Saturday, June 24, 2006

Amenaza sobre áreas de pobreza

Por Ricardo Cortés Chico para El Nuevo Día
El liderato comunitario busca evitar enmiendas a la Ley 232.

Mayagüez - Más de un millón de personas que viven en comunidades especiales quedarán expuestas a procesos de expropiación indiscriminados si el gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, firma una enmienda a la Ley 232 que requiere para tales procesos el aval legislativo y del 75% de los residentes.

El liderato comunitario, sin embargo, está dispuesto a evitarlo.

Jorge Oyola Torres, uno de los portavoces de la Alianza de Líderes Comunitarios, advirtió que el Proyecto de la Cámara 911, aprobado de forma imprevista por el Senado el jueves, tiene el potencial de hacer desaparecer a comunidades como Villa Claridad en Carolina, la barriada Morales en Caguas y Los Filtros en Guaynabo.

Es que los terrenos donde ubican esas comunidades son codiciados por desarrolladores que proponen construir allí proyectos para las “clases privilegiadas” y que, de acuerdo con Oyola, ejercen una intensa presión sobre los políticos para conseguir esos objetivos.

“Es un paso que conduce al asesinato de las comunidades especiales y, por consiguiente, de la justicia social. Estamos siendo materia de venta”, dijo Oyola.

Explicó que en Guaynabo “los terrenos están muy costosos y hay muchos desarrolladores que utilizan al Alcalde (Héctor O'Neill) para promover que se saquen a estas comunidades para hacer otros desarrollos con más alto costo”, denunció. Cuestionó que el proyecto, ya aprobado por la Cámara, se enmendara y bajara por descargue en el Senado mientras estaba ausente la mayoría de los legisladores que se oponían a la medida.

Esta estrategia, según la senadora Norma Burgos, posibilitó que a última hora se eliminara por completo un artículo propuesto por La Fortaleza, que exigía a los municipios buscar el aval de 50% más uno de los residentes de la comunidad afectada por la expropiación forzosa. De esa forma se sacó del panorama la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el futuro del vecindario.

Oyola calificó la movida legislativa como una “traición”, que tendrá un costo político para quienes la aprobaron. Y señaló que el 40% de los votantes del país vive en comunidades especiales.

“Nosotros nos vamos a dar a la tarea de distinguir entre los legisladores buenos y los malos… Yo espero que Acevedo Vilá cumpla con su palabra y proteja a las comunidades”, apuntó.

El plan inmediato del liderato comunitario es impedir que el Gobernador firme la enmienda.

Durante la sesión senatorial del jueves, la pieza legislativa bajó sin previo aviso a instancias del presidente de la Comisión de Reglas y Calendario, Jorge de Castro Font, quien en el 2004 votó a favor de la aprobación de la Ley 232.

Y aunque ahora sólo espera por la firma del Ejecutivo, Burgos resaltó que aún queda una oportunidad para combatirla en la Legislatura, si uno de los senadores que la favoreció pide cambiar su voto durante la sesión del domingo.

Esto, dijo, es posible si se considera que la medida, cuando fue a vistas públicas en la Cámara, recibió la oposición de la mayoría de los deponentes. Esa oposición no se reflejó en el informe sobre el proyecto que recomendó su aprobación.

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