Líderes comunitarios, Sin marcha atrás la organización y educación comunitaria
Cándida Cotto
CLARIDAD
ccotto@claridadpuertorico.com
“Esto es una semilla que se sembró y no importa el gobierno que venga, esa semilla va a seguir creciendo, esa semilla va a germinar, esa semilla está germinando, eso es un proceso que ya comenzó y que tarde o temprano va a rendir frutos”.
Los miembros de la Alianza de Líderes Comunitarios (ALC) están seguros de que el movimiento de organización de sus comunidades es uno irreversible, no importa que otros sectores de la sociedad lo vean con recelos. Junto a esa determinación, la ALC, que nació al amparo del proyecto de la Oficina de Comunidades Especiales (OCE), está firme en procurar que la OCE no se convierta en una agencia más del gobierno y que cumpla con los propósitos para los cuales fue creada.
Los portavoces de la ALC, José Figueroa Pesquera, de la comunidad Toro Negro en Ciales, Jorge Oyola, de Los Filtros en Guaynabo y Wilfredo López Montañez, de Sonadora en Aguas Buenas, conversaron con CLARIDAD sobre ambos aspectos.
Los líderes comentaron que antes de la OCE existía algún grado de organización en sus respectivas comunidades, pero reconocieron que no era una organización formal como la que viabilizó la mencionada oficina. Esto es así ya que muchas de las comunidades tienen años de establecidas. Figueroa Pesquera dijo que Toro Negro tiene ya 100 años de establecida. De la comunidad de Sonadora, en Aguas Buenas, López Montañez señaló que desde 1994 tenían un grupo de trabajo pero “no fue hasta que nos integramos al proyecto de la OCE que le dimos el contenido que el proceso de organización nuestro no había tenido, una visión clara de lo que era la autogestión y apoderamiento comunitario que fueron conceptos que se dieron a través del trabajo de capacitación de la Oficina”.
El portavoz de Los Filtros de Guaynabo reafirmó que “yo creo que casi todas las comunidades, en una u otra forma, estaban organizadas pero vino a coger más fuerza cuando los líderes comenzamos a coger una capacitación para tener unas herramientas adicionales y poder crear conciencia más allá de la comunidad. Llevar la organización a su incorporación al Departamento de Estado ha sido un complemento que le ha dado fuerza a esto”.
La organización en Los Filtros reviste suma importancia porque tuvo que enfrentar el año pasado la amenaza de expropiación por parte del Municipio Autónomo de Guaynabo. “Tenemos la peculiaridad de estar rodeada de las urbanizaciones más costosas que tiene el Área metro, pero seguimos siendo una comunidad rural que mantiene intacto su clima de campo”.
Agregaron que muchas otras comunidades estaban en etapas incipientes de organización, otras realizaban trabajos deportivos, pero dentro del marco que establece la ley 1 es cuando de verdad coge un contenido de grandes proporciones el surgimiento de las comunidades y la organización comunitaria.
López Montañez describió el proceso: “Consideramos que ha sido un avance bien significativo que ha fortalecido ese polo de la sociedad puertorriqueña en el sentido de que es la primera vez que se reconoce la existencia, el trabajo, el compromiso y la dedicación de cientos de líderes insertados en los problemas sociales de nuestras comunidades”.
¿Cuáles son las situaciones que han podido resolver o atender con ellas de una manera más efectiva luego de esa organización?
“Entendemos que uno de los logros mayores ha sido capacitar a esas comunidades, a los líderes, para que a través de la capacitación comunitaria puedan resolver los distintos problemas que tiene su comunidad”, apuntó Figueroa Pesquera. El establecimiento del Fideicomiso fue reconocido como un factor importante que viabilizó el que varias comunidades realizaran los proyectos que ya ellas habían identificado entre sus necesidades.
“Pero más importante que eso es el desarrollo de la organización de las comunidades porque los problemas surgen día a día. Puede ser que haya un problema hoy, pero puede surgir otro de aquí a dos meses y si la comunidad está organizada y capacitada para autogestionar la solución de sus problemas, eso es algo que no se pierde. Eso es una ganancia que está ahí, que a veces no se ve, porque la obra física se ve, pero ese trabajo de conciencia de que la comunidad entienda que tiene la capacidad de ir más allá de lo que el gobierno le traiga y de sentarse a esperar, sino que decide que necesita algo y va a buscarlo, lo decide, lo trabaja y lo logra. En ese sentido, para nosotros ése ha sido el mayor logro”, manifestó.
En esa misma línea Jorge Oyola reiteró: “el trabajo que estamos haciendo en las comunidades es sin ganar un centavo pero lo estamos cogiendo bien en serio, con un norte para cambiar aquella forma de vida de que todo era disparado por el Gobierno o por el municipio. Parte muy importante es el sentido de pertenencia que tienen ahora las comunidades de que ya no son problemas aislados, sino que son problemas de todos y entre todos estamos haciendo la fuerza para que todas estas actitudes y cambios lleguen”.
López Montañez lo describió como: “Ha habido un despertar de la comunidad de asumir un rol más activo en la identificación de los problemas y poderlos enfrentar. El hecho de que haya habido un programa de capacitación de líderes y a la misma vez un fideicomiso asignado para esas comunidades de proyectos específicos le da un contenido a ese proceso de fortalecimiento de la organización comunitaria, un contenido jamás visto en Puerto Rico. Lo más cercano es el Programa de Educación a la Comunidad en la década de los 50”.
De forma delicada pero clara, los portavoces de la Alianza reconocieron que el cambio de Gobierno trajo un estancamiento en el trabajo de la OCE y que su existencia está bajo amenaza.
Oyola apuntó que en efecto se han dado cambios en la OCE ya que el programa que inició la ex gobernadora Sila María Calderón comenzó con un compromiso en todas sus áreas. En cambio –denunció- en el primer año del actual gobierno “tal vez tenía una visión distinta. Nosotros creemos y entendemos que el compromiso lo hay, pero no se veía el empuje que hace falta para que las cosas continúen en donde se tomaron. O sea, ya hay un trabajo hecho que entendemos que lo que hay es que continuarlo, que hay que hacer algunos ajustes, estamos de acuerdo pero también entendemos que es injusto que un trabajo que se ha hecho, darle unos cambios muy drásticos sería un retroceso al trabajo”.
Los entrevistados denunciaron que hay tres proyectos engavetados en la Legislatura que amenazan la existencia de la OCE. El primero de estos proyectos provino de la misma Fortaleza. Este fue a comienzos de enero de 2005, un proyecto dirigido a cambiar la Ley 232 que les exige a los gobiernos municipales llevar a cabo un proceso de consulta en donde el 75% de una comunidad identificada como “especial” apruebe un proceso de desalojo.
El segundo proyecto buscaba eliminar la agencia y convertirla en una de apoyo a los alcaldes y el tercero repartir el fondo de mil millones entre los municipios. Los proyectos –denunciaron- son impulsados tanto por la Asociación como por la Federación de Alcaldes. La primera entidad acoge a los del PPD y la segunda a los del PNP. Las motivaciones para pretender los semejantes cambios son obvias el miedo a la organización de base, el querer implantar sus políticas partidistas y tomar el dinero del Fideicomiso. Sobre los proyectos y el curso del año que acaba de concluir, Figueroa Pesquera evaluó: “Los proyectos están engavetados, no descartamos que un día por la noche vengan, los saquen y los aprueben, pero sobre los hombros de los líderes comunitarios de este país está no permitir que estas cosas se hagan”.
Agregó: “Los ajustes traen atraso, ha habido un año donde la oficina ha tratado de encaminarse pero obviamente no ha habido el mismo compromiso, el mismo esfuerzo del gobierno central para impulsar el desarrollo de la organización comunitaria. Nosotros tenemos la esperanza de que en estos próximos años se encamine todo este esfuerzo para que todas las comunidades se organicen y conozcan la capacidad que tienen para resolver sus problemas y establecer sus prioridades”.
Advirtió que como portavoces de la Alianza, en sus visitas a las comunidades han destacado el mensaje de que no pueden sentarse a esperar a que el gobierno enfoque este programa hacia donde entienden lo debe enfocar. “Nosotros tenemos el compromiso, responsabilidad y obligación de participar dentro de esas estructuras para que se encamine ese programa dirigido a los intereses de las comunidades. O sea, a que no es sentarnos a ver si en estos próximos años el Gobierno lo va a encaminar o no. Estamos haciendo el trabajo para que el liderato de las comunidades lo encaminemos como entendemos se debe encaminar”.
Entre sus gestiones –dijeron- “por lo menos hasta ahora” hay un compromiso por parte de la OCE de que se nombre un comité asesor compuesto por líderes comunitarios. En cuanto al Gobernador se supone que hubo un compromiso antes de las elecciones para que aumente la participación de los líderes comunitarios en la Junta Asesora de la OCE.
“Nosotros estamos haciendo presión para que esa Junta se siga reuniendo como debe, como lo manda la ley y que además el Gobernador cumpla su compromiso de ampliar la cantidad de integrantes en esa junta de líderes comunitarios”. En la Junta hay representación de jefes de agencias, el Primer Ejecutivo, que es quien preside y sólo dos representantes comunitarios.
“Independientemente de las motivaciones que pueda tener el gobierno para el programa, nosotros entendemos que el desarrollo comunitario, la autogestión y el apoderamiento, son una propuesta al país para resolver los problemas sociales y nosotros tenemos que lograr que este programa, que impulsa el desarrollo comunitario, se mantenga, se fortalezca y se amplíe. Las motivaciones que pueda tener el gobierno es su asunto. Nosotros lo que queremos lograr es que se fortalezca porque después de todo, logre lo que se logre, va a ser independiente a las motivaciones partidistas que se puedan tener. Así es que en ese sentido, lo que quiero decir es que la importancia de mantener ese proyecto, fortalecerlo, es independiente a la motivación que pueda tener el gobierno, el Gobernador, sus asesores o quien sea”, manifestó enfático Figueroa Pesquera, con el aval de sus compañeros.
Las amenazas de desalojos
El trío describió que el desahucio o desalojo, es “la manifestación más clara de la injusticia que se comete hoy”, contra las comunidades pobres del país, estén identificadas o no como “comunidades especiales”, o lo que algunos llaman comunidades tradicionales. Ahora mismo –dijeron- hay comunidades que no están identificadas como “comunidades especiales”, las cuales están sujetas a expropiación, por lo que añadieron que el beneficio de la Ley 232 debería ser extendido a todas las comunidades incluyendo los residenciales públicos.
Oyola recordó parte del proceso que vivió su comunidad de Los Filtros. “Somos una comunidad que tiene sobre 90 años en 12 cuerdas de terrenos, ubicada en un sector bien privilegiado. Ahí es que uno empieza a ver que estas comunidades están más propensas a la expropiación”. A los esfuerzos de esa comunidad se debió la ley 232. De hecho, la única reunión que tuvieron el año pasado con el Gobernador fue para persuadirlo de los cambios que se pretendió hacer de esta ley.
“Fue un trabajo de año y medio peleando en la Legislatura. Aunque fue aprobada, fue aprobada el último día, a última hora en la Cámara y Senado y fue firmada el último día por la Gobernadora y tan temprano como empezando el cuatrienio, la Federación y la Asociación de Alcaldes se unieron para tratar de cambiarla”, relató.
Otro de los problemas mayores que enfrentan las comunidades son los proyectos de infraestructura, específicamente los de vivienda. Pese a que la División de la Administración y Desarrollo de Mejoras a Vivienda del Departamento de la Vivienda tiene la encomienda de llevar a cabo lo más pronto posible los proyectos de infraestructura de las comunidades, hay unos problemas “inmensos” que han hecho que se atrasen.
“Por otro lado nosotros entendemos que parte del problema que enfrentan las comunidades con los proyectos de infraestructura se debe a la falta de capacitación. Falta mucha capacitación y educación en las comunidades para que aprendan a manejar las dificultades de atrasos en los proyectos y que aprendan a insertarse en los procesos de los proyectos”, reiteró el residente de Toro Negro, en Ciales.
El grupo identificó a los alcaldes como los mayores opositores al resurgimiento de la organización de las comunidades. “Los alcaldes, en especial los de los de los municipios autónomos, no ven con buenos ojos la organización de las comunidades. A eso se suma que las agencias de gobierno no tenían la sabiduría, la química que se necesita para bregar con este asunto”, indicó el vecino de Los Filtros.
Esa actitud de ignorancia está presente en el esquema económico del actual gobierno. Denunciaron que en la única reunión que han tenido con asesores del Gobernador, el grupo les planteó que la visión del gobierno del llamado “triángulo del éxito”, cuando hablan de economía, deja fuera a las comunidades. “Hay gente que tiene miedo a esto, que le tiene mala espina. No pueden seguir viéndolo así porque nosotros tenemos un compromiso también con este país”, expresó López Montañez.
Ante los recelos de los alcaldes, las inclinaciones del Ejecutivo por eliminar el programa, y sacar la política pública de organización de las comunidades que estableció la ley que viabilizó la OCE, los líderes comunitarios de la Alianza reiteraron su determinación de continuar el camino ya iniciado: “Vamos a estar vigilantes para que las comunidades y la OCE lleven a cabo su trabajo. Esto se tiene que continuar, si nosotros permitimos que este proyecto desaparezca nos podemos olvidar de que en los próximos 30 años un gobierno tome la iniciativa de hacer esto”, reafirmó el grupo.
CLARIDAD
ccotto@claridadpuertorico.com
“Esto es una semilla que se sembró y no importa el gobierno que venga, esa semilla va a seguir creciendo, esa semilla va a germinar, esa semilla está germinando, eso es un proceso que ya comenzó y que tarde o temprano va a rendir frutos”.
Los miembros de la Alianza de Líderes Comunitarios (ALC) están seguros de que el movimiento de organización de sus comunidades es uno irreversible, no importa que otros sectores de la sociedad lo vean con recelos. Junto a esa determinación, la ALC, que nació al amparo del proyecto de la Oficina de Comunidades Especiales (OCE), está firme en procurar que la OCE no se convierta en una agencia más del gobierno y que cumpla con los propósitos para los cuales fue creada.
Los portavoces de la ALC, José Figueroa Pesquera, de la comunidad Toro Negro en Ciales, Jorge Oyola, de Los Filtros en Guaynabo y Wilfredo López Montañez, de Sonadora en Aguas Buenas, conversaron con CLARIDAD sobre ambos aspectos.
Los líderes comentaron que antes de la OCE existía algún grado de organización en sus respectivas comunidades, pero reconocieron que no era una organización formal como la que viabilizó la mencionada oficina. Esto es así ya que muchas de las comunidades tienen años de establecidas. Figueroa Pesquera dijo que Toro Negro tiene ya 100 años de establecida. De la comunidad de Sonadora, en Aguas Buenas, López Montañez señaló que desde 1994 tenían un grupo de trabajo pero “no fue hasta que nos integramos al proyecto de la OCE que le dimos el contenido que el proceso de organización nuestro no había tenido, una visión clara de lo que era la autogestión y apoderamiento comunitario que fueron conceptos que se dieron a través del trabajo de capacitación de la Oficina”.
El portavoz de Los Filtros de Guaynabo reafirmó que “yo creo que casi todas las comunidades, en una u otra forma, estaban organizadas pero vino a coger más fuerza cuando los líderes comenzamos a coger una capacitación para tener unas herramientas adicionales y poder crear conciencia más allá de la comunidad. Llevar la organización a su incorporación al Departamento de Estado ha sido un complemento que le ha dado fuerza a esto”.
La organización en Los Filtros reviste suma importancia porque tuvo que enfrentar el año pasado la amenaza de expropiación por parte del Municipio Autónomo de Guaynabo. “Tenemos la peculiaridad de estar rodeada de las urbanizaciones más costosas que tiene el Área metro, pero seguimos siendo una comunidad rural que mantiene intacto su clima de campo”.
Agregaron que muchas otras comunidades estaban en etapas incipientes de organización, otras realizaban trabajos deportivos, pero dentro del marco que establece la ley 1 es cuando de verdad coge un contenido de grandes proporciones el surgimiento de las comunidades y la organización comunitaria.
López Montañez describió el proceso: “Consideramos que ha sido un avance bien significativo que ha fortalecido ese polo de la sociedad puertorriqueña en el sentido de que es la primera vez que se reconoce la existencia, el trabajo, el compromiso y la dedicación de cientos de líderes insertados en los problemas sociales de nuestras comunidades”.
¿Cuáles son las situaciones que han podido resolver o atender con ellas de una manera más efectiva luego de esa organización?
“Entendemos que uno de los logros mayores ha sido capacitar a esas comunidades, a los líderes, para que a través de la capacitación comunitaria puedan resolver los distintos problemas que tiene su comunidad”, apuntó Figueroa Pesquera. El establecimiento del Fideicomiso fue reconocido como un factor importante que viabilizó el que varias comunidades realizaran los proyectos que ya ellas habían identificado entre sus necesidades.
“Pero más importante que eso es el desarrollo de la organización de las comunidades porque los problemas surgen día a día. Puede ser que haya un problema hoy, pero puede surgir otro de aquí a dos meses y si la comunidad está organizada y capacitada para autogestionar la solución de sus problemas, eso es algo que no se pierde. Eso es una ganancia que está ahí, que a veces no se ve, porque la obra física se ve, pero ese trabajo de conciencia de que la comunidad entienda que tiene la capacidad de ir más allá de lo que el gobierno le traiga y de sentarse a esperar, sino que decide que necesita algo y va a buscarlo, lo decide, lo trabaja y lo logra. En ese sentido, para nosotros ése ha sido el mayor logro”, manifestó.
En esa misma línea Jorge Oyola reiteró: “el trabajo que estamos haciendo en las comunidades es sin ganar un centavo pero lo estamos cogiendo bien en serio, con un norte para cambiar aquella forma de vida de que todo era disparado por el Gobierno o por el municipio. Parte muy importante es el sentido de pertenencia que tienen ahora las comunidades de que ya no son problemas aislados, sino que son problemas de todos y entre todos estamos haciendo la fuerza para que todas estas actitudes y cambios lleguen”.
López Montañez lo describió como: “Ha habido un despertar de la comunidad de asumir un rol más activo en la identificación de los problemas y poderlos enfrentar. El hecho de que haya habido un programa de capacitación de líderes y a la misma vez un fideicomiso asignado para esas comunidades de proyectos específicos le da un contenido a ese proceso de fortalecimiento de la organización comunitaria, un contenido jamás visto en Puerto Rico. Lo más cercano es el Programa de Educación a la Comunidad en la década de los 50”.
De forma delicada pero clara, los portavoces de la Alianza reconocieron que el cambio de Gobierno trajo un estancamiento en el trabajo de la OCE y que su existencia está bajo amenaza.
Oyola apuntó que en efecto se han dado cambios en la OCE ya que el programa que inició la ex gobernadora Sila María Calderón comenzó con un compromiso en todas sus áreas. En cambio –denunció- en el primer año del actual gobierno “tal vez tenía una visión distinta. Nosotros creemos y entendemos que el compromiso lo hay, pero no se veía el empuje que hace falta para que las cosas continúen en donde se tomaron. O sea, ya hay un trabajo hecho que entendemos que lo que hay es que continuarlo, que hay que hacer algunos ajustes, estamos de acuerdo pero también entendemos que es injusto que un trabajo que se ha hecho, darle unos cambios muy drásticos sería un retroceso al trabajo”.
Los entrevistados denunciaron que hay tres proyectos engavetados en la Legislatura que amenazan la existencia de la OCE. El primero de estos proyectos provino de la misma Fortaleza. Este fue a comienzos de enero de 2005, un proyecto dirigido a cambiar la Ley 232 que les exige a los gobiernos municipales llevar a cabo un proceso de consulta en donde el 75% de una comunidad identificada como “especial” apruebe un proceso de desalojo.
El segundo proyecto buscaba eliminar la agencia y convertirla en una de apoyo a los alcaldes y el tercero repartir el fondo de mil millones entre los municipios. Los proyectos –denunciaron- son impulsados tanto por la Asociación como por la Federación de Alcaldes. La primera entidad acoge a los del PPD y la segunda a los del PNP. Las motivaciones para pretender los semejantes cambios son obvias el miedo a la organización de base, el querer implantar sus políticas partidistas y tomar el dinero del Fideicomiso. Sobre los proyectos y el curso del año que acaba de concluir, Figueroa Pesquera evaluó: “Los proyectos están engavetados, no descartamos que un día por la noche vengan, los saquen y los aprueben, pero sobre los hombros de los líderes comunitarios de este país está no permitir que estas cosas se hagan”.
Agregó: “Los ajustes traen atraso, ha habido un año donde la oficina ha tratado de encaminarse pero obviamente no ha habido el mismo compromiso, el mismo esfuerzo del gobierno central para impulsar el desarrollo de la organización comunitaria. Nosotros tenemos la esperanza de que en estos próximos años se encamine todo este esfuerzo para que todas las comunidades se organicen y conozcan la capacidad que tienen para resolver sus problemas y establecer sus prioridades”.
Advirtió que como portavoces de la Alianza, en sus visitas a las comunidades han destacado el mensaje de que no pueden sentarse a esperar a que el gobierno enfoque este programa hacia donde entienden lo debe enfocar. “Nosotros tenemos el compromiso, responsabilidad y obligación de participar dentro de esas estructuras para que se encamine ese programa dirigido a los intereses de las comunidades. O sea, a que no es sentarnos a ver si en estos próximos años el Gobierno lo va a encaminar o no. Estamos haciendo el trabajo para que el liderato de las comunidades lo encaminemos como entendemos se debe encaminar”.
Entre sus gestiones –dijeron- “por lo menos hasta ahora” hay un compromiso por parte de la OCE de que se nombre un comité asesor compuesto por líderes comunitarios. En cuanto al Gobernador se supone que hubo un compromiso antes de las elecciones para que aumente la participación de los líderes comunitarios en la Junta Asesora de la OCE.
“Nosotros estamos haciendo presión para que esa Junta se siga reuniendo como debe, como lo manda la ley y que además el Gobernador cumpla su compromiso de ampliar la cantidad de integrantes en esa junta de líderes comunitarios”. En la Junta hay representación de jefes de agencias, el Primer Ejecutivo, que es quien preside y sólo dos representantes comunitarios.
“Independientemente de las motivaciones que pueda tener el gobierno para el programa, nosotros entendemos que el desarrollo comunitario, la autogestión y el apoderamiento, son una propuesta al país para resolver los problemas sociales y nosotros tenemos que lograr que este programa, que impulsa el desarrollo comunitario, se mantenga, se fortalezca y se amplíe. Las motivaciones que pueda tener el gobierno es su asunto. Nosotros lo que queremos lograr es que se fortalezca porque después de todo, logre lo que se logre, va a ser independiente a las motivaciones partidistas que se puedan tener. Así es que en ese sentido, lo que quiero decir es que la importancia de mantener ese proyecto, fortalecerlo, es independiente a la motivación que pueda tener el gobierno, el Gobernador, sus asesores o quien sea”, manifestó enfático Figueroa Pesquera, con el aval de sus compañeros.
Las amenazas de desalojos
El trío describió que el desahucio o desalojo, es “la manifestación más clara de la injusticia que se comete hoy”, contra las comunidades pobres del país, estén identificadas o no como “comunidades especiales”, o lo que algunos llaman comunidades tradicionales. Ahora mismo –dijeron- hay comunidades que no están identificadas como “comunidades especiales”, las cuales están sujetas a expropiación, por lo que añadieron que el beneficio de la Ley 232 debería ser extendido a todas las comunidades incluyendo los residenciales públicos.
Oyola recordó parte del proceso que vivió su comunidad de Los Filtros. “Somos una comunidad que tiene sobre 90 años en 12 cuerdas de terrenos, ubicada en un sector bien privilegiado. Ahí es que uno empieza a ver que estas comunidades están más propensas a la expropiación”. A los esfuerzos de esa comunidad se debió la ley 232. De hecho, la única reunión que tuvieron el año pasado con el Gobernador fue para persuadirlo de los cambios que se pretendió hacer de esta ley.
“Fue un trabajo de año y medio peleando en la Legislatura. Aunque fue aprobada, fue aprobada el último día, a última hora en la Cámara y Senado y fue firmada el último día por la Gobernadora y tan temprano como empezando el cuatrienio, la Federación y la Asociación de Alcaldes se unieron para tratar de cambiarla”, relató.
Otro de los problemas mayores que enfrentan las comunidades son los proyectos de infraestructura, específicamente los de vivienda. Pese a que la División de la Administración y Desarrollo de Mejoras a Vivienda del Departamento de la Vivienda tiene la encomienda de llevar a cabo lo más pronto posible los proyectos de infraestructura de las comunidades, hay unos problemas “inmensos” que han hecho que se atrasen.
“Por otro lado nosotros entendemos que parte del problema que enfrentan las comunidades con los proyectos de infraestructura se debe a la falta de capacitación. Falta mucha capacitación y educación en las comunidades para que aprendan a manejar las dificultades de atrasos en los proyectos y que aprendan a insertarse en los procesos de los proyectos”, reiteró el residente de Toro Negro, en Ciales.
El grupo identificó a los alcaldes como los mayores opositores al resurgimiento de la organización de las comunidades. “Los alcaldes, en especial los de los de los municipios autónomos, no ven con buenos ojos la organización de las comunidades. A eso se suma que las agencias de gobierno no tenían la sabiduría, la química que se necesita para bregar con este asunto”, indicó el vecino de Los Filtros.
Esa actitud de ignorancia está presente en el esquema económico del actual gobierno. Denunciaron que en la única reunión que han tenido con asesores del Gobernador, el grupo les planteó que la visión del gobierno del llamado “triángulo del éxito”, cuando hablan de economía, deja fuera a las comunidades. “Hay gente que tiene miedo a esto, que le tiene mala espina. No pueden seguir viéndolo así porque nosotros tenemos un compromiso también con este país”, expresó López Montañez.
Ante los recelos de los alcaldes, las inclinaciones del Ejecutivo por eliminar el programa, y sacar la política pública de organización de las comunidades que estableció la ley que viabilizó la OCE, los líderes comunitarios de la Alianza reiteraron su determinación de continuar el camino ya iniciado: “Vamos a estar vigilantes para que las comunidades y la OCE lleven a cabo su trabajo. Esto se tiene que continuar, si nosotros permitimos que este proyecto desaparezca nos podemos olvidar de que en los próximos 30 años un gobierno tome la iniciativa de hacer esto”, reafirmó el grupo.
posted by Alianza de Lideres Comunitarios de Puerto Rico at 2:43 PM
