Comunidades de Guaynabo luchan contra el desalojo

Perla Franco CLARIDAD

Con la intención de despojar a las comunidades pobres de sus terrenos, - muchos de ellos valiosos para los desarrollista por su ubicación-, la pasada semana se bajó por descargue una medida en el Senado, aprobada hace un año atrás de la Cámara de Representantes (P. de la C. 911) que cambiaría la ley 232 de marzo de 2001 o Ley de Desarrollo de las Comunidades Especiales que impide a los municipios desalojar a sus residentes sin el consentimiento del 75 por ciento de ellos y sin el aval de la Legislatura.

El pasado jueves el Senado aprobó la medida que eliminaría ambos requisitos de la ley 232. Cuando los residentes de varias comunidades especiales se enteraron se dieron cita frente al Capitolio para solicitar a los senadores que reconsideraran la aprobación. Luego de un intenso cabildeo lograron que ese cuerpo aprobara retirar la medida. La recomendación de reconsideración fue llevada ante el pleno de ese cuerpo por el senador Antonio Fas Alzamora, quien había votado a favor de ella el jueves, y secundada por el también senador Cirilo Tirado. Otros 15 senadores apoyaron el pedido. Fue así como la medida fue devuelta a la Comisión. Aun así los residentes de comunidades especiales no se confían en que no se intente impulsar en la próxima sección legislativa en agosto. Ante esa posibilidad, dijeron, se mantendrán alertas.

Lo curioso del proyecto, detrimental para las comunidades, es que se alegó que las presiones para aprobarla vinieron principalmente del alcalde de Guaynabo Héctor O’Neill, quien tiene interés en los terrenos de las comunidades de Los Filtros y Mainé. Sin embargo, el proyecto original provino del Gobernador y se dice que fue traído a consideración del Senado como parte de un acuerdo para que a cambio de su aprobación se confirmara sin obstáculos al representante Carlos Vizcarrondo a juez del Tribunal de Apelaciones.

CLARIDAD conversó con los líderes de estas dos comunidades, Jorge Oyola, de la Comunidad de Los Filtros y Aníbal Cruz, de Mainé, quienes explicaron la amenaza que se cierne sobre ellos.

Los Filtros

La comunidad de Los Filtros en Guaynabo lleva unos 90 años de establecida, explicó Aníbal Oyola. “Actualmente residen en el lugar unas 90 familias de unas 129 que éramos en total”, añadió. Esa área la componen 12 cuerdas ubicadas en el centro de las urbanizaciones más caras de ese pueblo. Cercanos se están desarrollando edificios de apartamentos cuyos costos fluctúan en los $800 mil dólares. Las intenciones de desalojar a sus residentes datan del año 2002. Para entonces, el Alcalde negaba las intenciones de desahucio que posteriormente reconoció con planes para un proyecto en el área.

Desde entonces, los residentes de Los Filtros comenzaron a organizarse, fueron declarados comunidad especial tras esfuerzos de su junta comunitaria. Además, comenzaron a orientarse sobre sus derechos ciudadanos con la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, quien actualmente los representa. También impulsaron que la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico les diseñara unos planos de desarrollo basado en las necesidades de sus residentes. En agosto de 2004 la lucha de éstos y otros residentes de comunidades especiales logró la aprobación de la ley 232 que actualmente los cobija pero que tanto el poder ejecutivo como el legislativo actuando en contubernio han tratado de desalojarlos.

Aunque en varias ocasiones la junta de residentes ha presentado los planos públicamente y ha escrito cartas al Alcalde manifestándole sus interés de reunirse con él, el Alcalde se ha negado y ha dicho que estaría dispuesto a reunirse con los arquitectos pero no con la comunidad. Pero tampoco esto ha sucedido. Los residentes han dejado claro que no se oponen a mejorar la comunidad, lo que exigen es que se les respete sus derechos como ciudadanos y como comunidad organizada. Pero “él (alcalde) prefiere poner en bandeja de plata a los desarrollistas esos terrenos que son costosísimos”, señaló Oyola.

Mainé

Mainé es otra comunidad de Guaynabo con más de 70 años de existencia que ya siente sobre sus hombros los efectos de la expropiación por parte del municipio, según detalló Aníbal Cruz. De unas 45 familias que eran originalmente, ya sólo quedan 15. El descuido hacia la infraestructura de la comunidad fue una estrategia del gobierno para desalentar a algunos que terminaron aceptando salir del lugar.

Esa expropiación ha sido posible porque la comunidad no está clasificada como una comunidad especial aunque han hecho todos los esfuerzos porque así la declaren. Los residentes del área, según Cruz, nunca han recibido explicaciones de por qué no los han considerado como una comunidad especial.

Pero las 15 familias que quedan en el lugar “estamos luchando”, aseguró Cruz. Reconocen que por el valor actual de los terrenos donde ubican sus residencias la lucha será ardua.

Este jueves 29 de junio los residentes apoyarán a uno de los residentes, José Cortes, quien tiene una orden de expropiación e impugnará la orden con el apoyo de otros residentes. La Clínica de Asistenta Legal de la UPR atenderá el caso en el Tribunal este jueves a las 9:00 en la sala 1003. CLARIDAD supo que ya hay otras órdenes de expropiación pendientes en el Tribunal.

Pero las casas ya expropiadas fueron derrumbadas por el municipio, detalló el líder comunal. Incluso, tienen en la comunidad la máquina que usan para demoler las residencias que Cruz explicó reducen con máquina en menos de una hora hasta convertirlas en escombros. “Ese es un choque emocional, ver cómo destruyen nuestra comunidad. Es un atropello contra nosotros”, declaró Cruz. Aclaró que no se oponen a que se hagan mejoras a la comunidad, pero quieren seguir viviendo en el lugar que identifican como su hogar y están dispuestos a defender.

technorati tags:232, expropiacion, autogestion