Se apuntan otra las comunidades especiales
Manuel Ernesto Rivera PRENSA ASOCIADA lunes, 26 de junio de 2006
La presión y el cabildeo de representantes de las comunidades especiales logró que en la madrugada del lunes el proyecto que otorgó a los alcaldes la potestad de expropiar a estos sectores sin la participación de sus vecinos, regresara a la Comisión senatorial de Gobierno.
El Proyecto de la Cámara 911 regresó para análisis de la referida comisión luego que el senador popular Antonio Fas Alzamora presentara una moción para que se reconsiderara su voto inicial sobre la medida.
La moción fue aprobada al obtener 15 votos.
Ante el nuevo escenario, prevalece el requisito establecido por ley para que un ejecutivo municipal tenga el consentimiento del 75% de la comunidad para realizar la expropiación y conseguir el aval legislativo, así como del gobernante de turno.
La senadora independentista, María de Lourdes Santiago, catalogó como positivo que el proyecto regrese a comisión para un análisis más profundo en aras de contrarrestar el poder absoluto de los ejecutivos municipales para expropiar a las comunidades de escasos recursos económicos.
"Preferiría ver muerto cualquier proyecto que vaya en contra de las comunidades especiales, pero no estaría mal que se enviara nuevamente a comisión para un mayor análisis", indicó la senadora a Prensa Asociada.
La medida en cuestión, que fue aprobada en la Cámara el año pasado, volvió a la palestra el jueves luego que el Senado la aprobó por descargue, contando con los 14 votos mínimos para su aval.
Santiago denunció que el proyecto no figuraba en el calendario legislativo de ese día, y catalogó como "sorpresivo" la consideración sin previo aviso de la medida que llevaba ante la consideración de la Asamblea Legislativa desde febrero de 2005.
El alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, es uno de los principales críticos de la Ley 1 de 2004 sobre el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales, aprobada bajo la administración de la ex gobernadora Sila M. Calderón.
La medida se aprobó en medio del proceso deliberativo del Senado sobre el proceso de confirmación del representante popular Carlos Vizcarrondo como juez del Tribunal de Apelaciones.
La presión y el cabildeo de representantes de las comunidades especiales logró que en la madrugada del lunes el proyecto que otorgó a los alcaldes la potestad de expropiar a estos sectores sin la participación de sus vecinos, regresara a la Comisión senatorial de Gobierno.
El Proyecto de la Cámara 911 regresó para análisis de la referida comisión luego que el senador popular Antonio Fas Alzamora presentara una moción para que se reconsiderara su voto inicial sobre la medida.
La moción fue aprobada al obtener 15 votos.
Ante el nuevo escenario, prevalece el requisito establecido por ley para que un ejecutivo municipal tenga el consentimiento del 75% de la comunidad para realizar la expropiación y conseguir el aval legislativo, así como del gobernante de turno.
La senadora independentista, María de Lourdes Santiago, catalogó como positivo que el proyecto regrese a comisión para un análisis más profundo en aras de contrarrestar el poder absoluto de los ejecutivos municipales para expropiar a las comunidades de escasos recursos económicos.
"Preferiría ver muerto cualquier proyecto que vaya en contra de las comunidades especiales, pero no estaría mal que se enviara nuevamente a comisión para un mayor análisis", indicó la senadora a Prensa Asociada.
La medida en cuestión, que fue aprobada en la Cámara el año pasado, volvió a la palestra el jueves luego que el Senado la aprobó por descargue, contando con los 14 votos mínimos para su aval.
Santiago denunció que el proyecto no figuraba en el calendario legislativo de ese día, y catalogó como "sorpresivo" la consideración sin previo aviso de la medida que llevaba ante la consideración de la Asamblea Legislativa desde febrero de 2005.
El alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, es uno de los principales críticos de la Ley 1 de 2004 sobre el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales, aprobada bajo la administración de la ex gobernadora Sila M. Calderón.
La medida se aprobó en medio del proceso deliberativo del Senado sobre el proceso de confirmación del representante popular Carlos Vizcarrondo como juez del Tribunal de Apelaciones.
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posted by Alianza de Lideres Comunitarios de Puerto Rico at 6:44 AM
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