Comunidades exigen acción y datos
Lunes, 10 de abril de 2006
End.cynthia.lopez@elnuevodia.com
Por Cynthia López Cabán
Para El Nuevo Día
Los líderes de las comunidades especiales exigieron al Gobierno que rinda cuentas sobre el estado de los proyectos de vivienda y de infraestructura del proyecto y que al presente parecen estar “en el limbo”.
Además, afirmaron que el Ejecutivo y el Legislativo continúan con su empeño de desmantelar este proyecto que persigue combatir la pobreza en el país.
José Figueroa y Jorge Oyola (segundo Plano); Foto de archivo, Periodico Claridad
“Queremos saber qué está pasando con los proyectos de vivienda. Están paralizados, aunque muchos ya fueron subastados”, apuntó José Figueroa, portavoz de la Alianza de Líderes de las Comunidades Especiales, tras enumerar las gestiones que ha hecho para conseguir esta información.
Tampoco saben cómo se administra el Fideicomiso de $1,000 millones para las Comunidades Especiales.
“No existe información sobre ese dinero”, indicó Carmen Villanueva, portavoz de la Coalición de Líderes de San Juan.
En entrevista con El Nuevo Día, Villanueva y Figueroa plantearon además que el gobernador Aníbal Acevedo Vilá asume posturas que parecen apoyar el proyecto, pero que sus acciones laceran la integridad de esta iniciativa, que encabezó la lista de prioridades de la administración de la pasada gobernadora Sila M. Calderón.
Y todavía la Legislatura los tiene en la mirilla.
¿Los ejemplos? Faltan dedos de la mano para contar.
El Mandatario se estrenó en su gestión gubernamental enviando a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para limitar la participación de las comunidades en los procesos de expropiación de sus vecindarios. Esta medida, que favorecía a los alcaldes, encontró la férrea oposición de las comunidades.
Aunque el proyecto fue “descarrilado”, Villanueva y Figueroa temen que la propuesta reaparezca y, como ha pasado con otras medidas, que sea aprobada sigilosamente.
Además en los primeros meses del cuatrienio surgieron por lo menos ocho medidas para “fiscalizar” el proyecto, municipalizarlo y repartir el Fideicomiso de las Comunidades Especiales entre los alcaldes.
Este proyecto, que impulsa la autogestión, así como la organización y la participación ciudadana en los procesos del país, cuenta con una larga lista de detractores.
Legisladores como Jennifer González, quien preside una comisión cameral que investiga el uso de los $1,000 millones del fideicomiso, dijo públicamente que el proyecto es responsable “en parte” por el déficit gubernamental.
Villanueva y Figueroa, además, sostienen que la iniciativa languidece por la falta de asignación de fondos y la falta de “compromiso” del Gobernador, quien hace poco firmó una orden ejecutiva para pasarle a los alcaldes la administración de los centros recreativos y culturales construidos bajo esta iniciativa.
Actualmente algunos líderes elaboran un reglamento para la administración de estas instalaciones junto a la Oficina de Comunidades Especiales. Según Figueroa, el documento pondrá “trabas” para evitar que los alcaldes se queden con cientos de centros comunales y canchas que surgieron como iniciativa de las comunidades.
Denunciaron, además, que Acevedo Vilá no convoca las reuniones del Consejo Asesor de las Comunidades Especiales, que según la Ley deben realizarse mensualmente, y que no ha nombrado a los cuatro representes de las comunidades que deben formar parte de este cuerpo.
También realizó el anuncio de las 26 nuevas comunidades que se añadirán al proyecto sin la presencia o participación de los líderes organizados. Tampoco asignó fondos para estas comunidades. Según ha trascendido, para estas comunidades se utilizará el dinero que generen los intereses del Fideicomiso.
“¿Con qué dinero se van a trabajar estas comunidades? Si no sabemos ni siquiera el desglose de los intereses devengados por el Fideicomiso”, preguntó Villanueva, quien teme que se desvíen fondos de los proyectos que ya están en marcha.
El Gobernador también tomó la decisión de nombrar al doctor José Vargas Vidot de Iniciativa Comunitaria, para encauzar el proyecto sin consultar a los líderes. “Desde el mismo principio ha habido un patrón de no participación ciudadana”, señaló Figueroa. Vargas Vidot dirige una organización de base comunitaria, pero no guarda vínculo alguno con el proyecto.
El proyecto de comunidades especiales tiene como eje la participación ciudadana, que exige que todos los asuntos que afecten el proyecto se discutan y se aprueben mediante consenso.
De igual forma, Villanueva y Figueroa cuestionaron las reuniones que el Mandatario tiene con líderes comunitarios que no conocen. Recalcaron que no existe comunicación entre el Ejecutivo y los líderes comunitarios. “Una de las mejores maneras de abandonar el proyecto es hacer que no funcione”, concluyó Figueroa.
Tags: Autogestion, Comunidades Especiales
End.cynthia.lopez@elnuevodia.com
Por Cynthia López Cabán
Para El Nuevo Día
Los líderes de las comunidades especiales exigieron al Gobierno que rinda cuentas sobre el estado de los proyectos de vivienda y de infraestructura del proyecto y que al presente parecen estar “en el limbo”.
Además, afirmaron que el Ejecutivo y el Legislativo continúan con su empeño de desmantelar este proyecto que persigue combatir la pobreza en el país.
José Figueroa y Jorge Oyola (segundo Plano); Foto de archivo, Periodico Claridad“Queremos saber qué está pasando con los proyectos de vivienda. Están paralizados, aunque muchos ya fueron subastados”, apuntó José Figueroa, portavoz de la Alianza de Líderes de las Comunidades Especiales, tras enumerar las gestiones que ha hecho para conseguir esta información.
Tampoco saben cómo se administra el Fideicomiso de $1,000 millones para las Comunidades Especiales.
“No existe información sobre ese dinero”, indicó Carmen Villanueva, portavoz de la Coalición de Líderes de San Juan.
En entrevista con El Nuevo Día, Villanueva y Figueroa plantearon además que el gobernador Aníbal Acevedo Vilá asume posturas que parecen apoyar el proyecto, pero que sus acciones laceran la integridad de esta iniciativa, que encabezó la lista de prioridades de la administración de la pasada gobernadora Sila M. Calderón.
Y todavía la Legislatura los tiene en la mirilla.
¿Los ejemplos? Faltan dedos de la mano para contar.
El Mandatario se estrenó en su gestión gubernamental enviando a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para limitar la participación de las comunidades en los procesos de expropiación de sus vecindarios. Esta medida, que favorecía a los alcaldes, encontró la férrea oposición de las comunidades.
Aunque el proyecto fue “descarrilado”, Villanueva y Figueroa temen que la propuesta reaparezca y, como ha pasado con otras medidas, que sea aprobada sigilosamente.
Además en los primeros meses del cuatrienio surgieron por lo menos ocho medidas para “fiscalizar” el proyecto, municipalizarlo y repartir el Fideicomiso de las Comunidades Especiales entre los alcaldes.
Este proyecto, que impulsa la autogestión, así como la organización y la participación ciudadana en los procesos del país, cuenta con una larga lista de detractores.
Legisladores como Jennifer González, quien preside una comisión cameral que investiga el uso de los $1,000 millones del fideicomiso, dijo públicamente que el proyecto es responsable “en parte” por el déficit gubernamental.
Villanueva y Figueroa, además, sostienen que la iniciativa languidece por la falta de asignación de fondos y la falta de “compromiso” del Gobernador, quien hace poco firmó una orden ejecutiva para pasarle a los alcaldes la administración de los centros recreativos y culturales construidos bajo esta iniciativa.
Actualmente algunos líderes elaboran un reglamento para la administración de estas instalaciones junto a la Oficina de Comunidades Especiales. Según Figueroa, el documento pondrá “trabas” para evitar que los alcaldes se queden con cientos de centros comunales y canchas que surgieron como iniciativa de las comunidades.
Denunciaron, además, que Acevedo Vilá no convoca las reuniones del Consejo Asesor de las Comunidades Especiales, que según la Ley deben realizarse mensualmente, y que no ha nombrado a los cuatro representes de las comunidades que deben formar parte de este cuerpo.
También realizó el anuncio de las 26 nuevas comunidades que se añadirán al proyecto sin la presencia o participación de los líderes organizados. Tampoco asignó fondos para estas comunidades. Según ha trascendido, para estas comunidades se utilizará el dinero que generen los intereses del Fideicomiso.
“¿Con qué dinero se van a trabajar estas comunidades? Si no sabemos ni siquiera el desglose de los intereses devengados por el Fideicomiso”, preguntó Villanueva, quien teme que se desvíen fondos de los proyectos que ya están en marcha.
El Gobernador también tomó la decisión de nombrar al doctor José Vargas Vidot de Iniciativa Comunitaria, para encauzar el proyecto sin consultar a los líderes. “Desde el mismo principio ha habido un patrón de no participación ciudadana”, señaló Figueroa. Vargas Vidot dirige una organización de base comunitaria, pero no guarda vínculo alguno con el proyecto.
El proyecto de comunidades especiales tiene como eje la participación ciudadana, que exige que todos los asuntos que afecten el proyecto se discutan y se aprueben mediante consenso.
De igual forma, Villanueva y Figueroa cuestionaron las reuniones que el Mandatario tiene con líderes comunitarios que no conocen. Recalcaron que no existe comunicación entre el Ejecutivo y los líderes comunitarios. “Una de las mejores maneras de abandonar el proyecto es hacer que no funcione”, concluyó Figueroa.
Tags: Autogestion, Comunidades Especiales
posted by Alianza de Lideres Comunitarios de Puerto Rico at 6:38 PM
