Atrae inversión económica la lucha contra la pobreza
Lunes, 12 de diciembre de 2005
Por José Javier Pérez
end.iperez@eInuevodia.com
Según los estándares del Censo de EE.UU. el 48% de la población de la - Isla vive bajo el nivel de pobreza. Si Puerto Rico quiere atraer inversión económica tiene que destinar recursos para mitigar la desigualdad y la pobreza, dijo Bernardo Kliksberg, quien dirigió un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre el Proyecto de las Comunidades Especiales.
En Finlandia, por ejemplo, el gobierno adoptó como política pública la erradicación de la desigualdad y la pobreza aumentando las oportunidades de la población a través de la educación. Allí, todos los niños tienen garantizado el pago de los costos educativos desde los grados primarios hasta la universidad, aparte de estipendios para cubrir sus necesidades alimentarias y servicios de salud, entre otros, dijo Kliksberg.
Este, dijo Kliksberg, fue uno de los ingredientes que catapultó a ese país escandinavo hacia una posición de liderazgo en la economía internacional y su éxito es medido por algunos con uno de los productos tecnológicos finlandeses más emblemáticos: los teléfonos celulares Nokia. En cambio, la pobreza crea tensión social, violencia, criminalidad y eso espanta la inversión económica, dijo el experto en políticas sociales, pobreza, evaluación de programas sociales y autor de más de 40 libros sobre el tema.
De acuerdo con los estándares de medición del Censo de Estados Unidos, el 48 por ciento de la población de Puerto Rico vive bajo el nivel de pobreza. Esa cifra considera las ayudas federales. Pero si esas ayudas se excluyen, entonces la pobreza en la Isla incluiría al por ciento de la población, según el estudio “Puerto Rico 2025”. Si bien el desarrollo de infraestructura y tecnología es deseable, se requiere equiparar ese esfuerzo invirtiendo también en capital socia desarrollado estrategias que incrementen la confianza de las comunidades, promuevan su capacidad de asociarse con otros, estimular el civismo y revivan los valores éticos, indicó.
El Proyecto de las Comunidades Especiales es una iniciativa gubernamental que nació bajo la pasada administración como un instrumento para mitigar la pobreza y la desigualdad en Puerto Rico. Como parte de esa meta, se estableció el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades, asignándole $1000 millones para obras de infraestructura y vivienda. Hasta mayo pasado $961 millones habían sido obligados en proyectos desarrollados por los departamentos de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y de la Vivienda.
A pesar de los logros que estos y otros esfuerzos han logrado en el ánimo de prácticamente todas las 686 comunidades especiales, la UNESCO señala que ello no ha logrado aliviar el problema de desigualdad y pobreza. A lo anterior se suma una bandera de alerta: portavoces de la Alianza de Líderes Comunitarios y la ex coordinadora de la Oficina de la Comunidades Especiales, Linda Colón, aseguraron que los proyectos de esta iniciativa están detenidos como consecuencia de cierta apatía por parte de la administración del gobernador Aníbal Acevedo Vilá.
“Notamos cierto distanciamiento del gobierno que no visualiza el papel de las comunidades”, dijo Wilfredo López, líder de la comunidad Sonadora en Aguas Buenas. “El proyecto ha sufrido un período de decaimiento, pues hay un nuevo gobierno, con nuevas personas que desconocen la ley que creo las Comunidades Especiales”, añadió. Sin embargo, Colón señaló que la administración Acevedo Vilá ya lleva un año en el poder gubernamental. “Hay que ver qué han hecho Me pregunto por dónde va el trabajo que se dejó y cómo se han invertido los fondos”, planteó Colón, quien, a su vez, es una de las principales autoridades en Puerto Rico en el tema de la pobreza.
La ex funcionaria señaló que la alegada paralización de obras no se debe a la escasez de dinero o recursos humanos en la Oficina de las Comunidades Especiales, sino al desánimo y la falta de iniciativa. Sostuvo además que la oficina perdió el compromiso y se desenfocó de su misión. “La oficina no se creó para darle apoyo logístico a otras agencias; el objetivo era organizar a las comunidades para la autogestión”, dijo. “Siempre hará falta dinero, pero lo que tienen lo pueden usar de forma más adecuada. Se trata de tener ganas, de estar organizado y c tener compromiso”, añadió Colón.
Mientras estos sectores señalan el alegado distanciamiento de la administración Acevedo Vilá, el informe de la UNESCO recomienda que el Proyecto de las Comunidades Especiales sea fortalecido mediante acciones que incluyen órdenes ejecutivas, nuevas políticas públicas, y asignación de recursos fiscales adicionales. Una de éstas es la creación de una orden ejecutiva que elabore una política pública integral sobre la pobreza cuyas iniciativas no sólo beneficien a las 686 comunidades especiales, sino que se extienda a los vecinos de residenciales públicos y áreas rurales. Asimismo, propone además que el Gobernador de Puerto Rico formule otra orden ejecutiva en la que declare una moratoria que permita un período de transición para que actividades económicas que operan al margen de la ley puedan obtener los permisos de rigor sin que se les penalice.
Por José Javier Pérez
end.iperez@eInuevodia.com
Según los estándares del Censo de EE.UU. el 48% de la población de la - Isla vive bajo el nivel de pobreza. Si Puerto Rico quiere atraer inversión económica tiene que destinar recursos para mitigar la desigualdad y la pobreza, dijo Bernardo Kliksberg, quien dirigió un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre el Proyecto de las Comunidades Especiales.
En Finlandia, por ejemplo, el gobierno adoptó como política pública la erradicación de la desigualdad y la pobreza aumentando las oportunidades de la población a través de la educación. Allí, todos los niños tienen garantizado el pago de los costos educativos desde los grados primarios hasta la universidad, aparte de estipendios para cubrir sus necesidades alimentarias y servicios de salud, entre otros, dijo Kliksberg.
Este, dijo Kliksberg, fue uno de los ingredientes que catapultó a ese país escandinavo hacia una posición de liderazgo en la economía internacional y su éxito es medido por algunos con uno de los productos tecnológicos finlandeses más emblemáticos: los teléfonos celulares Nokia. En cambio, la pobreza crea tensión social, violencia, criminalidad y eso espanta la inversión económica, dijo el experto en políticas sociales, pobreza, evaluación de programas sociales y autor de más de 40 libros sobre el tema.
De acuerdo con los estándares de medición del Censo de Estados Unidos, el 48 por ciento de la población de Puerto Rico vive bajo el nivel de pobreza. Esa cifra considera las ayudas federales. Pero si esas ayudas se excluyen, entonces la pobreza en la Isla incluiría al por ciento de la población, según el estudio “Puerto Rico 2025”. Si bien el desarrollo de infraestructura y tecnología es deseable, se requiere equiparar ese esfuerzo invirtiendo también en capital socia desarrollado estrategias que incrementen la confianza de las comunidades, promuevan su capacidad de asociarse con otros, estimular el civismo y revivan los valores éticos, indicó.
El Proyecto de las Comunidades Especiales es una iniciativa gubernamental que nació bajo la pasada administración como un instrumento para mitigar la pobreza y la desigualdad en Puerto Rico. Como parte de esa meta, se estableció el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades, asignándole $1000 millones para obras de infraestructura y vivienda. Hasta mayo pasado $961 millones habían sido obligados en proyectos desarrollados por los departamentos de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y de la Vivienda.
A pesar de los logros que estos y otros esfuerzos han logrado en el ánimo de prácticamente todas las 686 comunidades especiales, la UNESCO señala que ello no ha logrado aliviar el problema de desigualdad y pobreza. A lo anterior se suma una bandera de alerta: portavoces de la Alianza de Líderes Comunitarios y la ex coordinadora de la Oficina de la Comunidades Especiales, Linda Colón, aseguraron que los proyectos de esta iniciativa están detenidos como consecuencia de cierta apatía por parte de la administración del gobernador Aníbal Acevedo Vilá.
“Notamos cierto distanciamiento del gobierno que no visualiza el papel de las comunidades”, dijo Wilfredo López, líder de la comunidad Sonadora en Aguas Buenas. “El proyecto ha sufrido un período de decaimiento, pues hay un nuevo gobierno, con nuevas personas que desconocen la ley que creo las Comunidades Especiales”, añadió. Sin embargo, Colón señaló que la administración Acevedo Vilá ya lleva un año en el poder gubernamental. “Hay que ver qué han hecho Me pregunto por dónde va el trabajo que se dejó y cómo se han invertido los fondos”, planteó Colón, quien, a su vez, es una de las principales autoridades en Puerto Rico en el tema de la pobreza.
La ex funcionaria señaló que la alegada paralización de obras no se debe a la escasez de dinero o recursos humanos en la Oficina de las Comunidades Especiales, sino al desánimo y la falta de iniciativa. Sostuvo además que la oficina perdió el compromiso y se desenfocó de su misión. “La oficina no se creó para darle apoyo logístico a otras agencias; el objetivo era organizar a las comunidades para la autogestión”, dijo. “Siempre hará falta dinero, pero lo que tienen lo pueden usar de forma más adecuada. Se trata de tener ganas, de estar organizado y c tener compromiso”, añadió Colón.
Mientras estos sectores señalan el alegado distanciamiento de la administración Acevedo Vilá, el informe de la UNESCO recomienda que el Proyecto de las Comunidades Especiales sea fortalecido mediante acciones que incluyen órdenes ejecutivas, nuevas políticas públicas, y asignación de recursos fiscales adicionales. Una de éstas es la creación de una orden ejecutiva que elabore una política pública integral sobre la pobreza cuyas iniciativas no sólo beneficien a las 686 comunidades especiales, sino que se extienda a los vecinos de residenciales públicos y áreas rurales. Asimismo, propone además que el Gobernador de Puerto Rico formule otra orden ejecutiva en la que declare una moratoria que permita un período de transición para que actividades económicas que operan al margen de la ley puedan obtener los permisos de rigor sin que se les penalice.
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