Hay pobreza en Puerto Rico porque hay mucha desigualdad
Cándida Cotto
CLARIDAD
ccotto@claridadpuertorico.com
(Primero de dos artículos)
Comunidad Los Filtros, Guaynabo
“Necesitamos conocer más de la municipalización, es ese proceso de darle más poder a los municipios, pero está chocando con la estrategia del trabajo comunitario y con la estrategia del desarrollo de comunidades especiales, ¿Por qué? Porque los municipios se quieren apoderar de los recursos y no quieren que las comunidades participen…”.
El Estudio sobre el Impacto del Proyecto de Comunidades Especiales (EIPCE), que dejó al descubierto la desigualdad y la pobreza que existen en nuestro país, también recogió la lucidez con que los moradores de las llamadas Comunidades Especiales reconocen el largo camino que todavía tienen por delante y las dificultades que enfrentan para que sus opiniones se tomen en cuenta.
El citado estudio que fue llevado a cabo por un equipo de investigadores de la UNESCO, dirigido por los doctores Bernardo Kliksberg (de nacionalidad argentina), Marcia Rivera, (conocida socióloga puertorriqueña), José Sulbrandt, Irene Novacovsky y Leonardo Caden, fue encomendado por la ex gobernadora Sila María Calderón. Los resultados de la larga investigación (que se realizó entre el 18 de noviembre de 2004 al 30 de junio de 2005) fueron presentados el jueves 8 y viernes 9 de diciembre ante líderes comunitarios, alcaldes, legisladores y medios de comunicación.
El proyecto de la Oficina de Comunidades Especiales (OCE), que fue la primera iniciativa de la ex gobernadora Sila María Calderón, en sus inicios fue visto con mucha suspicacia por sus críticos. Su establecimiento conllevó la creación de un Fideicomiso Perpetuo de mil millones de dólares para obras de infraestructura y viviendas en las 686 comunidades identificadas como especiales.
Profunda desigualdad
Las revelacio\nes del estudio del equipo de la UNESCO sobre el impacto del trabajo de la OCE y la situación de pobreza en el país son dos realidades que todos los sectores de la sociedad puertorriqueña deben reconocer. El análisis sobre la desigualdad que prevalece en múltiples aspectos en el país, desde la distribución de ingresos hasta el acceso al servicio de alcantarillado, plantea el asunto de la pobreza desde la nueva perspectiva de que hay pobreza porque hay desigualdad.
En Puerto Rico esa desigualdad, como indicó el EIPCE, es una “aguda y creciente”. De acuerdo a los expertos de la UNESCO, el coeficiente que mide la desigualdad en la distribución de ingresos (Gini) reflejó que en el 1999 el coeficiente de desigualdad de Puerto Rico era de 0.574, lo que superaba de forma amplia al de Estados Unidos, 0.476 (el más desigual entre los países desarrollados del mundo). Entre 17 países latinoamericanos, Puerto Rico ocupa el triste cuarto lugar de mayor desigualdad. El coeficiente de desigualdad de la Isla sólo es superado por el de Brasil, .607, primero en América Latina y uno de los más desiguales del mundo, Nicaragua, .603 y Paraguay (0.577).
Para apreciar esta desigualdad, el informe reflejó que mientras en Estados Unidos el 20% más rico recibe el 51.65% del ingreso nacional, en Puerto Rico el 20% más rico recibe el 59.9%. El 20% más pobre en Estados Unidos recibe el 3.4% mientras que en la Isla recibe el 1.7%.
Estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada de Brasil (IPEA) demostraron que el impacto del crecimiento económico sobre la pobreza es mínimo cuando hay altos niveles de desigualdad. Otro informe de fondo –citó el EIPCE- sobre la situación social del mundo que acaba de producir el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DAESONU) centrado en la inequidad planteó, entre otros asuntos, que “Las desigualdades en la distribución del ingreso y el acceso a recursos productivos, servicios sociales básicos, oportunidades, mercados e información, pueden causar y exacerbar la pobreza”. Es decir que ignorar la desigualdad y enfocarse de forma exclusiva en buscar el crecimiento económico para generar ingresos como estrategia de desarrollo, es inefectivo. El resultado será que la acumulación de riqueza será para unos pocos, es decir, para los que ya tienen.
Los funcionarios de la UNESCO apuntaron que Puerto Rico presenta una estructura social “altamente polarizada” y que el tema de la desigualdad debería ser discutido de forma explícita y de manera sistemática por la sociedad por las implicaciones que tiene para el país, para el diseño de políticas públicas y para la lucha contra la pobreza.
Economía formal e informal
Otra de las dimensiones de la desigualdad que identificó el estudio fue la configuración de dos economías muy disímiles, la formal y la informal. La ONU llamó la atención sobre este particular que: “La gran y creciente brecha entre la economía formal y la informal en muchas partes del mundo fortalece el caso por reducir la desigualdad. Aquellos que son parte de la economía formal generalmente se hallan entre ‘los que tienen’ en la sociedad, porque tienen mayor probabilidad de ganar salarios decentes, recibir beneficios vinculados con su trabajo, tener contratos de empleo seguros, y estar cubiertos por las leyes y regulaciones laborales. En contraste, aquellos en la economía informal están típicamente entre ‘los que no tienen’. Se hallan excluidos de diversas protecciones legales, y no pueden acceder a los beneficios básicos o disfrutar de los derechos fundamentales, otorgados a quienes están en la economía formal”.
En la isla, un estudio del Departamento del Trabajo de 2004 reflejó que la economía informal representa el 23.2% del producto interno bruto, cifra que ha ido creciendo desde el 1980 al 2002 a un ritmo de 3.3% anual, lo que a su vez supera el 2.1% del crecimiento del empleo total.
Las oportunidades de empleo son otro de los elementos en el análisis de la desigualdad. Se llamó la atención de que las desigualdades que generan los altos niveles de pobreza en el país “finalmente alcanzan, como está sucediendo en toda América Latina, al sistema educativo”. La deserción escolar en el país supera el 39% y se concentra en los grupos pobres. “Los niños tienden a desertar, entre otras razones, porque dadas las altas tasas de expectativas de consumo que persisten en la sociedad, desean trabajar cuanto antes para allegar algún ingreso”. Se reconoce que los varones pobres encuentran ese empleo en el trasiego de drogas. En el caso de las niñas pobres abandonan la escuela mayormente debido a embarazos precoces. Mientras, los sectores ricos y las clases medias la tendencia es a prolongar la escolaridad.
El informe especial sobre la desigualdad de la ONU consideró que incluso la “violencia es más común donde las desigualdades son mayores, y las tendencias sugieren que crecer en pobreza con frecuencia lleva a exclusión social, que puede contribuir a la criminalidad”.
“El cuadro social de Puerto Rico responde a estas características: pobreza y exclusión social, en una sociedad altamente polarizada”, indicó la UNESCO. Agregó que en nuestro caso esto es “sumamente agudo por cuanto desde muy temprano la Isla estuvo expuesta a una penetración muy grande de bienes de consumo”.
Según la experiencia mundial para reducir la criminalidad se deben aumentar las oportunidades de trabajo para los jóvenes, fortalecer la familia y mejorar los niveles educativos. Pero de forma paradójica todo esto está fuertemente obstaculizado por la desigualdad.
El Proyecto de Comunidades Especiales
“A través de sus acciones, el Proyecto de Comunidades Especiales ha permitido devolver sentido de orgullo y dignidad a las poblaciones empobrecidas, reconociéndoles su derecho a una mejor calidad de vida”.
Lo anterior es uno de los primeros señalamientos sobre los hallazgos y conclusiones del EIPCE que realizó el equipo de la UNESCO dirigido por el Dr. Bernardo Kliksberg. Estos sentimientos fueron constatados mediante entrevistas individuales, grupos focales y encuestas aplicadas a líderes y residentes. El documento reconoció que aunque no se logró resolver todos sus problemas, el “hecho de verse parte de las prioridades de política pública envió un mensaje fundamental de respeto a los derechos humanos y de que se busca crear un clima con igualdad de oportunidades para toda la población”.
Sobre el particular se recomendó como imprescindible que haya coherencia y consistencia de la política pública a fin de “poder cosechar plenamente los frutos de lo sembrado ya”.
Un elemento sobresaliente del trabajo de la OCE es la formación de nuevos líderes comunitarios. Prueba de ello son las dos iniciativas de agrupaciones de líderes comunitarios que se formaron en el proceso, la Coalición de Líderes de San Juan y la Alianza de Líderes Comunitarios, que los agrupa a todos. Ambos grupos citó el informe “han logrado superar escollos y dificultades… ha cambiado la naturaleza del liderato de las Comunidades Especiales; ya no prevalecen las comisiones políticas, ni los líderes religiosos, se están acabando los bandos”.
En ese aspecto se apuntó en el Informe Ejecutivo del EIPCE que el “proyecto de CE comenzó a potenciar la generación de un valioso capital social en las comunidades pobres de Puerto Rico”.
Pero como ya se ha expuesto, la situación de desigualdad y pobreza no puede resolverse en unos cuantos años. Los hallazgos reiteraron que la situación económica de las Comunidades Especiales sigue siendo muy deficitaria en múltiples aspectos. En el caso de la infraestructura, aunque significó mejoras importantes, los recursos aplicados siguen siendo muy inferiores a las necesidades. Muchos de otros problemas están fuera del alcance de los Proyectos con sus limitados fondos y están más vinculados a las políticas económicas generales, como la creación amplia de fuentes de trabajo, la universalización de la protección social y la mejora de la equidad. Todas medidas contrarias a las recomendadas para reducir la desigualdad.
En términos del funcionamiento de la OCE el grupo hizo una serie de recomendaciones específicas. Entre ellas sobresale que en las comunidades identificadas como especiales hay una gran cantidad de iniciativas económicas al margen de la ley pero que realizan actividades lícitas, como son talleres de costura, confección de comidas, talleres de mecánica de autos, manicuristas, reparación de equipos, entre otros. Ante esta dinámica se recomendó un programa de “transición” que incluya la extensión de permisos provisionales, que no se penalice a las personas por las faltas administrativas que pudieran haber cometido hasta ahora y se les acompañe en el proceso de consolidar y formalizar su negocio.
Otra recomendación es que la OCE ejerza liderato entre las agencias e instrumentalidades del ELA para guiarlas hacia un modelo de política socio-económica que permita sustituir la cultura de la dependencia por una cultura empresarial. Se sugirió que se gestione una directriz Ejecutiva para que convoque a todas las entidades públicas a que definan sus programas hacia ese objetivo. Reconoce que eso implica renegociar muchos programas con agencias federales.
Y por último plantearse una convocatoria ciudadana para organizar un “gran programa de voluntarios por la pobreza y la equidad social. No hay forma de costear la inmensa labor que supone bajar los niveles de pobreza y reducir el margen de desigualdad social tan grande que hay en Puerto Rico”.
El Fideicomiso de Comunidades Especiales
•Al 31 de mayo de 2005 el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales había obligado un total de $961 millones del total de mil millones que le fueron asignados para obras de vivienda y estructura comunitaria.
•Entre enero de 2001 a 31 de mayo de 2005 el Departamento de Transportación y Obras Públicas trabajó en 428 Comunidades Especiales con una inversión promedio de $600,000 dólares, en proyectos como acceso a calles y canchas comunales, entre otros. A esa fecha había 942 proyectos terminados, 768 en construcción y 130 en etapa de diseño.
•Para la misma fecha el Departamento de la Vivienda estimaba impactar un total de 12,703 unidades de vivienda en 239 Comunidades Especiales a través de toda la isla. De estas, 7,740 eran para rehabilitación, 4,963 de nueva construcción y otros 89 proyectos de infraestructura propuestos.
• En cuanto a Vivienda nueva, al 31 de mayo de 2005 el Departamento de la Vivienda tenía 557 viviendas terminadas y 852 en proceso, del total de 4,963 unidades que se propuso construir. Eso equivale al 28.4% del total. El otro 71.6% estaba en etapa de diseño, subasta o contratación.
CLARIDAD
ccotto@claridadpuertorico.com
(Primero de dos artículos)
Comunidad Los Filtros, Guaynabo“Necesitamos conocer más de la municipalización, es ese proceso de darle más poder a los municipios, pero está chocando con la estrategia del trabajo comunitario y con la estrategia del desarrollo de comunidades especiales, ¿Por qué? Porque los municipios se quieren apoderar de los recursos y no quieren que las comunidades participen…”.
El Estudio sobre el Impacto del Proyecto de Comunidades Especiales (EIPCE), que dejó al descubierto la desigualdad y la pobreza que existen en nuestro país, también recogió la lucidez con que los moradores de las llamadas Comunidades Especiales reconocen el largo camino que todavía tienen por delante y las dificultades que enfrentan para que sus opiniones se tomen en cuenta.
El citado estudio que fue llevado a cabo por un equipo de investigadores de la UNESCO, dirigido por los doctores Bernardo Kliksberg (de nacionalidad argentina), Marcia Rivera, (conocida socióloga puertorriqueña), José Sulbrandt, Irene Novacovsky y Leonardo Caden, fue encomendado por la ex gobernadora Sila María Calderón. Los resultados de la larga investigación (que se realizó entre el 18 de noviembre de 2004 al 30 de junio de 2005) fueron presentados el jueves 8 y viernes 9 de diciembre ante líderes comunitarios, alcaldes, legisladores y medios de comunicación.
El proyecto de la Oficina de Comunidades Especiales (OCE), que fue la primera iniciativa de la ex gobernadora Sila María Calderón, en sus inicios fue visto con mucha suspicacia por sus críticos. Su establecimiento conllevó la creación de un Fideicomiso Perpetuo de mil millones de dólares para obras de infraestructura y viviendas en las 686 comunidades identificadas como especiales.
Profunda desigualdad
Las revelacio\nes del estudio del equipo de la UNESCO sobre el impacto del trabajo de la OCE y la situación de pobreza en el país son dos realidades que todos los sectores de la sociedad puertorriqueña deben reconocer. El análisis sobre la desigualdad que prevalece en múltiples aspectos en el país, desde la distribución de ingresos hasta el acceso al servicio de alcantarillado, plantea el asunto de la pobreza desde la nueva perspectiva de que hay pobreza porque hay desigualdad.
En Puerto Rico esa desigualdad, como indicó el EIPCE, es una “aguda y creciente”. De acuerdo a los expertos de la UNESCO, el coeficiente que mide la desigualdad en la distribución de ingresos (Gini) reflejó que en el 1999 el coeficiente de desigualdad de Puerto Rico era de 0.574, lo que superaba de forma amplia al de Estados Unidos, 0.476 (el más desigual entre los países desarrollados del mundo). Entre 17 países latinoamericanos, Puerto Rico ocupa el triste cuarto lugar de mayor desigualdad. El coeficiente de desigualdad de la Isla sólo es superado por el de Brasil, .607, primero en América Latina y uno de los más desiguales del mundo, Nicaragua, .603 y Paraguay (0.577).
Para apreciar esta desigualdad, el informe reflejó que mientras en Estados Unidos el 20% más rico recibe el 51.65% del ingreso nacional, en Puerto Rico el 20% más rico recibe el 59.9%. El 20% más pobre en Estados Unidos recibe el 3.4% mientras que en la Isla recibe el 1.7%.
Estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada de Brasil (IPEA) demostraron que el impacto del crecimiento económico sobre la pobreza es mínimo cuando hay altos niveles de desigualdad. Otro informe de fondo –citó el EIPCE- sobre la situación social del mundo que acaba de producir el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DAESONU) centrado en la inequidad planteó, entre otros asuntos, que “Las desigualdades en la distribución del ingreso y el acceso a recursos productivos, servicios sociales básicos, oportunidades, mercados e información, pueden causar y exacerbar la pobreza”. Es decir que ignorar la desigualdad y enfocarse de forma exclusiva en buscar el crecimiento económico para generar ingresos como estrategia de desarrollo, es inefectivo. El resultado será que la acumulación de riqueza será para unos pocos, es decir, para los que ya tienen.
Los funcionarios de la UNESCO apuntaron que Puerto Rico presenta una estructura social “altamente polarizada” y que el tema de la desigualdad debería ser discutido de forma explícita y de manera sistemática por la sociedad por las implicaciones que tiene para el país, para el diseño de políticas públicas y para la lucha contra la pobreza.
Economía formal e informal
Otra de las dimensiones de la desigualdad que identificó el estudio fue la configuración de dos economías muy disímiles, la formal y la informal. La ONU llamó la atención sobre este particular que: “La gran y creciente brecha entre la economía formal y la informal en muchas partes del mundo fortalece el caso por reducir la desigualdad. Aquellos que son parte de la economía formal generalmente se hallan entre ‘los que tienen’ en la sociedad, porque tienen mayor probabilidad de ganar salarios decentes, recibir beneficios vinculados con su trabajo, tener contratos de empleo seguros, y estar cubiertos por las leyes y regulaciones laborales. En contraste, aquellos en la economía informal están típicamente entre ‘los que no tienen’. Se hallan excluidos de diversas protecciones legales, y no pueden acceder a los beneficios básicos o disfrutar de los derechos fundamentales, otorgados a quienes están en la economía formal”.
En la isla, un estudio del Departamento del Trabajo de 2004 reflejó que la economía informal representa el 23.2% del producto interno bruto, cifra que ha ido creciendo desde el 1980 al 2002 a un ritmo de 3.3% anual, lo que a su vez supera el 2.1% del crecimiento del empleo total.
Las oportunidades de empleo son otro de los elementos en el análisis de la desigualdad. Se llamó la atención de que las desigualdades que generan los altos niveles de pobreza en el país “finalmente alcanzan, como está sucediendo en toda América Latina, al sistema educativo”. La deserción escolar en el país supera el 39% y se concentra en los grupos pobres. “Los niños tienden a desertar, entre otras razones, porque dadas las altas tasas de expectativas de consumo que persisten en la sociedad, desean trabajar cuanto antes para allegar algún ingreso”. Se reconoce que los varones pobres encuentran ese empleo en el trasiego de drogas. En el caso de las niñas pobres abandonan la escuela mayormente debido a embarazos precoces. Mientras, los sectores ricos y las clases medias la tendencia es a prolongar la escolaridad.
El informe especial sobre la desigualdad de la ONU consideró que incluso la “violencia es más común donde las desigualdades son mayores, y las tendencias sugieren que crecer en pobreza con frecuencia lleva a exclusión social, que puede contribuir a la criminalidad”.
“El cuadro social de Puerto Rico responde a estas características: pobreza y exclusión social, en una sociedad altamente polarizada”, indicó la UNESCO. Agregó que en nuestro caso esto es “sumamente agudo por cuanto desde muy temprano la Isla estuvo expuesta a una penetración muy grande de bienes de consumo”.
Según la experiencia mundial para reducir la criminalidad se deben aumentar las oportunidades de trabajo para los jóvenes, fortalecer la familia y mejorar los niveles educativos. Pero de forma paradójica todo esto está fuertemente obstaculizado por la desigualdad.
El Proyecto de Comunidades Especiales
“A través de sus acciones, el Proyecto de Comunidades Especiales ha permitido devolver sentido de orgullo y dignidad a las poblaciones empobrecidas, reconociéndoles su derecho a una mejor calidad de vida”.
Lo anterior es uno de los primeros señalamientos sobre los hallazgos y conclusiones del EIPCE que realizó el equipo de la UNESCO dirigido por el Dr. Bernardo Kliksberg. Estos sentimientos fueron constatados mediante entrevistas individuales, grupos focales y encuestas aplicadas a líderes y residentes. El documento reconoció que aunque no se logró resolver todos sus problemas, el “hecho de verse parte de las prioridades de política pública envió un mensaje fundamental de respeto a los derechos humanos y de que se busca crear un clima con igualdad de oportunidades para toda la población”.
Sobre el particular se recomendó como imprescindible que haya coherencia y consistencia de la política pública a fin de “poder cosechar plenamente los frutos de lo sembrado ya”.
Un elemento sobresaliente del trabajo de la OCE es la formación de nuevos líderes comunitarios. Prueba de ello son las dos iniciativas de agrupaciones de líderes comunitarios que se formaron en el proceso, la Coalición de Líderes de San Juan y la Alianza de Líderes Comunitarios, que los agrupa a todos. Ambos grupos citó el informe “han logrado superar escollos y dificultades… ha cambiado la naturaleza del liderato de las Comunidades Especiales; ya no prevalecen las comisiones políticas, ni los líderes religiosos, se están acabando los bandos”.
En ese aspecto se apuntó en el Informe Ejecutivo del EIPCE que el “proyecto de CE comenzó a potenciar la generación de un valioso capital social en las comunidades pobres de Puerto Rico”.
Pero como ya se ha expuesto, la situación de desigualdad y pobreza no puede resolverse en unos cuantos años. Los hallazgos reiteraron que la situación económica de las Comunidades Especiales sigue siendo muy deficitaria en múltiples aspectos. En el caso de la infraestructura, aunque significó mejoras importantes, los recursos aplicados siguen siendo muy inferiores a las necesidades. Muchos de otros problemas están fuera del alcance de los Proyectos con sus limitados fondos y están más vinculados a las políticas económicas generales, como la creación amplia de fuentes de trabajo, la universalización de la protección social y la mejora de la equidad. Todas medidas contrarias a las recomendadas para reducir la desigualdad.
En términos del funcionamiento de la OCE el grupo hizo una serie de recomendaciones específicas. Entre ellas sobresale que en las comunidades identificadas como especiales hay una gran cantidad de iniciativas económicas al margen de la ley pero que realizan actividades lícitas, como son talleres de costura, confección de comidas, talleres de mecánica de autos, manicuristas, reparación de equipos, entre otros. Ante esta dinámica se recomendó un programa de “transición” que incluya la extensión de permisos provisionales, que no se penalice a las personas por las faltas administrativas que pudieran haber cometido hasta ahora y se les acompañe en el proceso de consolidar y formalizar su negocio.
Otra recomendación es que la OCE ejerza liderato entre las agencias e instrumentalidades del ELA para guiarlas hacia un modelo de política socio-económica que permita sustituir la cultura de la dependencia por una cultura empresarial. Se sugirió que se gestione una directriz Ejecutiva para que convoque a todas las entidades públicas a que definan sus programas hacia ese objetivo. Reconoce que eso implica renegociar muchos programas con agencias federales.
Y por último plantearse una convocatoria ciudadana para organizar un “gran programa de voluntarios por la pobreza y la equidad social. No hay forma de costear la inmensa labor que supone bajar los niveles de pobreza y reducir el margen de desigualdad social tan grande que hay en Puerto Rico”.
El Fideicomiso de Comunidades Especiales
•Al 31 de mayo de 2005 el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales había obligado un total de $961 millones del total de mil millones que le fueron asignados para obras de vivienda y estructura comunitaria.
•Entre enero de 2001 a 31 de mayo de 2005 el Departamento de Transportación y Obras Públicas trabajó en 428 Comunidades Especiales con una inversión promedio de $600,000 dólares, en proyectos como acceso a calles y canchas comunales, entre otros. A esa fecha había 942 proyectos terminados, 768 en construcción y 130 en etapa de diseño.
•Para la misma fecha el Departamento de la Vivienda estimaba impactar un total de 12,703 unidades de vivienda en 239 Comunidades Especiales a través de toda la isla. De estas, 7,740 eran para rehabilitación, 4,963 de nueva construcción y otros 89 proyectos de infraestructura propuestos.
• En cuanto a Vivienda nueva, al 31 de mayo de 2005 el Departamento de la Vivienda tenía 557 viviendas terminadas y 852 en proceso, del total de 4,963 unidades que se propuso construir. Eso equivale al 28.4% del total. El otro 71.6% estaba en etapa de diseño, subasta o contratación.
posted by Alianza de Lideres Comunitarios de Puerto Rico at 5:23 PM
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