Reviven de la nada un proyecto "muerto"

Irene Garzón Fernández  PRIMERA HORA

Tras bambalinas.

Un entrejuego político está detrás de la aprobación por el Senado de un proyecto de administración relacionado con la expropiación en comunidades especiales, el cual bajó "sorpresivamente por descargue" en la sesión del jueves.

A pesar de que el proyecto se consideraba "muerto" en el Senado, de repente fue descargado, sin informe, en medio de rumores que lo ataban a la confirmación del nombramiento de Carlos Vizcarrondo como juez apelativo, como mecanismo para presionar a los senadores populares que se oponían a la medida, y de supuestas presiones del poderoso alcalde penepé de Guaynabo, Héctor O'Neill, para que se refrendara.

Todavía anonadada por la aprobación del Proyecto de la Cámara 911, la senadora pipiola María de Lourdes Santiago dijo ayer a este diario que "lo bajaron por sorpresa, por descargue" y "para lograr los votos comenzaron a correr el rumor de que de esa medida dependía el cargo de Vizcarrondo" en el Apelativo.

Santiago rechazó cualquier negociación de escaños al Apelativo para "sacar gente pobre de sus casas".

Además, acusó al alcalde O'Neill de estar "empujando el proyecto porque está detrás de las comunidades especiales de Los Filtros y Maine", de Guaynabo. También le imputó al alcalde popular de Carolina, José E. Aponte de la Torre, estar tratando de expropiar la comunidad Villa Caridad. "Los alcaldes tienen mucho interés (en la medida)", acotó.

El proyecto fue enviado por el gobernador Aníbal Acevedo Vilá a la Legislatura el 3 de febrero de 2005 y Santiago denunció al día siguiente que se trataba de una "alianza" entre alcaldes populares y penepés contra los pobres debido a que facilitaría la expropiación en comunidades especiales.

La medida enmienda la Ley 1 de marzo de 2001, conocida como Ley para el Desarrollo Integral de Comunidades Especiales, el proyecto estrella de la administración de Sila M. Calderón, a los fines de derogar la obligación de que la Legislatura autorice estas expropiaciones.

Santiago recalcó que "no sólo quitaron el requisito de la Resolución Conjunta (aprobada por la Legislatura y el Gobernador para autorizar cualquier expropiación) sino que (el jueves) en el Senado le hicieron una enmienda en el hemiciclo para eliminar la consulta comunitaria" para dar el visto bueno a una expropiación.

"Ahora es el arbitrio exclusivo del alcalde", precisó Santiago, al indicar que el proyecto tiene que devolverse a la Cámara para que concurra con la enmienda introducida en el Senado. Anunció que ya comenzó a trabajar con las Comunidades Especiales, "para que cabildeen y ejerzan presión" en la Cámara. para que no concurra con la enmienda. De hecho, informó que ayer tuvo una reunión con residentes de Los Filtros.

Según la AP, la senadora rosselista Norma Burgos hizo ayer una sugerencia similar a los residentes de las comunidades especiales para que exijan la paralización de la medida, a la vez de que en la sesión senatorial de mañana se pida la reconsideración del proyecto.

La Ley de las Comunidades Especiales exige el consentimiento de las comunidades y el aval de la Legislatura antes de proceder con una expropiación.

La medida, que había sido radicada en ambos cuerpos legislativos, se creía muerta en el Senado, a pesar de que la Cámara la aprobó el 22 de junio de 2005, con 41 votos a favor; dos en contra del popular Jorge Colberg y del pipiolo Víctor García San Inocencio, así como el voto abstenido del penepé Jorge Navarro Suárez.

Faltaron a su compromiso

Santiago dijo a PRIMERA HORA que cuando la medida se vio en vistas públicas, "en el Senado había un compromiso" del presidente de la Comisión de Reglas y Calendario, Jorge de Castro Font, "de que el proyecto no se iba a aprobar".

Dijo que cuando los populares radicaron el proyecto de administración en el Senado, algunos miembros de la delegación -como Sila Mari González, Cirilo Tirado y Antonio Fas Alzamora- pidieron que se retiraran sus nombres de la medida.

El proyecto no figuraba en el calendario de medidas de la sesión del jueves. Se descargó "por sorpresa" y al momento de considerarse Santiago dijo que ella no estaba en el hemiciclo sino en una vista pública de la Comisión de Educación que discutía una medida de ella. "No había casi nadie cuando la medida se aprobó a viva voz", explicó al indicar que "había unos senadores populares que estaban dispuestos a votarle en contra".

Relató que la senadora González y ella llegaron a un acuerdo con el presidente senatorial Kenneth McClintock para que se les diera el "consentimiento unánime para permitirnos hacer unas expresiones, pero después de llegar a ese acuerdo, no se honró".

Según Santiago, McClintock les dijo que "De Castro no quería que habláramos del tema".

El proyecto se aprobó raspando en votación final, con el mínimo de 14 votos. Diez senadores votaron en contra, incluidos Tirado, González y Santiago. Se abstuvieron el rossellista Luis Daniel Muñiz y los populares Bruno Ramos y Sixto Hernández, designado juez del Apelativo.

Santiago llamó la atención a que Fas le votó a favor después de que pidió que se retirara su nombre, lo mismo que el vicepresidente senatorial Orlando Parga, que ha estado votando en contra de todas las medidas provenientes de la Cámara.

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