Solidaridad comunal: clave de la batalla
Por Gloria Ruiz Kuilan para El Nuevo Día
Comunidad Los Filtros resiste la amenaza de la expropiación.
Constituida por más de 90 familias pobres o de recursos moderados, esta comunidad de 12 cuerdas -escenario de las tradicionales peleas de gallos, cabalgatas, los juegos con gallitos y en la que no falta el antiguo colmado y el tendido de ropa al aire libre- contrasta con las imponentes y costosas residencias que le rodean.
Esos terrenos son para el gobierno municipal y muchos desarrolladores un área preciada que falta por conquistar.
Para la década de 1920, estos predios pertenecían a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que buscaba obreros para construir una planta de filtración. Ofrecía a los obreros vivienda en la finca, y de ahí surgió el barrio.
Bajo la administración del fenecido alcalde Alejandro “Junior” Cruz, los residentes obtuvieron los títulos de propiedad de sus viviendas.
A Ernesto Llopis, de 85 años y uno de los primeros pobladores, le cambia el semblante cuando piensa en la amenaza que desde hace años se les cierne encima y que ahora resurge. “Llevamos tiempo arreglando esto nosotros mismos. Y estamos cómodos, para meternos en un sitio donde apenas se puede mirar para un lado”, dijo.
Hace cuatro años el alcalde Héctor O'Neill anunció su intención de expropiarlos. Arguye, estudios en mano, que los suelos son propensos a deslizamientos. Ayer no respondió. Los residentes, que han consultado a otros expertos, rechazan la versión. Y emprendieron una intensa batalla para defender las tierras de las que son dueños.
En 2004, junto a líderes de otros sectores, llevaron al gobierno el borrador de la medida que se convirtió en la Ley 232, que protegió de expropiaciones indiscriminadas a las 686 comunidades especiales. La ley le exigió a los municipios para expropiar, el aval legislativo en una resolución y celebrar una consulta ciudadana en la que el 75% de los residentes aprobara la acción.
En 2005, el Gobierno propuso bajar el porcentaje de aprobación ciudadana requerido y eliminar la autorización legislativa. Para los residentes, tal disposición atentaba contra el espíritu de la ley que propicia su participación en la toma de decisiones sobre sus comunidades, según Jorge Oyola, líder de Los Filtros.
Aquella vez, tras un intenso cabildeo, lograron que la ley quedara intacta.
Y así fue hasta el jueves.
Comunidad Los Filtros resiste la amenaza de la expropiación.
Guaynabo - El sentido de solidaridad es una de las cualidades que más destaca en la comunidad Los Filtros.
Constituida por más de 90 familias pobres o de recursos moderados, esta comunidad de 12 cuerdas -escenario de las tradicionales peleas de gallos, cabalgatas, los juegos con gallitos y en la que no falta el antiguo colmado y el tendido de ropa al aire libre- contrasta con las imponentes y costosas residencias que le rodean.
Esos terrenos son para el gobierno municipal y muchos desarrolladores un área preciada que falta por conquistar.
Para la década de 1920, estos predios pertenecían a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que buscaba obreros para construir una planta de filtración. Ofrecía a los obreros vivienda en la finca, y de ahí surgió el barrio.
Bajo la administración del fenecido alcalde Alejandro “Junior” Cruz, los residentes obtuvieron los títulos de propiedad de sus viviendas.
A Ernesto Llopis, de 85 años y uno de los primeros pobladores, le cambia el semblante cuando piensa en la amenaza que desde hace años se les cierne encima y que ahora resurge. “Llevamos tiempo arreglando esto nosotros mismos. Y estamos cómodos, para meternos en un sitio donde apenas se puede mirar para un lado”, dijo.
Hace cuatro años el alcalde Héctor O'Neill anunció su intención de expropiarlos. Arguye, estudios en mano, que los suelos son propensos a deslizamientos. Ayer no respondió. Los residentes, que han consultado a otros expertos, rechazan la versión. Y emprendieron una intensa batalla para defender las tierras de las que son dueños.
En 2004, junto a líderes de otros sectores, llevaron al gobierno el borrador de la medida que se convirtió en la Ley 232, que protegió de expropiaciones indiscriminadas a las 686 comunidades especiales. La ley le exigió a los municipios para expropiar, el aval legislativo en una resolución y celebrar una consulta ciudadana en la que el 75% de los residentes aprobara la acción.
En 2005, el Gobierno propuso bajar el porcentaje de aprobación ciudadana requerido y eliminar la autorización legislativa. Para los residentes, tal disposición atentaba contra el espíritu de la ley que propicia su participación en la toma de decisiones sobre sus comunidades, según Jorge Oyola, líder de Los Filtros.
Aquella vez, tras un intenso cabildeo, lograron que la ley quedara intacta.
Y así fue hasta el jueves.


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