Suspicacia en el liderato comunal

Por Myrna Vázquez / Presidenta de la Junta Comunitaria de Las Carolinas para El Nuevo Día

Reiteran rechazo a la descentralización pese a expresiones de Acevedo Vilá

San Germán - Líderes de varias comunidades especiales reaccionaron con recelo ante las manifestaciones del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, quien indicó que el Programa de Comunidades Especiales no será municipalizado.

Ante la propuesta de descentralizar el gobierno, contenida en el Plan de Desarrollo Económico y Transformación de Gobierno para Puerto Rico, los líderes, a pesar de las expresiones del Gobernador, aún cuestionan cómo exactamente se afectarán las comunidades especiales.

Coincidieron en que las expresiones de Acevedo Vilá, quien señaló el viernes que “no hay ningún cambio en la política pública de cómo administrar el Programa de Comunidades Especiales”, no satisfacen las interrogantes planteadas públicamente por los líderes.

Según Acevedo Vilá, en el esfuerzo de agilizar la obra pública en estos sectores, la encomienda de construirla podría caer en manos de los alcaldes.

“¿Cuándo es que los proyectos marchan y logran completarse de la manera más adecuada? Cuando la comunidad está integrada y toma control de la fiscalización del proyecto. Los alcaldes no quieren que la comunidad esté integrada porque así pierden parte del control que ellos tienen”, dijo Wilfredo López, de la comunidad Sonadora en Aguas Buenas.

El pasado jueves, líderes comunitarios de las regiones de Mayagüez-Aguadilla y San Germán se reunieron en el Centro Comunal de la Comunidad Especial Trastalleres, donde resolvieron rechazar la llamada “descentralización” de este programa gubernamental.

“Estoy en total desacuerdo con que se municipalicen las Comunidades Especiales porque significaría que un proyecto de justicia social se politice”, expresó Pedro Martínez, vecino de Río Arriba, en Añasco, una de las 26 nuevas comunidades especiales designadas durante este cuatrienio.

Los líderes exigieron a Acevedo Vilá que ponga en práctica el compromiso contraído con el liderato y reafirmado el pasado jueves 19 de octubre, cuando aseguró apoyar la política pública que emana de la Ley 1 del 1 de marzo de 2001, que creó el Programa de Comunidades Especiales.

“La pasada semana el Gobernador reafirmó su apoyo a las Comunidades Especiales, la municipalización va en contradicción a lo señalado por el Primer Mandatario del País”, expresó Edwin Serrano, de La Tea, en San Germán.

De igual modo, los líderes exigieron que se cumpla el compromiso firmado el 6 de octubre de 2004 por Acevedo Vilá, entonces candidato a la gobernación, de “promover y propiciar que los líderes de las Comunidades Especiales participen en la toma de decisiones en cuanto a la planificación y ejecución de cualquier plan que los afecte directa o indirectamente”.

Los líderes expresaron su indignación ante lo que consideran que es un nuevo intento de menoscabar y lacerar los principios que fundamentan la Ley 1.

A la reunión del jueves asistieron miembros de las juntas comunitarias de Dulces Labios, Central Igualdad, Salud, Rosario, Corcovada, Río Arriba, Trastalleres, Caguabo, Colacho, La Tea, Sabana Eneas, Las Carolinas y Toro Negro.

Objetan plan de municipalizar servicios a las comunidades

Por Gladys Nieves Ramírez para El Nuevo Dia

Residentes de sectores pobres del oeste piquetearon contra esta intención

Mayagüez - Rosa Miriam Santiago lleva más de diez años pidiéndole ayuda al municipio de Mayagüez para arreglar su casa, ya que dice que vive en “condiciones bien infrahumanas”.

Hasta la fecha no había tenido suerte, pero con el programa de Comunidades Especiales, su casa de madera en Dulces Labios será reconstruida, dijo.

Por eso decidió participar ayer en el piquete que realizaron líderes de unas 20 comunidades especiales de Añasco, Cabo Rojo, Mayagüez, Rincón y San Germán frente a la Fortaleza del Oeste en Mayagüez. El propósito de la manifestación fue protestar por la supuesta intención del gobierno de municipalizar el programa de Comunidades Especiales.

Los manifestantes dijeron que los alcaldes usarán los fondos del Fideicomiso de Comunidades Especiales para hacer política y adelantar sus intereses. Añadieron que desmantelarán el proceso de apoderamiento de las comunidades que se está llevando a cabo a través de las juntas comunitarias.

El pasado viernes el gobernador Aníbal Acevedo Vilá aseguró que no tiene intención de municipalizar el programa y recalcó que lo que persigue el Plan de Desarrollo Económico y Transformación del Gobierno para Puerto Rico es descentralizar las operaciones para agilizar los proyectos.

“No podemos descansar en esas manifestaciones que hizo el Gobernador porque hay unos intereses de algunos alcaldes que quieren coger esos fondos para politizar todo el proceso y todo el trabajo que hemos realizado se va a perder. Los municipios van a coger a su gente para hacer el trabajo”, señaló Orlando Serrano Valle, del barrio Salud en Mayagüez. “Si esto pasa al municipio, nos quedaríamos sin nada”, declaró la mayagüezana Angie Rodríguez, del barrio Dulces Labios.

Miguel Santana, del Retiro en San Germán, enfatizó que lo más importante del programa no son los proyectos de construcción y mejoras, sino el desarrollo de líderes en todos los barrios. “Se está levantando una revolución en las comunidades que va a hacer un nuevo Puerto Rico. Ahora mismo hay un apoderamiento de los residentes,” dijo Santana.

“Ellos mismos se están encargando de limpiar las comunidades, apoderarse de sus centros comunales, levantar micro empresas. La calidad de vida está mejorando y no queremos que eso se pierda”, planteó.

La directora de la Fortaleza del Oeste, Lourdes Ríos, atendió a los manifestantes y prometió gestionar una reunión con el secretario de la Gobernación, Jorge Silva Puras.

Comunidades de Guaynabo luchan contra el desalojo

Perla Franco CLARIDAD

Con la intención de despojar a las comunidades pobres de sus terrenos, - muchos de ellos valiosos para los desarrollista por su ubicación-, la pasada semana se bajó por descargue una medida en el Senado, aprobada hace un año atrás de la Cámara de Representantes (P. de la C. 911) que cambiaría la ley 232 de marzo de 2001 o Ley de Desarrollo de las Comunidades Especiales que impide a los municipios desalojar a sus residentes sin el consentimiento del 75 por ciento de ellos y sin el aval de la Legislatura.

El pasado jueves el Senado aprobó la medida que eliminaría ambos requisitos de la ley 232. Cuando los residentes de varias comunidades especiales se enteraron se dieron cita frente al Capitolio para solicitar a los senadores que reconsideraran la aprobación. Luego de un intenso cabildeo lograron que ese cuerpo aprobara retirar la medida. La recomendación de reconsideración fue llevada ante el pleno de ese cuerpo por el senador Antonio Fas Alzamora, quien había votado a favor de ella el jueves, y secundada por el también senador Cirilo Tirado. Otros 15 senadores apoyaron el pedido. Fue así como la medida fue devuelta a la Comisión. Aun así los residentes de comunidades especiales no se confían en que no se intente impulsar en la próxima sección legislativa en agosto. Ante esa posibilidad, dijeron, se mantendrán alertas.

Lo curioso del proyecto, detrimental para las comunidades, es que se alegó que las presiones para aprobarla vinieron principalmente del alcalde de Guaynabo Héctor O’Neill, quien tiene interés en los terrenos de las comunidades de Los Filtros y Mainé. Sin embargo, el proyecto original provino del Gobernador y se dice que fue traído a consideración del Senado como parte de un acuerdo para que a cambio de su aprobación se confirmara sin obstáculos al representante Carlos Vizcarrondo a juez del Tribunal de Apelaciones.

CLARIDAD conversó con los líderes de estas dos comunidades, Jorge Oyola, de la Comunidad de Los Filtros y Aníbal Cruz, de Mainé, quienes explicaron la amenaza que se cierne sobre ellos.

Los Filtros

La comunidad de Los Filtros en Guaynabo lleva unos 90 años de establecida, explicó Aníbal Oyola. “Actualmente residen en el lugar unas 90 familias de unas 129 que éramos en total”, añadió. Esa área la componen 12 cuerdas ubicadas en el centro de las urbanizaciones más caras de ese pueblo. Cercanos se están desarrollando edificios de apartamentos cuyos costos fluctúan en los $800 mil dólares. Las intenciones de desalojar a sus residentes datan del año 2002. Para entonces, el Alcalde negaba las intenciones de desahucio que posteriormente reconoció con planes para un proyecto en el área.

Desde entonces, los residentes de Los Filtros comenzaron a organizarse, fueron declarados comunidad especial tras esfuerzos de su junta comunitaria. Además, comenzaron a orientarse sobre sus derechos ciudadanos con la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, quien actualmente los representa. También impulsaron que la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico les diseñara unos planos de desarrollo basado en las necesidades de sus residentes. En agosto de 2004 la lucha de éstos y otros residentes de comunidades especiales logró la aprobación de la ley 232 que actualmente los cobija pero que tanto el poder ejecutivo como el legislativo actuando en contubernio han tratado de desalojarlos.

Aunque en varias ocasiones la junta de residentes ha presentado los planos públicamente y ha escrito cartas al Alcalde manifestándole sus interés de reunirse con él, el Alcalde se ha negado y ha dicho que estaría dispuesto a reunirse con los arquitectos pero no con la comunidad. Pero tampoco esto ha sucedido. Los residentes han dejado claro que no se oponen a mejorar la comunidad, lo que exigen es que se les respete sus derechos como ciudadanos y como comunidad organizada. Pero “él (alcalde) prefiere poner en bandeja de plata a los desarrollistas esos terrenos que son costosísimos”, señaló Oyola.

Mainé

Mainé es otra comunidad de Guaynabo con más de 70 años de existencia que ya siente sobre sus hombros los efectos de la expropiación por parte del municipio, según detalló Aníbal Cruz. De unas 45 familias que eran originalmente, ya sólo quedan 15. El descuido hacia la infraestructura de la comunidad fue una estrategia del gobierno para desalentar a algunos que terminaron aceptando salir del lugar.

Esa expropiación ha sido posible porque la comunidad no está clasificada como una comunidad especial aunque han hecho todos los esfuerzos porque así la declaren. Los residentes del área, según Cruz, nunca han recibido explicaciones de por qué no los han considerado como una comunidad especial.

Pero las 15 familias que quedan en el lugar “estamos luchando”, aseguró Cruz. Reconocen que por el valor actual de los terrenos donde ubican sus residencias la lucha será ardua.

Este jueves 29 de junio los residentes apoyarán a uno de los residentes, José Cortes, quien tiene una orden de expropiación e impugnará la orden con el apoyo de otros residentes. La Clínica de Asistenta Legal de la UPR atenderá el caso en el Tribunal este jueves a las 9:00 en la sala 1003. CLARIDAD supo que ya hay otras órdenes de expropiación pendientes en el Tribunal.

Pero las casas ya expropiadas fueron derrumbadas por el municipio, detalló el líder comunal. Incluso, tienen en la comunidad la máquina que usan para demoler las residencias que Cruz explicó reducen con máquina en menos de una hora hasta convertirlas en escombros. “Ese es un choque emocional, ver cómo destruyen nuestra comunidad. Es un atropello contra nosotros”, declaró Cruz. Aclaró que no se oponen a que se hagan mejoras a la comunidad, pero quieren seguir viviendo en el lugar que identifican como su hogar y están dispuestos a defender.

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Se apuntan otra las comunidades especiales

Manuel Ernesto Rivera  PRENSA ASOCIADA lunes, 26 de junio de 2006

La presión y el cabildeo de representantes de las comunidades especiales logró que en la madrugada del lunes el proyecto que otorgó a los alcaldes la potestad de expropiar a estos sectores sin la participación de sus vecinos, regresara a la Comisión senatorial de Gobierno.

El Proyecto de la Cámara 911 regresó para análisis de la referida comisión luego que el senador popular Antonio Fas Alzamora presentara una moción para que se reconsiderara su voto inicial sobre la medida.

La moción fue aprobada al obtener 15 votos.

Ante el nuevo escenario, prevalece el requisito establecido por ley para que un ejecutivo municipal tenga el consentimiento del 75% de la comunidad para realizar la expropiación y conseguir el aval legislativo, así como del gobernante de turno.

La senadora independentista, María de Lourdes Santiago, catalogó como positivo que el proyecto regrese a comisión para un análisis más profundo en aras de contrarrestar el poder absoluto de los ejecutivos municipales para expropiar a las comunidades de escasos recursos económicos.

"Preferiría ver muerto cualquier proyecto que vaya en contra de las comunidades especiales, pero no estaría mal que se enviara nuevamente a comisión para un mayor análisis", indicó la senadora a Prensa Asociada.

La medida en cuestión, que fue aprobada en la Cámara el año pasado, volvió a la palestra el jueves luego que el Senado la aprobó por descargue, contando con los 14 votos mínimos para su aval.

Santiago denunció que el proyecto no figuraba en el calendario legislativo de ese día, y catalogó como "sorpresivo" la consideración sin previo aviso de la medida que llevaba ante la consideración de la Asamblea Legislativa desde febrero de 2005.

El alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, es uno de los principales críticos de la Ley 1 de 2004 sobre el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales, aprobada bajo la administración de la ex gobernadora Sila M. Calderón.

La medida se aprobó en medio del proceso deliberativo del Senado sobre el proceso de confirmación del representante popular Carlos Vizcarrondo como juez del Tribunal de Apelaciones.

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Cabildean contra proyecto de expropiación de terrenos

Leonardo Aldridge  PRIMERA HORA

Medio centenar de líderes y residentes de algunas de las 686 comunidades especiales a través del país acudieron ayer al Capitolio para cabildear en la Cámara contra un proyecto aprobado en el Senado que les permite a los alcaldes expropiar los terrenos donde ellos viven.

Entrada la noche de ayer, la Cámara se aprestaba a derrotar la medida originada en el Senado y dejar vigente la ley que exige que cualquier expropiación de terrenos en comunidades especiales cuente con una resolución conjunta de la Asamblea Legislativa y que los residentes de los sectores afectados participen en la toma de decisiones durante el proceso.

Residentes de las comunidades especiales - muchas de ellas ubicadas en terrenos carísimos en términos de bienes raíces- afirmaron en un piquete frente al Capitolio que la amenaza de las expropiaciones no es una preocupación abstracta, sino muy inmediata y real, y que los intereses de desarrollar costosas viviendas podrían acelerar ese proceso.

"Es una amenaza muy real y no es un temor infundado. De hecho, ya hay comunidades que están en proceso de ser expropiadas, pero ahora contamos con esta medida que es una protección a las comunidades pobres y que podría desaparecer", dijo Tito Figueroa, líder comunitario de Toro Negro en Ciales.

Una mayoría senatorial avaló la semana pasada el Proyecto del Senado 911, que eliminó restricciones para que los alcaldes puedan expropiar a los residentes de comunidades especiales.

Con pancartas como "Senadores se venden a un hojalatero", los manifestantes de las comunidades especiales identificaron al alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, como el principal gestor de la medida aprobada en el Senado. También reiteraron que se negoció el nombramiento del representante popular Carlos Vizcarrondo como juez apelativo a cambio de la aprobación de la medida.

"Él quiere expropiar todas las comunidades especiales allí en Guaynabo para construir grandes casas", indicó Jorge Oyola, de la Alianza de Líderes Comunitarios de Puerto Rico.

Oyola, de la comunidad Los Filtros de Guaynabo, sostuvo que O'Neill ha dicho lo que otros alcaldes no se han atrevido a manifestar, pero que quisieran ver materializado. "Se están afilando los colmillos", dijo.

O'Neill ha reconocido en entrevistas periodísticas que su visión de desarrollo para Guaynabo -uno de los municipios con el ingreso per cápita más alto de todo Puerto Rico- es propiciar comercios y viviendas para sectores adinerados.

Pero los residentes de Guaynabo no eran los únicos preocupados por la medida y en la manifestación de ayer hubo representación de comunidades de Añasco, Dorado, San Germán, Isabela, Cabo Rojo, Ciales y otros pueblos.

"La expropiación es destrucción", fue una recurrente consigna en la actividad de ayer frente a las escalinatas del Capitolio, desde donde el más de medio centenar de activistas entró a la Casa de las Leyes para presenciar los trabajos legislativos.

Los líderes comunitarios resaltaron el peligro en que los alcaldes puedan decidir arbitrariamente la suerte de miles de residentes que llevan años viviendo en un mismo lugar, en una comunidad con fuertes lazos, para priorizar el desarrollo urbano para unos pocos y que genera dinero a corto plazo para los municipios.

Durante toda la sesión senatorial se especuló que alguno de los senadores que votaron a favor de la medida podrían pedir que se reconsideraran sus votos, pero entrada la noche esa movida no había sucedido y parecía académica, una vez la Cámara dejó saber que no prosperaría en ese cuerpo legislativo.

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Rechazo a ser expropiados

Ricardo Cortés Chico / end.rcortes@elnuevodia.com

Las comunidades ven a grandes intereses detrás de la medida.

Mayagüez – Los senadores que votaron a favor del proyecto de ley que eliminaría la participación ciudadana en el proceso de expropiación de las comunidades especiales sufrirán las consecuencias en las próximas elecciones, a menos que se retracten hoy, antes de concluir la sesión.

Así lo advirtió ayer un nutrido grupo de líderes comunitarios, mientras organizaban la movilización de cientos de residentes hasta el Capitolio para exigir la reconsideración de la medida.

El proyecto se aprobó el año pasado en la Cámara de Representantes y en el Senado el pasado jueves. La medida enmienda la Ley 232, aprobada exclusivamente para las comunidades especiales.

Con la enmienda se podrán realizar expropiaciones forzosas sin el aval de la Legislatura y del 75% de los residentes. Los legisladores tienen hasta hoy para cambiar su voto.

“Lo que necesitamos es que retracte su voto uno de los que favoreció la medida. Es una herramienta que tenemos para proteger nuestras comunidades”, dijo Leira Damiani, una portavoz del grupo.

Felipe Muñiz González, de la comunidad El Rosario en Mayagüez, dijo que los esfuerzos de los líderes comunitarios se han concentrado en exigir un cambio en la votación de los senadores Eudaldo Báez Galib, Antonio Fas Alzamora, Juan Eugenio Hernández Mayoral y José Luis Dalmau, quienes irónicamente favorecieron la Ley 232 en el 2004.

No obstante, en la tarde de ayer, ninguno de los senadores había contestado sus llamadas. “Es como si se estuvieran escondidos”, sentenció.

Para Miguel Santana, residente de El Retiro en San Germán, las enmiendas responden a la presión de varios desarrolladores interesados en los terrenos donde ubican las comunidades.

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Reviven de la nada un proyecto "muerto"

Irene Garzón Fernández  PRIMERA HORA

Tras bambalinas.

Un entrejuego político está detrás de la aprobación por el Senado de un proyecto de administración relacionado con la expropiación en comunidades especiales, el cual bajó "sorpresivamente por descargue" en la sesión del jueves.

A pesar de que el proyecto se consideraba "muerto" en el Senado, de repente fue descargado, sin informe, en medio de rumores que lo ataban a la confirmación del nombramiento de Carlos Vizcarrondo como juez apelativo, como mecanismo para presionar a los senadores populares que se oponían a la medida, y de supuestas presiones del poderoso alcalde penepé de Guaynabo, Héctor O'Neill, para que se refrendara.

Todavía anonadada por la aprobación del Proyecto de la Cámara 911, la senadora pipiola María de Lourdes Santiago dijo ayer a este diario que "lo bajaron por sorpresa, por descargue" y "para lograr los votos comenzaron a correr el rumor de que de esa medida dependía el cargo de Vizcarrondo" en el Apelativo.

Santiago rechazó cualquier negociación de escaños al Apelativo para "sacar gente pobre de sus casas".

Además, acusó al alcalde O'Neill de estar "empujando el proyecto porque está detrás de las comunidades especiales de Los Filtros y Maine", de Guaynabo. También le imputó al alcalde popular de Carolina, José E. Aponte de la Torre, estar tratando de expropiar la comunidad Villa Caridad. "Los alcaldes tienen mucho interés (en la medida)", acotó.

El proyecto fue enviado por el gobernador Aníbal Acevedo Vilá a la Legislatura el 3 de febrero de 2005 y Santiago denunció al día siguiente que se trataba de una "alianza" entre alcaldes populares y penepés contra los pobres debido a que facilitaría la expropiación en comunidades especiales.

La medida enmienda la Ley 1 de marzo de 2001, conocida como Ley para el Desarrollo Integral de Comunidades Especiales, el proyecto estrella de la administración de Sila M. Calderón, a los fines de derogar la obligación de que la Legislatura autorice estas expropiaciones.

Santiago recalcó que "no sólo quitaron el requisito de la Resolución Conjunta (aprobada por la Legislatura y el Gobernador para autorizar cualquier expropiación) sino que (el jueves) en el Senado le hicieron una enmienda en el hemiciclo para eliminar la consulta comunitaria" para dar el visto bueno a una expropiación.

"Ahora es el arbitrio exclusivo del alcalde", precisó Santiago, al indicar que el proyecto tiene que devolverse a la Cámara para que concurra con la enmienda introducida en el Senado. Anunció que ya comenzó a trabajar con las Comunidades Especiales, "para que cabildeen y ejerzan presión" en la Cámara. para que no concurra con la enmienda. De hecho, informó que ayer tuvo una reunión con residentes de Los Filtros.

Según la AP, la senadora rosselista Norma Burgos hizo ayer una sugerencia similar a los residentes de las comunidades especiales para que exijan la paralización de la medida, a la vez de que en la sesión senatorial de mañana se pida la reconsideración del proyecto.

La Ley de las Comunidades Especiales exige el consentimiento de las comunidades y el aval de la Legislatura antes de proceder con una expropiación.

La medida, que había sido radicada en ambos cuerpos legislativos, se creía muerta en el Senado, a pesar de que la Cámara la aprobó el 22 de junio de 2005, con 41 votos a favor; dos en contra del popular Jorge Colberg y del pipiolo Víctor García San Inocencio, así como el voto abstenido del penepé Jorge Navarro Suárez.

Faltaron a su compromiso

Santiago dijo a PRIMERA HORA que cuando la medida se vio en vistas públicas, "en el Senado había un compromiso" del presidente de la Comisión de Reglas y Calendario, Jorge de Castro Font, "de que el proyecto no se iba a aprobar".

Dijo que cuando los populares radicaron el proyecto de administración en el Senado, algunos miembros de la delegación -como Sila Mari González, Cirilo Tirado y Antonio Fas Alzamora- pidieron que se retiraran sus nombres de la medida.

El proyecto no figuraba en el calendario de medidas de la sesión del jueves. Se descargó "por sorpresa" y al momento de considerarse Santiago dijo que ella no estaba en el hemiciclo sino en una vista pública de la Comisión de Educación que discutía una medida de ella. "No había casi nadie cuando la medida se aprobó a viva voz", explicó al indicar que "había unos senadores populares que estaban dispuestos a votarle en contra".

Relató que la senadora González y ella llegaron a un acuerdo con el presidente senatorial Kenneth McClintock para que se les diera el "consentimiento unánime para permitirnos hacer unas expresiones, pero después de llegar a ese acuerdo, no se honró".

Según Santiago, McClintock les dijo que "De Castro no quería que habláramos del tema".

El proyecto se aprobó raspando en votación final, con el mínimo de 14 votos. Diez senadores votaron en contra, incluidos Tirado, González y Santiago. Se abstuvieron el rossellista Luis Daniel Muñiz y los populares Bruno Ramos y Sixto Hernández, designado juez del Apelativo.

Santiago llamó la atención a que Fas le votó a favor después de que pidió que se retirara su nombre, lo mismo que el vicepresidente senatorial Orlando Parga, que ha estado votando en contra de todas las medidas provenientes de la Cámara.

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Solidaridad comunal: clave de la batalla

Por Gloria Ruiz Kuilan para El Nuevo Día
Comunidad Los Filtros resiste la amenaza de la expropiación.

Guaynabo - El sentido de solidaridad es una de las cualidades que más destaca en la comunidad Los Filtros.

Constituida por más de 90 familias pobres o de recursos moderados, esta comunidad de 12 cuerdas -escenario de las tradicionales peleas de gallos, cabalgatas, los juegos con gallitos y en la que no falta el antiguo colmado y el tendido de ropa al aire libre- contrasta con las imponentes y costosas residencias que le rodean.

Esos terrenos son para el gobierno municipal y muchos desarrolladores un área preciada que falta por conquistar.

Para la década de 1920, estos predios pertenecían a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que buscaba obreros para construir una planta de filtración. Ofrecía a los obreros vivienda en la finca, y de ahí surgió el barrio.

Bajo la administración del fenecido alcalde Alejandro “Junior” Cruz, los residentes obtuvieron los títulos de propiedad de sus viviendas.

A Ernesto Llopis, de 85 años y uno de los primeros pobladores, le cambia el semblante cuando piensa en la amenaza que desde hace años se les cierne encima y que ahora resurge. “Llevamos tiempo arreglando esto nosotros mismos. Y estamos cómodos, para meternos en un sitio donde apenas se puede mirar para un lado”, dijo.

Hace cuatro años el alcalde Héctor O'Neill anunció su intención de expropiarlos. Arguye, estudios en mano, que los suelos son propensos a deslizamientos. Ayer no respondió. Los residentes, que han consultado a otros expertos, rechazan la versión. Y emprendieron una intensa batalla para defender las tierras de las que son dueños.

En 2004, junto a líderes de otros sectores, llevaron al gobierno el borrador de la medida que se convirtió en la Ley 232, que protegió de expropiaciones indiscriminadas a las 686 comunidades especiales. La ley le exigió a los municipios para expropiar, el aval legislativo en una resolución y celebrar una consulta ciudadana en la que el 75% de los residentes aprobara la acción.

En 2005, el Gobierno propuso bajar el porcentaje de aprobación ciudadana requerido y eliminar la autorización legislativa. Para los residentes, tal disposición atentaba contra el espíritu de la ley que propicia su participación en la toma de decisiones sobre sus comunidades, según Jorge Oyola, líder de Los Filtros.

Aquella vez, tras un intenso cabildeo, lograron que la ley quedara intacta.

Y así fue hasta el jueves.

Amenaza sobre áreas de pobreza

Por Ricardo Cortés Chico para El Nuevo Día
El liderato comunitario busca evitar enmiendas a la Ley 232.

Mayagüez - Más de un millón de personas que viven en comunidades especiales quedarán expuestas a procesos de expropiación indiscriminados si el gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, firma una enmienda a la Ley 232 que requiere para tales procesos el aval legislativo y del 75% de los residentes.

El liderato comunitario, sin embargo, está dispuesto a evitarlo.

Jorge Oyola Torres, uno de los portavoces de la Alianza de Líderes Comunitarios, advirtió que el Proyecto de la Cámara 911, aprobado de forma imprevista por el Senado el jueves, tiene el potencial de hacer desaparecer a comunidades como Villa Claridad en Carolina, la barriada Morales en Caguas y Los Filtros en Guaynabo.

Es que los terrenos donde ubican esas comunidades son codiciados por desarrolladores que proponen construir allí proyectos para las “clases privilegiadas” y que, de acuerdo con Oyola, ejercen una intensa presión sobre los políticos para conseguir esos objetivos.

“Es un paso que conduce al asesinato de las comunidades especiales y, por consiguiente, de la justicia social. Estamos siendo materia de venta”, dijo Oyola.

Explicó que en Guaynabo “los terrenos están muy costosos y hay muchos desarrolladores que utilizan al Alcalde (Héctor O'Neill) para promover que se saquen a estas comunidades para hacer otros desarrollos con más alto costo”, denunció. Cuestionó que el proyecto, ya aprobado por la Cámara, se enmendara y bajara por descargue en el Senado mientras estaba ausente la mayoría de los legisladores que se oponían a la medida.

Esta estrategia, según la senadora Norma Burgos, posibilitó que a última hora se eliminara por completo un artículo propuesto por La Fortaleza, que exigía a los municipios buscar el aval de 50% más uno de los residentes de la comunidad afectada por la expropiación forzosa. De esa forma se sacó del panorama la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el futuro del vecindario.

Oyola calificó la movida legislativa como una “traición”, que tendrá un costo político para quienes la aprobaron. Y señaló que el 40% de los votantes del país vive en comunidades especiales.

“Nosotros nos vamos a dar a la tarea de distinguir entre los legisladores buenos y los malos… Yo espero que Acevedo Vilá cumpla con su palabra y proteja a las comunidades”, apuntó.

El plan inmediato del liderato comunitario es impedir que el Gobernador firme la enmienda.

Durante la sesión senatorial del jueves, la pieza legislativa bajó sin previo aviso a instancias del presidente de la Comisión de Reglas y Calendario, Jorge de Castro Font, quien en el 2004 votó a favor de la aprobación de la Ley 232.

Y aunque ahora sólo espera por la firma del Ejecutivo, Burgos resaltó que aún queda una oportunidad para combatirla en la Legislatura, si uno de los senadores que la favoreció pide cambiar su voto durante la sesión del domingo.

Esto, dijo, es posible si se considera que la medida, cuando fue a vistas públicas en la Cámara, recibió la oposición de la mayoría de los deponentes. Esa oposición no se reflejó en el informe sobre el proyecto que recomendó su aprobación.

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Atribuida a los residentes demora en construcción

Por Ricardo Cortés Chico para El Nuevo Dia
Foto: Jorge A. Ramírez Portela
Publicado el 16 de Junio de 2006


San Germán - La coordinadora general de la Oficina de Comunidades Especiales (OCE), Julia Torres, aseguró ayer que si los residentes de la comunidad Las Carolinas hubiesen establecido como su única prioridad la rehabilitación total del puente que sirve de acceso a sus viviendas el proyecto no hubiese sufrido atrasos.

Reaccionó así a las denuncias de los residentes de la comunidad por los constantes cambios y las tardanzas en el diseño e inicio de la construcción del proyecto, que datan de 2003.

Según Torres, los vecinos, a través de su junta comunitaria, además de la rehabilitación del puente, pidió la reconstrucción de aceras, y la instalación de barreras de seguridad y alumbrado, lo que disminuyó la cantidad de fondos para cada obra e impidió que la Directoría de Desarrollo Comunitario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) concentrara sus esfuerzos en un solo proyecto.

“No es que se dejó el puente a un lado, sino que se trabajó en otras prioridades y el puente se dejó en un segundo orden. No es que se dejó de atender porque en ese tiempo se siguió trabajando con los estudios y los planos”, dijo la funcionaria.

Según el ex presidente de la Junta Comunitaria, Rafael Sepúlveda, desde que se creó la organización de residentes, la reconstrucción del puente ha sido la prioridad principal de los vecinos.

Por otro lado, Torres indicó que para el 2003 el proyecto de la reconstrucción del puente contaba con un presupuesto de $450,000 y, contrario a lo señalado por la directora de Desarrollo Comunitario del DTOP, María Burgos, aclaró que la subasta no fue adjudicada porque no hubo proponentes.

Burgos dijo el miércoles que el Programa de Comunidades Especiales presupuestó $850,000 para todos los proyectos en la comunidad. De esos fondos, según la funcionaria, $250,000 eran para la construcción del puente. Añadió que en diseños y estudios ya han invertido alrededor de $21,500. También dijo que los proponentes que la primera subasta del proyecto no se adjudicó porque los proponentes sometieron cotizaciones muy por debajo de los costos proyectados.

La Coordinadora General de la OCE descartó que las tardanzas en el proyecto respondan a una falta de comunicación entre la Directoría de Desarrollo Comunitario y su oficina. Dijo que semanalmente tiene reuniones con personal de esa dependencia para evaluar el desarrollo de los proyectos y los contratiempos que enfrentan.

Indicó, no obstante, que para despejar cualquier problema en la comunicación convocará una reunión para responder las preguntas de los residentes y para explicar el acuerdo al que llegarán con el gobierno municipal de San Germán para agilizar los trabajos de construcción.

Comunidades exigen acción y datos

Lunes, 10 de abril de 2006


End.cynthia.lopez@elnuevodia.com

Por Cynthia López Cabán
Para El Nuevo Día

Los líderes de las comunidades especiales exigieron al Gobierno que rinda cuentas sobre el estado de los proyectos de vivienda y de infraestructura del proyecto y que al presente parecen estar “en el limbo”.

Además, afirmaron que el Ejecutivo y el Legislativo continúan con su empeño de desmantelar este proyecto que persigue combatir la pobreza en el país.

José Figueroa y Jorge Oyola (segundo Plano); Foto de archivo, Periodico Claridad

“Queremos saber qué está pasando con los proyectos de vivienda. Están paralizados, aunque muchos ya fueron subastados”, apuntó José Figueroa, portavoz de la Alianza de Líderes de las Comunidades Especiales, tras enumerar las gestiones que ha hecho para conseguir esta información.

Tampoco saben cómo se administra el Fideicomiso de $1,000 millones para las Comunidades Especiales.

“No existe información sobre ese dinero”, indicó Carmen Villanueva, portavoz de la Coalición de Líderes de San Juan.

En entrevista con El Nuevo Día, Villanueva y Figueroa plantearon además que el gobernador Aníbal Acevedo Vilá asume posturas que parecen apoyar el proyecto, pero que sus acciones laceran la integridad de esta iniciativa, que encabezó la lista de prioridades de la administración de la pasada gobernadora Sila M. Calderón.

Y todavía la Legislatura los tiene en la mirilla.

¿Los ejemplos? Faltan dedos de la mano para contar.

El Mandatario se estrenó en su gestión gubernamental enviando a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para limitar la participación de las comunidades en los procesos de expropiación de sus vecindarios. Esta medida, que favorecía a los alcaldes, encontró la férrea oposición de las comunidades.

Aunque el proyecto fue “descarrilado”, Villanueva y Figueroa temen que la propuesta reaparezca y, como ha pasado con otras medidas, que sea aprobada sigilosamente.

Además en los primeros meses del cuatrienio surgieron por lo menos ocho medidas para “fiscalizar” el proyecto, municipalizarlo y repartir el Fideicomiso de las Comunidades Especiales entre los alcaldes.

Este proyecto, que impulsa la autogestión, así como la organización y la participación ciudadana en los procesos del país, cuenta con una larga lista de detractores.

Legisladores como Jennifer González, quien preside una comisión cameral que investiga el uso de los $1,000 millones del fideicomiso, dijo públicamente que el proyecto es responsable “en parte” por el déficit gubernamental.

Villanueva y Figueroa, además, sostienen que la iniciativa languidece por la falta de asignación de fondos y la falta de “compromiso” del Gobernador, quien hace poco firmó una orden ejecutiva para pasarle a los alcaldes la administración de los centros recreativos y culturales construidos bajo esta iniciativa.

Actualmente algunos líderes elaboran un reglamento para la administración de estas instalaciones junto a la Oficina de Comunidades Especiales. Según Figueroa, el documento pondrá “trabas” para evitar que los alcaldes se queden con cientos de centros comunales y canchas que surgieron como iniciativa de las comunidades.

Denunciaron, además, que Acevedo Vilá no convoca las reuniones del Consejo Asesor de las Comunidades Especiales, que según la Ley deben realizarse mensualmente, y que no ha nombrado a los cuatro representes de las comunidades que deben formar parte de este cuerpo.

También realizó el anuncio de las 26 nuevas comunidades que se añadirán al proyecto sin la presencia o participación de los líderes organizados. Tampoco asignó fondos para estas comunidades. Según ha trascendido, para estas comunidades se utilizará el dinero que generen los intereses del Fideicomiso.

“¿Con qué dinero se van a trabajar estas comunidades? Si no sabemos ni siquiera el desglose de los intereses devengados por el Fideicomiso”, preguntó Villanueva, quien teme que se desvíen fondos de los proyectos que ya están en marcha.

El Gobernador también tomó la decisión de nombrar al doctor José Vargas Vidot de Iniciativa Comunitaria, para encauzar el proyecto sin consultar a los líderes. “Desde el mismo principio ha habido un patrón de no participación ciudadana”, señaló Figueroa. Vargas Vidot dirige una organización de base comunitaria, pero no guarda vínculo alguno con el proyecto.

El proyecto de comunidades especiales tiene como eje la participación ciudadana, que exige que todos los asuntos que afecten el proyecto se discutan y se aprueben mediante consenso.

De igual forma, Villanueva y Figueroa cuestionaron las reuniones que el Mandatario tiene con líderes comunitarios que no conocen. Recalcaron que no existe comunicación entre el Ejecutivo y los líderes comunitarios. “Una de las mejores maneras de abandonar el proyecto es hacer que no funcione”, concluyó Figueroa.


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