Reestructurado para una mejor coordinación el Programa de Comunidades Especiales

2005-02-24T11:51:00.000-08:00

San Juan, Puerto Rico - Con el propósito de fortalecer el Programa de Comunidades Especiales y mejorar la coordinación de los proyectos de infraestructura en desarrollo y futuros, el Gobernador Aníbal Acevedo Vilá anunció hoy una reestructuración de sus componentes para que sean supervisados desde la Oficina para el Financiamiento Socio-económico y Autogestión, mejor conocida como la Oficina de Comunidades Especiales.

Tras una reunión con representantes de la Alianza y la Coalición de Líderes Comunitarios, el Gobernador informó que esta oficina -que le responderá directamente a La Fortaleza- será responsable de supervisar y darle seguimiento a los proyectos de autogestión e infraestructura que están ahora mismo en los Departamentos de Vivienda y de Transportación y Obras Públicas y en la denominada Directoría de Comunidades Especiales.

“Esta reestructuración, con la que coinciden los líderes comunitarios, fortalece este programa porque coloca en una sola entidad la responsabilidad primaria sobre las obras y los proyectos de apoderamiento comunitario, combinando efectivamente la parte de infraestructura y el componente social y comunitario, que tan importante es para los miembros de las comunidades y para el éxito de los cambios deseados en estas comunidades”, dijo el Gobernador.

El Gobernador indicó que como parte de su compromiso firme con el fortalecimiento de este programa, dio instrucciones para que se separen $30 millones del fondo de mil millones para nueva inversión en 25 comunidades especiales adicionales a las existentes, que deberán ser identificadas este año por la directora del Programa, Julia Torres, para comenzar a tomar los pasos dirigidos a cumplir el compromiso programático de extender a 100 comunidades más los beneficios de este programa.

Actualmente, el DTOP tiene 1,674 proyectos en construcción en 411 comunidades para una inversión de $282.2 millones. Tiene en subasta y contratación otros 88 proyectos para 16 comunidades, con una inversión estimada en los $15 millones y en diseño tiene otros 78 proyectos por $9 millones para 15 comunidades.

El Departamento de la Vivienda, por su parte, tiene 90 proyectos en diseño; 6 proyectos en subasta; 31 proyectos en contratación; 105 proyectos en construcción y 62 proyectos terminados para un total de 294 proyectos.

Torres, quien también estuvo en la reunión e hizo una presentación a los líderes comunitarios sobre su plan de trabajo, dijo que sus proyectos prioritarios son:

el “proyecto educativo atendiendo a la juventud”, cuya meta es que todo estudiante de undécimo y duodécimo grado de escuela superior de las comunidades tenga acceso a la información y a las alternativas reales que los integren al mundo del trabajo;

el proyecto de fortalecimiento familiar para promover intervenciones y estrategias educativas y apoyo psicosocial con el fin de desarrollar la autogestión y las destrezas y el conocimiento necesarios para la prevención del maltrato de menores, la violencia doméstica, el uso de sustancias controladas, la deserción escolar y el desempleo;

el desarrollo de un nuevo liderato de mujeres dirigido a las necesidades específicas de las mujeres que residen en las comunidades especiales capacitándolas en salud, educación y desarrollo económico, y;

el proyecto de desarrollo socioeconómico y empresarial para crear alianzas entre las comunidades y el sector privado y promover el desarrollo de empresas comunitarias.

Gobernador evalúa reclamos de líderes comunitarios

2005-02-23T11:37:00.000-08:00

San Juan, Puerto Rico – La Secretaria de Estado, Marisara Pont Marchese, se reunió hoy con miembros de la Alianza de Líderes Comunitarios para evaluar los planteamientos y las preocupaciones que tienen sobre el proyecto del Gobernador que enmienda la Ley de las Comunidades Especiales para eliminar el requisito de consulta a la Asamblea Legislativa en procesos de expropiación.

“Fue una reunión de trabajo muy positiva y muy cordial en la que les expresé a los líderes de la Alianza que comunicaré al Gobernador sus preocupaciones”, dijo la Secretaria de Estado, que estuvo acompañada en la reunión por los asesores del Gobernador en Asuntos Municipales e Infraestructura, Jose Nadal y Javier De Jesús, respectivamente.

La reunión realizada hoy es la primera de dos reuniones que se realizarán esta semana en La Fortaleza. Mañana jueves, el Gobernador recibirá en el Salón Gabinete a representantes de la Alianza y de la Coalición de Líderes Comunitarios.

“El Gobernador tiene un compromiso firme con las comunidades especiales y el fortalecimiento de este programa. Así se lo expresé a los líderes en la reunión y estoy segura que el Gobernador hará lo propio en el día de mañana”, dijo Pont Marchese.